Remero compra un piso en vallecas por mas de 200.000 euros y a los cuatro años se llena el edificio de etnianos okupas

127.000€ de hipoteca, un edificio tomado y ninguna salida​

Ramón compró un piso en Vallecas por más de 200.000 euros. Cuatro años después, el edificio en el que vive se ha llenado de ocupas y él sigue atado a un préstamo del que aún le quedan 127.000 euros. Ya ha desembolsado 85.000. «Estoy prisionero en mi propia casa y atado de por vida a una hipoteca que me encadena como una condena», resume. Otros propietarios han relatado casos parecidos en el mismo debate.

El relato que él mismo deja por escrito tiene tres patas. La primera es patrimonial: una vivienda comprada hace años con financiación ajena. La segunda es vecinal: un inmueble que, según su versión, funciona sin normas desde hace tiempo. La tercera es personal: funcionario, hipoteca firmada con un banco distinto al que hoy controla el edificio y ninguna intención de impagar. Esa combinación —la última sobre todo— le cierra casi todas las puertas.

Un edificio que pasó de promotora quebrada a ley de la jungla​

El inmueble no siempre fue así. Perteneció a una promotora que quebró en 2014 y cuya cartera acabó en manos de Servihabitat, la sociedad inmobiliaria vinculada a CaixaBank. Cuando la propiedad cambió de manos, los inquilinos que pagaban dejaron de hacerlo y el bloque empezó a llenarse de ocupantes. «Lo asumió Servihabitat y desde entonces es la ley de la jungla», describe Ramón.

Lo que cuenta a continuación es su testimonio, no una estadística: trapicheo, peleas con armas blancas, música a todo trapo, veranos con las ventanas cerradas. Situaciones parecidas se repiten en los relatos de otros propietarios que aseguran vivir escenas similares en bloques de la periferia madrileña. La conclusión que comparten es la misma: quien ha comprado y no puede marcharse queda atrapado entre su hipoteca y su vecindario.

¿Por qué no vende el piso y se va?​

Porque vender no necesariamente le libera. Si el precio de mercado no cubre lo que le queda por pagar, tendría que poner dinero de su bolsillo, entregar la vivienda y quedarse sin nada. Ese es el escenario que resume con más crudeza un cálculo planteado a propósito del caso, y que parte de una cifra concreta: una tasación de 212.000 euros frente a los 127.000 pendientes. Sobre el papel, la venta cubriría la deuda.

Sobre el papel. En la práctica, Ramón sostiene que no puede desvincularse del préstamo con las condiciones actuales, que su entidad no le ofrece una salida y que Servihabitat tampoco está por la labor. Impagar, dice, no es una opción: es funcionario y las consecuencias recaerían directamente sobre su nómina. Ahí se rompe la lógica de vende y vete.

La permuta con Servihabitat: la única salida que contempla​

La solución que él mismo plantea es un intercambio. Pide a Servihabitat una permuta por otro de los pisos que la sociedad tiene en otras zonas de Madrid, aunque tenga que poner dinero encima. La respuesta, hasta donde él relata, es que CaixaBank no quiere comprarle la hipoteca ni permutar con esas condiciones. Al mismo tiempo, según su versión, la inmobiliaria ha legalizado a varios de los ocupantes del edificio: la irregularidad se convierte en contrato mientras el propietario original sigue pagando la cuota.

Hay una lectura menos amable que también aparece en el retrato del caso: que el problema no es solo la ocupación, sino un marco legal que la hace soportable para quien entra y ruinosa para quien compró. Tiempos de desalojo, costes judiciales, años de litigio para recuperar la posesión. En una cadena así, el propietario endeudado ocupa el eslabón más débil.

Del caso concreto al retrato generacional​

Alrededor del piso de Vallecas se ha formado una discusión que trasciende el caso. Una parte del análisis lo trata como ejemplo de por qué mucha gente no se atreve a comprar: si estás alquilado, te marchas; si estás hipotecado, no. Otra corriente lo lleva al terreno electoral y sostiene que el marco que permite estas situaciones responde a decisiones políticas concretas. Y hay quien insiste en que el problema es la ocupación ilegal, con independencia de quién la cometa.

Ese último punto es el que más roza el límite. Una parte del análisis derivó en generalizaciones sobre un colectivo por su origen, un marco que este texto no reproduce. El hecho comprobable es otro: un edificio donde la propiedad privada y la convivencia se han deteriorado, y un propietario que paga religiosamente cada mes.

El dato que descoloca​

Con el cálculo que se lanza en el hilo —212.000 euros de tasación frente a 127.000 de hipoteca pendiente—, cualquier hoja de cálculo ofrece una salida limpia. Y sin embargo el propietario sigue allí, sin vender, sin permuta y sin que nadie le compre el préstamo. «O resuelvo este problema o se me escapa la vida. Ya no puedo aguantar más», dice. La aritmética cuadra. La realidad, no.