Rentabilizar cableado ilegal de reaccionariodas. Lonchafinismo.

Cobrar peaje por la canalización de fibra: la guerra vecinal​

Un propietario pagó 300 euros de su bolsillo por una canalización subterránea hace una década. Cuando los operadores empezaron a colgar fibra por su fachada sin permiso escrito, decidió que ya estaba bien. La respuesta del sector fue la esperada: silencio administrativo y una cizalla como argumento final. El episodio, que arranca con una denuncia vecinal y termina con la policía municipal de por medio, resume un conflicto que se repite en miles de calles: quién paga la infraestructura y quién se lleva el beneficio.

Qué dice la ley sobre el cableado en fachadas​

La Ley 9/2014 General de Telecomunicaciones, en sus artículos 45.4 y 45.5, obliga al operador a comunicar por escrito a la comunidad de propietarios o al dueño del edificio, con proyecto técnico incluido, antes de instalar los tramos finales de red. El texto no habla de avisar de palabra ni de pedir permiso a un solo vecino. Habla de consentimiento previo y por escrito.

El problema es que esa comunicación rara vez llega. Las subcontratas que despliegan la fibra suelen trabajar a destajo, con incentivos por metros instalados, y la vía rápida es grapar el cable a la fachada. La canalización subterránea exige permiso de obra municipal, aval por los metros de acera a romper y semanas de trámites. La fachada, en cambio, se resuelve en una tarde.

Hay quien sostiene que el operador puede ocupar la propiedad privada si no existen alternativas económicamente viables, como recoge la propia ley. En contra pesa un detalle que los técnicos suelen pasar por alto: la alternativa viable existía. Estaba enterrada bajo una loseta, pagada por los vecinos, y nadie preguntó.

El cálculo del propietario: 100 euros de tubo y un alquiler pendiente​

El desglose que hace el afectado es sencillo. Treinta metros de fachada, tres tubos —dos para electricidad y uno para telecomunicaciones—, 300 euros de inversión repartidos entre dos vecinos. La parte imputable a la fibra son 100 euros. Su propuesta: cobrar un alquiler por el uso de esa canalización, en la línea de los 6 euros mensuales por metro que, según un participante, se pagan en algunos casos por usar infraestructura ajena.

La cifra no es arbitraria. Telefónica cobra 18 euros por la línea básica de teléfono. Que el operador pague 6 por usar un tubo que no puso no parece descabellado. Lo que no acepta el propietario es que le usen la infraestructura by the face y encima tenga que agradecerlo.

La comparación con el agua potable es inevitable. Ninguna suministradora cuelga tuberías por las fachadas para ahorrarse la zanja. Abren la calle, canalizan y reparan. La diferencia es que el agua no tiene una ley que le permita ocupar propiedad privada con un burofax.

De la amenaza al corte: cronología de un pulso vecinal​

El proceso tuvo varias fases. Primero, la advertencia verbal a los técnicos: siete días para retirar el cable. Después, la denuncia ante la policía municipal y un escrito con firmas de vecinos revocando cualquier consentimiento previo. Finalmente, el corte. El propietario desgrapó 30 metros de cable, retiró la caja de derivación y dejó la instalación fuera de servicio.

La reacción del operador fue la esperada: amenaza de denuncia por dejar sin comunicaciones a los vecinos. El argumento legal del afectado es que un tendido instalado sin consentimiento escrito no genera derecho alguno. La policía municipal, según su relato, acabó recomendándole denunciar.

El desenlace inmediato fue una obra improvisada: los técnicos cruzaron la calle por otro punto, taladrando fachadas ajenas. Dos comunidades afectadas anunciaron denuncias por obras sin permiso y grietas en los muros. Evitaron un frente y abrieron tres.

Qué pasa si cortas el cable de fibra de tu fachada​

La pregunta no tiene una respuesta única. La ley permite al operador ocupar propiedad privada cuando no hay alternativa viable, pero exige comunicación previa por escrito. Si esa comunicación no existe, el tendido es irregular. Otra cosa es que cortarlo sea la vía recomendable: el propietario se expone a una denuncia por daños y a un conflicto con los vecinos que se queden sin servicio.

La vía más segura es la administrativa: denuncia ante el ayuntamiento, requerimiento al operador y, si persiste, reclamación por la vía civil. El corte directo funciona en la práctica, pero convierte al afectado en el malo de la película. Y en un edificio con vecinos conectados, eso pesa.

El negocio de la fibra y quién paga la infraestructura​

El despliegue de fibra en España se ha hecho, en buena parte, sobre fachadas ajenas y con permisos verbales. Los operadores ahorran zanjas, permisos y avales. Los propietarios que pagaron canalización hace años no ven un euro. Y los ayuntamientos, que exigen canalización en obra nueva, miran para otro lado cuando la fibra llega por el aire.

La paradoja es que el usuario final tampoco gana. Aunque su fachada sostenga el cable, no hay descuento en la factura. El beneficio del ahorro se queda en el operador. La inversión, en el propietario. Lonchafinismo de ida y vuelta.

La predicción, con reservas: mientras la ley permita ocupar fachadas con una comunicación que casi nadie exige, el cable seguirá colgando. Los cortes serán anecdóticos. Las denuncias, también. Y la canalización que pagaron los vecinos seguirá vacía, esperando a que alguien decida que usarla tiene un precio.