Rusia filtró a Puigdemont sus intenciones de invadir Ucrania.

La investigación judicial sobre los contactos del independentismo catalán con Rusia se reactiva con nuevas pruebas sobre vínculos de alto nivel​

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Jesús Aguirre, ha prorrogado la investigación del caso Volhov, un expediente que indaga en la posible financiación ilegal del proceso independentista. La resolución judicial revela datos que vinculan a colaboradores cercanos de Carles Puigdemont, como Víctor Terradellas y Josep Lluís Alay, con intermediarios de nacionalidad rusa, alemana e italiana. Estos contactos, mantenidos antes y después del referéndum del 1-O, habrían servido para explorar una estrategia de desestabilización de la Unión Europea.

¿Qué revelan los documentos sobre los contactos con el Kremlin?​

Según la resolución, los objetivos de esa colaboración serían desencadenar un conflicto entre la UE y Rusia, aprovechando la invasión de Ucrania y la limitación del suministro de gas. El texto judicial señala que Rusia habría ofrecido apoyo económico y militar a una Cataluña independiente, incluyendo el pago de parte de la deuda pública y el envío de 10.000 soldados. A cambio, se reclamaba una legislación favorable para negocios con criptomonedas. La resolución menciona que Puigdemont se quedó «anonadado» ante estos ofrecimientos, aunque también se indica que mostró temor.

El papel de los intermediarios y las reuniones clave​

El núcleo de las indagaciones se centra en reuniones mantenidas con intermediarios vinculados al Kremlin. Una cita destacada tuvo lugar el 26 de octubre de 2017, víspera de la Declaración de Independencia, en la vivienda oficial del presidente de la Generalitat. En ella participó Nikolay Sadovnikov, empresario de la órbita de Putin. Antes de esa fecha, entre el 20 y el 24 de octubre, se celebró otro encuentro en un hotel de Barcelona con presencia de Elsa Artadi. La investigación se reactiva tras recibir una nota anónima en diciembre que aporta nuevas informaciones sobre los vínculos del independentismo con Moscú.

Contexto político: la ley de amnistía y las exigencias de Junts​

Esta reactivación ocurre en un momento político delicado, tras la aprobación de la ley de amnistía en el Congreso. El partido Junts ha impuesto al Gobierno de Pedro Sánchez exigencias para exonerar a los implicados en las causas judiciales de Volhov y Tsunami. La resolución judicial implica a figuras clave del entorno de Puigdemont, sugiriendo que los contactos con el Kremlin se realizaban al más alto nivel. El juez Aguirre ha encontrado datos que identifican a personas con estrechas relaciones personales con individuos de nacionalidad rusa, algunos de ellos con vínculos a servicios secretos o partidos de extrema derecha en Europa.

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La investigación judicial apunta a una estrategia política del gobierno ruso para desestabilizar la democracia y la UE, utilizando la secesión catalana como palanca. Los datos disponibles sugieren que los contactos no fueron aislados, sino parte de un plan más amplio que incluía el apoyo militar y económico a una Cataluña independiente. El cierre de la fase de investigación dependerá de si la Audiencia de Barcelona decide abrir juicio o archivar el caso, una decisión que podría tener implicaciones políticas significativas en el panorama español.