San Sebastián retira 13 placas franquistas de viviendas privadas

San Sebastián retira 13 placas franquistas y deja seis en pie​

¿Cuántas placas con el yugo y las flechas siguen colgadas en fachadas de viviendas privadas de San Sebastián? Trece ya no. El Ayuntamiento, a través del área de Derechos Humanos que dirige Iñigo García, ha retirado 13 de las 19 identificadas desde 2013, según el recuento que acompaña a la renovación del Catálogo de Simbología Franquista en Edificios Privados de Donostia. Las que quedan no son un misterio: tres siguen en Amara, Gros y El Antiguo, y en los últimos meses se han comunicado tres más, dos en Bidebieta y una en Amara. El plan avanza a golpe de expediente y de diez años de trabajo administrativo.

Los inmuebles señalados son bloques de los años 40 y 50, con un caso de los 60, repartidos entre Amara, El Antiguo, Altza, Egia, Intxaurrondo, Centro y Gros. En la mayoría figura el icono del yugo y las flechas junto a las siglas INV, del Instituto Nacional de la Vivienda. Es decir: la marca no está en un cuartel ni en una sede de partido, sino en la pared de un edificio donde hoy vive gente que no pidió compartir fachada con la dictadura.

Qué es el INV y por qué su rastro sigue en las fachadas​

El Instituto Nacional de la Vivienda fue el organismo que canalizó la construcción de vivienda protegida durante el franquismo. De ahí que su logotipo aparezca en promociones enteras de aquellos años. La retirada de las placas se ampara en la Ley de Memoria Democrática, que obliga a eliminar los elementos de exaltación de la dictadura en espacios de uso público, incluidos los privados cuando son visibles desde la calle.

El procedimiento no es instantáneo. Identificación, notificación a la comunidad de propietarios, autorización y ejecución. De las 16 placas que había catalogadas, 13 ya han caído. Las tres restantes están en tramitación, y las tres nuevas comunicadas añaden trabajo a una lista que parecía cerrada.

El argumento que reaparece: «Franco construyó vivienda social»​

Aquí es donde el asunto deja de ser una cuestión de patrimonio y se convierte en un pulso sobre el relato. Una parte del análisis sostiene que los bloques del INV fueron vivienda asequible construida a porrillo para trabajadores, y que quitar la placa es una forma de despreciar a quienes accedieron a un piso en una España sin apenas parque público de alquiler. Se argumenta que la mayoría de los edificios de muchas ciudades españolas se levantaron en esa época y que sus primeros inquilinos pagaban letras o incluso el inmueble al contado.

La objeción es igual de directa: que un régimen construyera vivienda no lo convierte en benefactor, del mismo modo que la existencia de pantanos o de la Seguridad Social no borra la represión. Hay quien lo resume con una frase que circula por el debate: si el problema es el recuerdo, quitar una placa de quince centímetros no elimina la historia; el edificio sigue ahí.

El salto al bolsillo: placas y subvenciones de rehabilitación​

El debate se enciende cuando entra el dinero. En la Comunidad Valenciana, según los datos que se manejan, los edificios con elementos franquistas no podrán optar a ayudas para rehabilitación: o se retira la placa o se pierde la subvención. La medida se apoya en la ley autonómica de memoria democrática aprobada por Les Corts.

Ahí el símbolo deja de ser un símbolo y se convierte en una partida presupuestaria. Para una comunidad de propietarios con la fachada para arreglar, la decisión no es ideológica: es aritmética. Y esa es, probablemente, la palanca que más rápido mueve expedientes.

«Que las tiren todas»: la paradoja del que pide demoler​

La ironía recorre el asunto de punta a punta. Hay quien sostiene, con retranca, que quitar la placa es quedarse corto y que lo coherente sería demoler los edificios enteros, con los vecinos dentro de la ecuación. La boutade sirve para señalar la contradicción: los bloques del INV están hoy en zonas consolidadas y valen una fortuna, lo que hace incómodo presentarlos como un lastre del que deshacerse.

El cálculo completo de lo que costaría esa ocurrencia, desglosado bloque a bloque, da un resultado que desmonta la broma en dos líneas. Basta con mirar el precio del metro cuadrado en cualquiera de esos barrios.

Alquileres de renta antigua y pisos que no se construyen​

En el fondo del debate late otra discusión, más material: la vivienda que hay y la que no se construye. Se recuerda que hubo inquilinos con rentas antiguas en el centro de San Sebastián pagando cantidades ridículas al mes a principios de los 2000, y se compara con el acceso actual, donde el salario de una persona ya no compra lo que compraba hace décadas.

La conclusión que se repite es incómoda para todos: dentro de treinta años seguirá habiendo gente viviendo en esos pisos, con placa o sin ella, porque el parque de vivienda asequible no se repone al ritmo que se retira simbología.

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Al final, el Ayuntamiento habrá cumplido la ley, las fachadas estarán más limpias y el problema de la vivienda seguirá exactamente donde estaba. Eso sí, con trece placas menos para echarle la culpa.