Sánchez anuncia que prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.

Sánchez prohibirá las redes sociales a los menores de 16 años​

El sitio elegido fue una cumbre de gobiernos en Dubái. Allí Pedro Sánchez anunció que España prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, dentro de una batería de cambios legislativos sobre las plataformas online. No es una idea exclusiva: Emmanuel Macron ya la había lanzado en Francia semanas antes. Y la pregunta que ningún titular responde del todo es muy simple: ¿cómo se ejecuta esto?

¿Se puede prohibir técnicamente el acceso a las redes sociales?​

Bloquear exige verificar la edad, y verificarla de verdad implica identificar a quien accede: certificado digital, DNI electrónico o un sistema equivalente. El razonamiento que expone un participante es incómodo. Si no se admite nada que no traiga un certificado válido con el dato de la edad, el resultado práctico es una autenticación obligatoria para entrar a cualquier servicio. Y ese certificado ya existe: lo emite la FNMT, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Ni siquiera haría falta el DNI.

El problema inmediato es la evasión. Mientras existan las VPN, cerrar el acceso es mucho más difícil de lo que sugiere el anuncio. Un menor no necesita hackear nada: le basta copiar el DNI y la fecha de nacimiento de un adulto de su entorno para abrirse una cuenta. En la conversación se cuenta el caso de un familiar que descubrió que su sobrino usaba su nombre y su edad para entrar sin permiso. La caja fuerte para el pasaporte empieza a parecer menos absurda.

El modelo chino y el coste de levantar un bloqueo real​

Bloquear sin agujeros es otra liga. Se apunta a la receta que usan China e Irán: un proxy nacional, un cortafuegos de grado operador en los puntos de intercambio de tráfico y el bloqueo de las salidas hacia servidores de VPN comerciales y hacia la red TOR. Con ese despliegue, quien navega no solo no accede al contenido extranjero: ni sabría que existe. La infraestructura para 50 millones de personas es técnicamente posible —China la opera para 1.800 millones— pero exige un aparato estatal que España no ha demostrado tener.

Lo que frena la implantación no son las leyes, sostiene la lectura más pesimista. Estarían ya aprobadas. Lo que falta es la capacidad de quien tendría que montarlo. El Gran Hermano de la navegación no llega por falta de ganas, sino por falta de ejecutores competentes.

El precedente del «pajaporte» y los certificados de edad​

España ya intentó algo parecido. El llamado pajaporte consistía exactamente en eso: autenticación por certificado para el acceso a contenidos para adultos. Aunque nunca llegó a implementarse del todo, en el hilo se da por hecho que dejó licitaciones, adjudicaciones de urgencia y compras por el camino. Es la prueba de que el mecanismo existe y de que, con otro pretexto, puede reaparecer. La coartada esta vez es la protección de la infancia, que es la más difícil de discutir en público.

El rechazo: identificación obligatoria y control de la disidencia​

El eje de la queja no es la edad, es el registro. Si cada acceso a la red queda vinculado a una identidad verificada, se construye un historial de conexiones susceptible de acabar ante un juez. Ahí entra la comparación más repetida: no haría falta parecerse a China para acercarse al mismo resultado. Otras lecturas van más lejos y citan Rusia, Irán y Corea del Norte como modelos. Para algunos participantes, la conclusión es que la prohibición no busca proteger a los menores, sino saber quién hay detrás de cada pantalla.

Con la excusa clásica de es por los niños, se activa un mecanismo que luego se aplica a todos con otro pretexto. Primero los menores, después el resto. Es la sospecha que recorre todo el asunto, y ninguna nota de prensa la desmiente.

¿Por qué ahora? El giro de Sánchez sobre las redes​

La cronología tiene su gracia. Hace algo más de una década, Sánchez defendía las redes sociales como herramienta de participación. Los dos tuits que se han recuperado estos días están separados, según se señala en el hilo, por 15 años. En el intermedio, el terreno se le ha dado la vuelta. Una lectura sostiene que el giro responde a un cambio de fondo: cuando la mayoría de los jóvenes dejó de informarse por televisión y pasó a hacerlo por redes, el relato que antes se conducía desde los medios tradicionales se volvió incontrolable. Prohibir el acceso a los menores sería también cerrar la puerta a una audiencia que ya no consume el menú de siempre.

El papel de los padres y la verificación de edad​

Hay quien defiende lo contrario: la mayoría de los progenitores ni conoce los riesgos de las redes a ciertas edades ni sabe manejar los controles parentales que ya existen. Prohibir por ley sería asumir que la autorregulación familiar no funciona. En contra pesa que prohibir no es impedir. La edad se declara, no se demuestra, y la chavalada lleva años saltándose ese trámite con la misma facilidad con que piratea un partido de fútbol de pago. Que esquive el muro legal es tan probable como que esquive cualquier otro.

Queda un detalle que resume el escepticismo del hilo. Si la verificación depende de que cada internauta declare su edad, el resultado es previsible y gratis: a partir de ahora, todos los menores de 16 tendrán 16. No hace falta una VPN. Basta con marcar otra casilla.