Sánchez tiene suerte (Ramón Pérez Maura en El Debate)

La suerte, más que la justicia, parece estar del lado del presidente Sánchez, quien se beneficia de la distracción mediática generada por la apertura de juicio a su esposa, Begoña Gómez, en medio de la crisis en Ceuta.

La justicia se cruza con la política

La justicia ha vuelto a poner en un aprieto al presidente Pedro Sánchez, aunque esta vez, la casualidad ha querido que el foco mediático se desvíe hacia otros asuntos. La apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente, por parte del juez Peinado, ha coincidido con la crisis en Ceuta, un acontecimiento que, según algunos análisis, es la tragedia más grave que ha vivido España desde la restauración de la democracia en 1975. La gravedad de la situación en Ceuta ha eclipsado, al menos temporalmente, las noticias relacionadas con el proceso judicial.

El propio Sánchez ha defendido la inocencia de su esposa, calificando la actuación judicial como un posible perjuicio para la justicia y cuestionando la imparcialidad del juez Peinado. Esta postura se enmarca en el discurso del "lawfare" que el gobierno ha venido sosteniendo, sugiriendo una persecución política a través de los tribunales. La confianza expresada por el presidente en que un jurado popular impartirá justicia en el caso de Begoña Gómez contrasta con experiencias previas, como la condena de su hermano David Sánchez por prevaricación administrativa, un fallo que posteriormente fue recurrido.

La suerte como aliada del gobierno

La coincidencia de la apertura de juicio contra Begoña Gómez con la crisis en Ceuta puede interpretarse como un golpe de suerte para Sánchez. Mientras la atención pública y mediática se centra en la situación en la frontera sur, los detalles del proceso judicial contra la esposa del presidente quedan relegados a un segundo plano. Esta dinámica permite al gobierno, al menos por el momento, gestionar la crisis de imagen y política que supone una investigación judicial a su entorno más cercano.

La estrategia del PSOE parece centrarse en desacreditar la actuación judicial, presentándola como una conspiración contra el partido y su líder. La afirmación de Sánchez de que Peinado "ha hecho mucho daño a la justicia" y no será "recordado por haber sido un juez imparcial" es un claro ejemplo de esta línea argumental. A pesar de que las querellas previas contra el mismo juez por parte del presidente y su esposa fueron desestimadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la narrativa oficial insiste en la politización de la justicia cuando esta no falla a favor de los intereses del gobierno.

El jurado popular, un arma de doble filo

La elección de un juicio con jurado popular para el caso de Begoña Gómez añade un elemento de incertidumbre y, para algunos, de disparatado. La ley del jurado popular, introducida en España en 1995 por el gobierno socialista de Felipe González, podría ahora demostrar sus debilidades. La dificultad para encontrar nueve ciudadanos que desconozcan la causa y puedan emitir un veredicto imparcial es una preocupación recurrente.

Sánchez ha manifestado su esperanza en la ecuanimidad del jurado, afirmando que la "total inocencia" de Begoña Gómez será reconocida. La Moncloa, a través de un comunicado, ha reiterado esta confianza. Sin embargo, la historia reciente sugiere que la justicia, incluso con jurado popular, no siempre se alinea con los deseos del presidente. La condena de su hermano David Sánchez es un recordatorio de que los procesos judiciales pueden tener resultados inesperados, independientemente de las expectativas.