Sanción desproporcionada SEPE Salir extranjero (paro)

El SEPE exige devolver 19.000 euros por 20 días en el extranjero​

Un forero relata que a su hermano, que pasó veinte días de diciembre en Argentina visitando a la familia de su mujer, le reclaman la prestación íntegra por no comunicar la salida. El caso, planteado a finales de 2016, sigue el patrón de un goteo de expedientes que los tribunales han ido corrigiendo a golpe de sentencia: según varios participantes, el Supremo tumbó las extinciones y las reconvirtió en sanciones graduadas por tramos de días. La pregunta que sobrevuela el asunto no es si había obligación de avisar —la había— sino por qué el castigo equivale a todo lo cobrado y no a los días efectivamente incumplidos.

Qué dice la ley sobre salir al extranjero cobrando el paro​

Según lo expuesto en el hilo, la norma es explícita y está escrita en la web del SEPE: cualquier salida al extranjero, sea por turismo o por motivos familiares, debe comunicarse antes de producirse. El permiso estándar cubre 15 días al año para salidas internacionales y 30 para desplazamientos dentro de España. No son acumulables. Quien se ausenta sin avisar incumple el artículo 25.1.3 de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, que tipifica como infracción no comunicar las bajas o las situaciones que suspenden el derecho.

El problema aparece en la graduación. La extinción del derecho —devolver todo lo percibido— se aplicó durante años como respuesta automática, sin distinguir entre una ausencia de tres días y una de tres meses. Según varios participantes, la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de octubre de 2012 cambió el criterio: para salidas no autorizadas inferiores a 90 días, la prestación no se pierde ni se devuelve íntegra. Los tribunales superiores vienen dando la razón al desempleado cuando el SEPE recurre.

Cómo se detecta a un parado fuera de España​

Aquí empieza el terreno pantanoso. Nadie sabe con certeza cómo llegó el expediente al escritorio del funcionario. Las hipótesis que circulan van del pasaporte electrónico —que registra cada entrada y salida del territorio— al cruce de datos con aerolíneas, pasando por el rastro del móvil o el movimiento de tarjetas. También cabe lo más prosaico: que el SEPE intentara notificar una oferta de empleo o un curso y no encontrara al interesado.

Hay quien sostiene que los controles se intensificaron tras la difusión de denuncias sobre fraude en prestaciones por parte de determinados colectivos, lo que habría llevado a extremar la vigilancia sobre todos los perceptores. Otros apuntan a que la mayoría de los expedientes se abren por la vía más simple: una citación que no llega a destino.

Qué se puede recurrir y con qué argumentos​

El consenso técnico apunta en una dirección: reclamación previa a la vía judicial. La extinción por salida no comunicada es un incumplimiento sancionable, pero el castigo debe ser proporcional. Según varios participantes, el Supremo ya estableció tramos —menos de 15 días, entre 15 y 90, más de 90— y la doctrina posterior ha ido perfilando qué corresponde a cada uno.

Existe además un argumento constitucional que se ha usado con éxito: la sentencia del Tribunal Constitucional 272/2015 declaró que el SEPE no tiene potestad sancionadora sobre competencias transferidas a las comunidades autónomas, como mantener la inscripción como demandante de empleo o garantizar la recepción de notificaciones. Eso no impide que el servicio autonómico abra su propio expediente, pero sí limita el margen del organismo estatal.

La trampa de la notificación electrónica​

Un detalle que pasa desapercibido y que puede costar caro: el sistema de notificaciones telemáticas. Estar dado de alta implica recibir avisos por SMS o correo, pero también la obligación de consultar la plataforma. Si el SEPE envía una citación y el interesado no la ve porque está fuera o porque no revisa el buzón digital, el expediente avanza solo. La indefensión se construye en silencio.

El caso deja una cifra que descoloca: 19.000 euros reclamados por veinte días de ausencia. La proporción —950 euros por día fuera— supera con holgura lo que la propia administración reconoce como sanción máxima por infracción muy grave en otros ámbitos. Y mientras tanto, la pregunta sigue sin respuesta: si el castigo ejemplar disuade de avisar o, más bien, enseña a no dejar rastro.