Multa irrisoria de 18.000 euros al dueño de la Gilda del Norte por contratar sin papeles
La sanción impuesta al propietario de la popular tasca bilbaína "Gilda del Norte" por contratar a trabajadores en situación irregular ha reabierto el debate sobre la eficacia de las multas como herramienta contra la explotación laboral. La cuantía, 18.000 euros, ha sido calificada de "ridiculez" por algunos sectores, que consideran que el castigo es sensiblemente inferior al ahorro que supone pagar en negro y evitar cotizaciones.
Una sanción que no disuade
Quienes han analizado el caso sostienen que el beneficio obtenido por el empresario durante el tiempo que mantuvo a trabajadores sin papeles supera con creces la multa. La Inspección de Trabajo, aunque actúa, se topa con sanciones que en muchos casos son asumidas como un coste más del negocio. La sentencia, que no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, deja en el aire si finalmente se aplicará algún correctivo mayor.
La otra cara: el papel del consumidor
Frente a la crítica a la cuantía, surge una corriente que señala la responsabilidad del cliente. "No frecuentar locales que contratan extranjeros en estas condiciones" es el llamado a boicotear los establecimientos que se lucran de la irregularidad. La idea es que mientras haya demanda de servicios a precios bajos sostenidos sobre mano de obra explotada, las multas serán percibidas como un gasto menor.
La pregunta que queda en el aire es si el sistema sancionador está diseñado para castigar o para recaudar. El caso de la Gilda del Norte sugiere que, al menos en esta ocasión, el negocio de la explotación sigue siendo rentable.
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