Sanidad anuncia que lentillas y gafas se incluirán en prestaciones del Sistema Nacional de Salud

Sanidad promete gafas y lentillas en la cartera común para 2026​

Hay quien no ve nada con las gafas de quince euros que se compran por internet y quien se apaña con ellas toda la vida. Ese es el nudo del anuncio de la ministra de Sanidad, Mónica García: las gafas y las lentillas entran en la cartera común de servicios, junto a la salud bucodental para la población infantil y para los mayores de 60 años. La medida se presenta como un paso «decidido» hacia la salud visual pública, con horizonte 2026 y con una letra pequeña que, a la fecha de esta discusión, nadie había leído. El diablo, como casi siempre, vive en las condiciones.

Qué entra en la cartera común y qué se queda fuera​

El anuncio mete en la sanidad pública la salud visual, gafas y lentillas, y amplía la bucodental a la infancia y a los llamados «colectivos priorizados», entre los que se quiere incorporar a los mayores de 60 años. En la misma conversación aparecen la fisioterapia y la podología, dos servicios que hoy se pagan de su bolsillo quienes los necesitan. La cifra que acompaña al anuncio es rotunda: la medida beneficiaría a 30 millones de personas.

La pregunta que sobrevuela todo es sencilla: si entra, ¿por qué no entró antes? La respuesta oficial es que ahora sí hay financiación. La extraoficial, que se verá.

La letra pequeña: plazos, condiciones y la duda de quién cobra​

El detalle conocido se reduce a tres cosas. La medida se sitúa en 2026, las compras tendrían que hacerse en un establecimiento autorizado y el pago se articularía después. Traducido: primero pagas y luego la administración abona. No es un detalle menor en un país donde las ayudas a la compra de vehículos eléctricos y a la instalación de placas solares han tardado un año o más en cobrarse.

Hay quien sospecha que el acceso quedará reservado a los «vulnerables» y que para eso haría falta una ficha socioeconómica de cada paciente de la sanidad pública. Otros ven en la fecha una forma de que la promesa llegue viva al siguiente ciclo electoral sin necesidad de ejecutarse. Y una parte del público da por hecho que la proximidad de las urnas explica el anuncio mejor que cualquier informe técnico.

¿Quién paga las gafas: la óptica o el contribuyente?​

Aquí el acuerdo es amplio: a las ópticas les da exactamente igual que el pagador sea el cliente o la Seguridad Social; si paga el Estado, la venta está garantizada. El paralelismo con las farmacias se repite: entras con receta, te llevas el producto y el organismo público abona después. Con ese esquema, ¿por qué hacer descuentos?

La consecuencia previsible es un alza del precio de la montura y de la lente, con el ciudadano pagando la mitad de ese sobrecoste por la vía de los impuestos. En el lado opuesto está el argumento de que el sistema público no se convierte en distribuidor y que la demanda se dispara, como recuerda quien sostiene que la gente se cambiará antes de gafas y comprará más lentillas.

¿Por qué el dentista preocupa más que la óptica?​

El desvío temático se repite una y otra vez: si hay dinero para gafas, ¿por qué no para dientes? Los precios del mercado privado que se manejan son estos: casi 2.000 euros por cada implante, una dentadura postiza con un anclaje decente alrededor de 6.000 euros, pagada a plazos en más de una casa, y audífonos que rondan los 3.000. Una revisión en el dentista, aunque sea para saludar, supera los 100 euros.

El razonamiento es de pura jerarquía biológica. Sin dientes no se come sólido y una infección de muela puede convertirse en algo mucho peor. Sin gafas se vive peor, pero se vive. La comparación entre prótesis dentales y monturas no es técnica, es de urgencia, y ahí el orden que fija el ministerio no convence a casi nadie.

Gafas de diez euros, siete dioptrías y el negocio que se amplía​

El contraargumento más sólido del anuncio es que en la óptica no todo el mundo necesita lo mismo. Una montura nueva cada dos años ronda los 200 euros; unas lentes de contacto, unos 500. Quien arrastra siete dioptrías de miopía y tres de astigmatismo no corrige eso con una lente estándar comprada por internet.

Ahí está el núcleo del conflicto: la medida se vende como universal, pero el gasto real se concentra en los casos graves, que son los caros. Para los leves ya existe un mercado paralelo que funciona desde hace años. Y en medio, un sector que se frota las manos con cualquier fórmula en la que el pagador no regatee.

Desgravar en el IRPF como alternativa​

Frente al modelo de prestación directa aparece otra propuesta sobre la mesa: desgravar la compra con un tope por prestación, de modo que quien quiera acudir a la consulta más cara del barrio de Salamanca y pagar 300 euros por un empaste, allá él. Ese sistema obligaría a dentistas y ópticas a emitir factura, un trámite que no todos cumplen con entusiasmo.

El problema del calendario, insisten, es el mismo de siempre. Como con las placas solares y los coches eléctricos, la administración no paga el mismo día en que aprueba.

Queda el dato que descoloca: hay quien lleva más de 20 años sin tres muelas esperando a que la sanidad pública se acuerde. La promesa de las gafas llega antes que la de los dientes, y con bastante menos urgencia. Nadie ha explicado todavía por qué el orden es ese.