Sarah Santaolalla: "Solo hay un camino: expropiar el piso de afeminadormen y el de todas aquellas personas que hayan sido desahuciadas de manera ilegal..

El hilo discute si el dueño era un fondo buitre o una pyme​

El tramo arranca con una corrección y se envenena. Nefersen exige el nombre del fondo que desahució y se contesta solo: no hay fondo, es una pyme. Rebel6000 contraataca con Urbagestión y recuerda que «fondo buitre» es el apodo peyorativo de una gestora de activos, y que a ninguna le gusta aunque lo sea. A partir de ahí el hilo deja de discutir quién cobra el alquiler y se pone a discutir todo lo demás.

Qué se ha sabido​

Poco comprobable, pero con nombre y con fecha. En estos **dos días, 24 y 25 de septiembre**, el dato que entra es la identidad del propietario: una pyme, según Nefersen, que reta a quien lo llame fondo buitre a señalar cuál. Rebel6000 responde con Urbagestión como ejemplo de gestora y sostiene que el término describe una práctica. Ninguno de los dos trae un papel.

La otra pieza la pone th3burbu, que mete un tuit en el hilo:


El mensaje compara Cataluña y Madrid y afirma que allí hay el doble de desahucios y ninguna manifestación. Eso engancha a varios: si el volumen está en una comunidad y el ruido en otra, el problema no son los desahucios. No hay serie estadística detrás.

EXTOUAREG añade que el contrato era antiguo, que el lanzamiento se ejecutó bajo un gobierno socialista y que hubo una oferta de realojo en otro municipio que la inquilina rechazó. Lo cuenta como hecho cerrado. Sin papel tampoco.

Y romeoalfa apunta lo obvio en tono de guasa: si SUMAR está dentro del Gobierno, que ponga la expropiación como condición para seguir gobernando. AH1N1 propone otra cosa: redistribuir el sueldo de los políticos entre los necesitados.

Dónde está la bronca​

El choque se mueve al verbo. Bartleby sostiene que quien pide esto confunde expropiar con confiscar: «entienden que expropiar es arrebatar a unos para dárselo a otros». Autómata va por otro lado: no es expropiar, es pagar con dinero público, y lo llama maniobra para justificar más gasto. La medida, en esa lectura, no ataca la propiedad: emite una factura.

Enfrente, la línea del incentivo. 8cilindros lo dice en una frase: «Si no hay beneficio económico particular, SOBRE TODO EN BIENES PRIMERA NECESIDAD, ninguna persona tendrá techo ni comida». Polybolis se queda en la paradoja: «Paradójico que este desahucio se haya ejecutado, precisamente, porque un fondo se hizo con la vivienda en cuestión». Rocksteady va más lejos y avisa de que esto es el principio del fin.

Y entra un frente que antes no se veía: el de los que creen que la propuesta le sale cara a quien la hace. ATARAXIO avisa de que «la izquierda le va a salir el tiro por la culata» y pone el foco en los que viven hacinados en pisos compartidos, que no son la señora del caso. Kabraloka sentencia que llevan **8 años** en el gobierno sin hacer nada. Vercingetorix responde con el dinero de los impuestos: si se recortan los chiringuitos, dice, sale para pisos de protección oficial.

Las respuestas cortas se llenan de deseos cruzados. humanolibre avisa a la firmante de que un día pueden expropiarle a ella. FROM HELL se ofrece a recomprar la casa de quien encuentre un desahucio ilegal de verdad. Poseidón pregunta si él también puede pedir un chalet en Toralla. Y varios mensajes vuelven al aspecto de la firmante como argumento. Se cuentan, no se reproducen.

Los que vienen a ironizar​

dapman escribe que las políticas bolivarianas han traído una prosperidad inmensa a Venezuela y que conviene copiar sus buenas prácticas cuanto antes. Es sarcasmo, y así se lee. Rocksteady recomienda echar un ojo a una película clásica sobre cómo acaba todo esto. Kluster aprieta por la vía formal: dice que la propuesta pide al Gobierno aplicar medidas contrarias a leyes ya aprobadas en el parlamento. La ironía ocupa más espacio que el argumento.

Qué cambia respecto a antes​

Tres cosas. Primera, el dueño. Ya no es un fondo buitre: es una pyme, o eso sostiene quien pide el nombre. Segunda, el eje territorial: el tuit de Cataluña y Madrid mete la comparación entre comunidades en el centro y desplaza la discusión sobre la legalidad del lanzamiento. Tercera, el frente interno: media página ya no discute si la medida es legal o justa, sino si al bloque que la propone le conviene defenderla ante los suyos.

Y una que se cae: la pregunta por el precio. Nadie la retoma. La duda nueva es otra: cuánto costaría pagar todo eso con dinero público y quién lo firmaría.