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Bajar la potencia a 2,3 kW: 90 euros al año y el bono social​

La factura de la luz se decide casi antes de encender un solo interruptor. Entre 2015 y 2016, varios participantes de un foro español empezaron a hacer la misma cuenta: bajar la potencia contratada de 5,75 kW a 2,3 kW y ahorrar unos 90 euros al año, según el cálculo de un participante. La operación es sencilla. El ahorro, real para quien lo ha comprobado. Lo complicado llega después, cuando entran en juego el bono social y la letra pequeña de la tarifa.

El ahorro real: de 5,75 kW a 2,3 kW​

El término de potencia se paga por la capacidad máxima contratada, no por lo que de verdad se consume. Ahí está el negocio. Según el cálculo de un usuario, un contrato de 5,75 kW sale a unos 480 euros anuales: 180 de energía y 300 solo de potencia. Bajar a 2,3 kW recortaría ese fijo en torno a 90 euros, según otro cálculo, y la rebaja llegaría sin tocar un solo electrodoméstico.

El perfil que aguanta el cambio no es generalizable: en el caso que abre el hilo, la vivienda está habitada por una persona mayor, una televisión, una nevera pequeña, una estufa de 800 vatios y una lavadora que funciona una o dos veces al mes. Casi nada. Y ojo con el nombre: el escalón normalizado es 2,3 kW, no 2,2. Bajar de ahí obliga a soluciones como baterías que luego se pagan caras.

Quien duda tiene una prueba barata. Instalar un interruptor de 10 amperios en serie con el general —unos 2.300 vatios de techo— y convivir con él unos meses. Si no salta en verano con el aire acondicionado, el cambio está justificado.

El bono social y el mercado regulado​

El detalle que cambia el resultado es el bono social, un descuento del 25% sobre la factura que, según un participante, suma entre 90 y 150 euros anuales al ahorro anterior. Pero solo se aplica a los contratos en mercado regulado, el PVPC. Quien esté en mercado libre puede bajar la potencia todo lo que quiera: no lo verá.

Y aquí aparece el primer desajuste. Según un participante, las ofertas de mercado libre anuncian descuentos del 5% sobre un precio que ya viene hinchado un 13%. El precio medio del PVPC en el último año fue de 0,103 euros por kWh. El de la tarifa libre siempre será superior, según sostiene, porque quien la vende compra la electricidad al precio regulado.

El derecho al bono social choca además con el sentido común: según un participante, basta con tener contratados 2,3 kW y estar en PVPC, sin importar ingresos. Los baremos económicos que la ley llegó a prever nunca se aplicaron. Un participante asegura cobrarlo sin ser pensionista ni parado y con ingresos superiores a esos baremos. El descuento lo financian, eso sí, todos los consumidores a través del recibo, según otro participante.

Discriminación horaria: las cuentas que no siempre salen​

La segunda palanca es la discriminación horaria: pagar menos de noche y más de día. Sobre el papel sale, sobre todo para lo que funciona 24 horas. Con precios de 0,079 euros el kWh en valle (14 horas) y 0,155 en punta (10 horas), según un cálculo, la media ponderada queda en 0,1107, por debajo de los 0,123 de la tarifa plana.

En la práctica, las tarifas están descompensadas según la compañía. Según un participante, con el PVPC real de dos meses consecutivos la diferencia entre valle y punta llegó al 29%, que es lo habitual. Y una participante cuenta que en el último día facturado de noviembre tenía un 68% en valle y un 32% en punta.

El consejo que se repite: hacer juntos la bajada de potencia y la discriminación horaria, aprovechando que ambas gestiones se cobran juntas —unos 11 euros— en lugar de pagar dos veces.

¿Se puede vivir con 2,3 kW contratados?​

El miedo es siempre el mismo: que salte el automático a mitad de cocción. Y no es infundado. Una lavadora con agua caliente dispara picos altos; la inducción, en cambio, va encendiendo y apagando por zonas, así que rara vez demanda toda su potencia de golpe. El error es encadenar horno, lavadora y vitro en el mismo cuarto de hora.

La instalación perdona más de lo que cree el usuario. Según un participante, la curva de disparo del interruptor de control de potencia admite superar el límite un 13% de forma indefinida, un 50% durante minutos y hasta un 100% durante segundos. En números: un horno de 1.300 vatios más el grill de 1.600 puede funcionar sin drama si no se encienden a la vez, según cuenta otro participante.

El Supremo tumba parte del bono social​

A finales de 2016 llegó el susto. El Tribunal Supremo anuló la parte de la normativa que obligaba a las comercializadoras de referencia a financiar el bono social. La lectura apresurada fue que desaparecía el descuento. No era eso: cambia quién paga la factura, que pasa a salir de los Presupuestos Generales del Estado.

La letra sigue en vigor. Para eliminarla habría que modificar la ley, y la sentencia no lo hace. Endesa llegó a publicar una nota en su web aclarando que el fallo no tiene efectos sobre los usuarios, harta ya de recibir la misma pregunta. Hay, sin embargo, quien lee en el cambio de financiación un primer paso hacia su desaparición.

La batería que tarda 37 años en amortizarse​

Contra el término de potencia hay una idea recurrente: instalar baterías domésticas, contratar la potencia mínima y tirar del acumulador en las horas punta. Sobre el papel, elegante. En la caja, demoledor.

Una batería de 14 kWh con 5 kW continuos de salida cuesta 5.500 euros, según un participante. El ahorro por bajar la potencia a 1,1 kW ronda los 150 euros anuales, según otro. La división es implacable: 37 años para recuperar la inversión. Con una estimación más generosa, 28. Y eso sin contar la eficiencia de conversión ni un detalle farragoso: la legalidad de conectar un acumulador así en una instalación doméstica sigue discutida.

La alternativa casera —cuatro baterías y un inversor— baja a unos 2.000 euros, siempre según los cálculos que circulan. La caída del precio de las baterías, empujada por el coche eléctrico, puede cambiarlo todo en unos años, según sostiene un participante. Hoy, la cuenta no sale.

Con estos números, bajar la potencia y pedir el bono social es la jugada obvia. Y sin embargo sigue habiendo quien mantiene 5,75 kW por inercia, por miedo al salto o porque nadie le explicó que pagaba por una capacidad que no usa. La pregunta no es si compensa. Es por qué tantos no lo han comprobado todavía.