Maduro se aferra a 6.408.834 votos y la oposición reclama las actas
¿Se puede proclamar a un presidente con el 51,95% de los votos y no enseñar ni una sola acta? En Venezuela la respuesta oficial es que sí. El segundo boletín del CNE adjudicó a
Nicolás Maduro 6.408.834 votos, el 51,95%, frente a los 5.326.104 (43,18%) de Edmundo González, y con esa cifra se dio el escrutinio por cerrado. La oposición sostiene que su candidato ganó por el doble y que el fraude es tan burdo que casi ofende llamarlo así. Mientras el número rebota en televisiones de medio mundo, el respaldo documental no aparece.
¿Qué resultados dio el CNE y por qué la oposición no los reconoce?
El dato oficial está sobre la mesa y es concreto:
6.408.834 votos para Maduro y 5.326.104 para González. Todo suma. Es lo único que cuadra sin discusión, porque el organismo no ha publicado el detalle acta por acta que permite reconstruir el resultado colegio a colegio y circunscripción a circunscripción. Sin ese desglose, la proclamación se sostiene sobre una cifra declarada, no sobre un recuento comprobable.
Ahí arranca el pulso. Una parte del análisis sostiene que el resultado se decidió antes de contar y que la maquinaria oficial solo necesitaba un porcentaje verosímil. La otra responde que, si no hay pruebas de manipulación, la victoria existe y el resto es ruido. Entre ambos extremos, lo cierto es que el único documento que zanjaría la discusión sigue guardado.
Las actas que faltan y una web que no aguanta el escrutinio
El entorno opositor difundió un portal para consultar el recuento por cédula. Según quienes lo probaron, funcionaba mal: introducir el documento de una persona real, sacado incluso de las actas que circulaban en imágenes, devolvía error, y no dejaba filtrar por centro de votación ni por circunscripción. Con esos mimbres, la auditoría que prometía quedaba en entredicho.
En paralelo, el candidato Enrique Márquez aseguró que las casi
9.000 actas que obraban en su poder coincidían con las que exhibía el equipo de María Corina Machado y confirmaban la victoria de González. La pregunta planea en cada rincón: si esas actas existen, ¿por qué no las valida quien organizó la votación?
La factura social: ocho millones fuera y 30 dólares al mes
Los números que manejan los críticos con el régimen dibujan un país deshecho:
ocho millones de exiliados, un salario medio de
30 dólares al mes, una tasa de pobreza del 80% y una pobreza infantil por encima del 85%. Solo un 3% de la población accedería a la universidad. Se cuentan por decenas de miles las expropiaciones a pequeños empresarios y, en el país con mayores reservas de petróleo del mundo, hay quien espera días para llenar el depósito.
El relato oficial devuelve la pelota: la miseria sería consecuencia de las sanciones y del bloqueo exterior, no de la gestión. Esa explicación, sostienen sus defensores, explicaría por qué una parte de la población sigue votando al chavismo. El detalle incómodo es que los que se fueron no pudieron votar: de los
5.500.000 venezolanos con derecho a voto en el extranjero, solo 79.000 ejercieron, según los datos que maneja la oposición.
Homicidios: la única cifra que baja, y a qué precio
Hay un dato que los defensores del Gobierno exhiben sin complejos: los homicidios violentos cayeron, según su relato, de
28.000 en 2016 a menos de 7.000 en 2023. La reducción coincidiría, según sus críticos, con la suspensión de protocolos en materia de derechos humanos y con muertes archivadas bajo la etiqueta de «resistencia a la autoridad». Mejorar la seguridad y maquillar las estadísticas pueden ser la misma operación vista desde dos ángulos.
Las calles, los gases y el millar de detenidos
Tras el anuncio, miles de personas caminaron hacia el palacio presidencial, algunas desde zonas rurales. La respuesta fueron gases lacrimógenos y balas de goma, según las crónicas que circularon. Después llegó el recuento de la represión: alrededor de
1.000 detenidos por los disturbios y otros tantos identificados. La versión oficial habla de agitadores y de sabotaje; la otra habla de vecinos detenidos por publicar mensajes o por negarse a reprimir.
El pulso se juega también en el relato. Para unos, lo ocurrido demuestra que el aparato aguanta sin necesidad de intervención exterior. Para otros, cada detención confirma que la victoria no se sostiene sola.
El eco internacional: Borrell, la UE y el giro de Bildu
Fuera del país el reconocimiento se atasca. Josep Borrell dejó claro que la Unión Europea no dará por buena la victoria sin un resultado «verificable». En España, Bildu rectificó y pasó a pedir que Maduro «presente las actas», después de haber legitimado el triunfo. Las formaciones que habían respaldado el proceso fueron matizando su posición mientras el resto miraba hacia otro lado.
El argumento de fondo se repite hasta el cansancio: una dictadura no convoca elecciones, luego convocarlas demuestra que no lo es. Corea del Norte también celebra comicios cada legislatura y nadie lo llama democracia. Que exista la papeleta no dice nada sobre quién cuenta los votos. Y así llevamos desde el segundo boletín, esperando unas actas que, por lo visto, deben de estar de camino.