Se van a prohibir las herencias

La profecía de 2023 que anticipa el fin de las herencias​

En noviembre de 2023 alguien dejó apuntado un pronóstico incómodo: que las propiedades dejarán de ser un derecho tranquilo para convertirse en un asunto fiscal de primer orden. No era un anuncio oficial ni una norma en trámite. Era una fecha, un aviso y una apuesta sobre lo que viene. Las piezas que la sostienen —el impuesto de sucesiones, la demografía y la competencia autonómica— siguen ahí, sin resolver.

La lógica del pronóstico: menos herederos, más presión​

El punto de partida es sencillo. Las propiedades se han ido repartiendo durante décadas entre generaciones numerosas, pero las siguientes tienen menos hijos o ninguno. Resultado: los inmuebles se concentran en cada vez menos manos. Quien llega sin patrimonio familiar parte con desventaja, y ese hueco es el que una parte del análisis señala como caldo de cultivo de una futura intervención pública. La idea de gravar lo heredado no nace de una ley concreta, sino de un desequilibrio que se agranda solo. Hay quien lo resume con un argumento incómodo: dos Españas separadas por lo que cada una hereda.

Conviene no exagerarlo. No existe ninguna norma aprobada que prohíba heredar. Lo que hay es un impuesto, el de sucesiones, que ya muerde con distinta fuerza según dónde se resida.

¿Por qué se habla de prohibir las herencias?​

Porque el impuesto de sucesiones se ha vuelto tan caro en algunos territorios que heredar puede salir a pagar. Y porque las propuestas más ambiciosas ya circulan con nombres y cifras. Se ha citado el caso de Corea del Sur, con tipos del 50% o más para herencias superiores a un millón de euros, y se recuerda que el Manifiesto Comunista ya incluía entre sus medidas la abolición del derecho de herencia. No es una ocurrencia nueva; es una idea vieja que reaparece cada vez que la desigualdad patrimonial da titulares.

El impuesto que ya existe y cómo cambia según la comunidad​

Aquí está el dato que descoloca a quien solo mira el tipo nominal: el pago depende de la comunidad autónoma. Murcia bonifica al 99% las herencias entre familiares de segundo grado, mientras que en otras la factura se dispara. Se relata el caso de quien hereda de un hermano en territorio con la Generalitat de por medio: el fisco retiene el 45% y, entre intereses y tributos, se acaba perdiendo en torno al 65% del total. El desglose partida a partida de esa cuenta es lo que convierte la teoría en un número que no cuadra.

También se menciona que Hacienda puede reclamar alrededor de un 25% del valor que estime. Y que hay comunidades convertidas en refugio fiscal frente a otras más agresivas, con Asturias como referencia de las segundas.

Cómo se esquiva: usufructo, donaciones y oro​

Las fórmulas para reducir el golpe circulan desde hace años. La más citada para Madrid: poner los bienes a nombre de los hijos y quedarse el progenitor con el usufructo, de modo que al fallecer este se extinga y el trámite se simplifique. Otras pasan por donar en vida —formación, apoyo a emprender— o por colocar el patrimonio en activos que el fisco ve con más dificultad. Una parte de los mensajes recomienda directamente fundirse todo en vida. Y no falta quien propone montar una sociedad patrimonial para saltarse las reglas.

Heredar sin herederos: el Estado como beneficiario final​

Hay un escenario que ya es presente y que alimenta la profecía: cuando no hay herederos, el patrimonio va al Estado, que después lo subasta. Se relata el caso de un ático en Madrid cedido por su dueño a una institución religiosa, con los ocupantes de años teniendo que marcharse para dejar paso a las nuevas propietarias. Es la versión silenciosa de la expropiación: no la firma una ley, la firma la ausencia de testamento.

El frente demográfico​

Sobre todo esto planea el relevo de población. Uno de cada tres niños nacidos en España es hijo de extranjeros, y el país supera los 48 millones de habitantes gracias a ese aporte. La extrapolación más agresiva dibuja una mayoría de origen no español en un par de décadas. Frente a ese relato hay una corrección razonable que conviene no perder: buena parte de la inmigración —europea del este y latinoamericana— compra vivienda en cuanto puede, lo que se describe como inmigración constructiva. La brecha no es la nacionalidad, sino la propiedad.

Ese es justo el punto donde el análisis se atasca. Nadie sabe si el pronóstico se cumplirá, ni cuándo. Lo único verificable es que el impuesto ya grava, las comunidades ya deciden y las propiedades ya se concentran. El resto es apostar a que el futuro paga la apuesta.