Cambiar el Régimen del 78 a toda prisa: ¿y quién lo hace?
¿Existe en España alguien capaz de pilotar un cambio del Régimen del 78 sin que el país se descomponga por el camino? La pregunta se repite cada vez con más insistencia en los círculos donde se da por hecho que el marco constitucional de 1978 ya no aguanta la presión territorial. No es una hipótesis peregrina: hay conversaciones enteras dedicadas a buscar un nombre, un liderazgo por encima de los partidos con representación en el Congreso, capaz de conducir la operación. El veredicto mayoritario, tras semanas de idas y venidas, es demoledor: no lo hay.
Qué significa de verdad cambiar el Régimen del 78
La cosa no va de retoques cosméticos. Abarca reforma constitucional, rediseño del Estado autonómico y, en su versión más ambiciosa, un nuevo pacto constituyente. La vía rápida tiene defensores con prisa: sostienen que España se juega su integridad y que no hay margen para la lentitud. El obstáculo es doble. El procedimiento agravado de reforma exige mayorías que hoy nadie reúne; el consenso territorial, directamente, brilla por su ausencia. Sencillo de enunciar, casi imposible de liquidar.
Nadie da la talla: el diagnóstico más repetido
Los perfiles que se barajan tienen todos un problema de credibilidad o de recorrido. Se cita a figuras del periodismo, como Pedro J. Ramírez, que conocen el diagnóstico pero llevan décadas dentro del sistema que critican. Se apunta a juristas del entorno del MCRC de Trevijano, útiles en lo teórico, sin músculo electoral. En el espectro republicano aparece Rubén Gisbert, al que una parte ve demasiado joven para el papel y otra le reprocha más perfil mediático que de estadista. De los que tienen escaño, en fin, se da por supuesto que nadie moverá un dedo para reformar aquello de lo que vive. Y de la hipótesis de esperar a un militar providencial, mejor ni hablamos.
Gobierno técnico, cívico-militar o de concentración: las recetas de urgencia
Las propuestas más repetidas no apuntan a un líder carismático, sino a fórmulas colectivas: un gobierno provisional de civiles y militares de trayectoria intachable, un gabinete de tecnócratas o un gobierno de concentración nacional. Enfrente, el argumento de que semejante volantazo no se improvisa y que la división social haría saltar por los aires cualquier ejecutivo de salvación. La propia semántica traiciona la desesperación: cuando se discute quién pilotaría el país en una emergencia, el crédito del sistema ya está bajo mínimos.
El referéndum vinculante que ningún partido pone en su programa
Una de las corrientes más tenaces propone importar el modelo suizo de referéndums vinculantes. El dato que descoloca: en cuatro décadas, ningún partido estatal lo ha llevado en su programa, tampoco Vox, precisamente el que más rentabiliza el discurso regeneracionista. La explicación que se da es cruda: ningún partido va a legislar contra su propia capacidad de bloquear decisiones desde el escaño. Un referéndum vinculante les quita el juguete.
La fatiga que acaba en escapismo
Cuando el diagnóstico se agota, aparece la huida. Convive la propuesta surrealista —un gobierno de concentración formado por streamers— con el deseo confesado de emigrar a Australia o con la fantasía de mudarse a países donde los conflictos vecinales se resuelven a golpe de ley y orden. La broma y el billete de avión comparten raíz: la sensación de que aquí ya no hay nada que arreglar. En una franja minoritaria, ese malestar coquetea con vías de fuerza que no merecen espacio. El descontento es real; las soluciones siguen sin aparecer.
España, dicen, necesita un salvador. El problema es que la lista de candidatos la engrosan youtubers, tecnócratas sin cartera y algún republicano al que aún le falta rodaje. Puede que el hueco no esté vacío porque falten aspirantes, sino porque el papel —ese que nadie quiere firmar— no le conviene a casi nadie. Esperar al elegido que cambie el Régimen del 78 es como esperar a que el lotero llame a tu puerta: puede pasar, pero no pondría la hipoteca.