Solución a TODOS los MALES de ESPAÑA: Proceso Constituyente Federal sin privilegios medievales

Once puntos para refundar España: federación, referéndum y adiós al Rey​

Una propuesta para disolver el régimen de 1978 y abrir un proceso constituyente recorre los mentideros económicos con una promesa ambiciosa: contentar al 100% de los españoles, sin importar ideología ni procedencia. El paquete incluye once puntos que van de la abolición de la monarquía a la pena de muerte para terrorismo, pasando por un referéndum de adhesión en cada comunidad autónoma. El autor del planteamiento confiesa haber pasado 24 horas sin dormir dándole vueltas a las imágenes de cargas policiales contra jóvenes, ancianos y madres.

La primera reacción no fue precisamente unánime. Quien abrió el fuego avisó de que ni vascos ni navarros ni catalanes lo permitirían. La respuesta llegó con una lógica que suena a ultimátum: si no quieren, votan que no y se independizan. Adiós muy buenas.

Qué propone exactamente el proceso constituyente​

El decálogo refundacional arranca con la supresión de lo que llama privilegios del Antiguo Régimen: fuera monarquía y fueros altomedievales, cada español exactamente igual a otro. Solo una nación, España. Cada comunidad autónoma vota en referéndum si se adhiere a la federación resultante, y las que digan no se buscan la vida. El Rey queda cesado por supresión del puesto de trabajo, con indemnización según tablas salariales.

El punto ocho toca uno de los nervios del sistema: los políticos no eligen jueces, se eligen entre ellos. El nueve introduce un plus de 30 diputados para quien gane las elecciones, y el diez recupera la pena de muerte para terrorismo y delitos calificados de execrables. El once cierra con igualdad de derechos y deberes.

La acogida fue dispar. Un análisis recurrente sostiene que esto no es más que trocear España y abrir una balcanización repetible cada cierto tiempo. Otro apunta a que la comunidad autónoma es el hijo más abyecto del régimen que se dice querer disolver, y que aceptarla como unidad de decisión es una contradicción de base.

El problema de federar lo que ya está unido​

La objeción más repetida no es ideológica, es lógica. Si en España el sujeto político ya es la nación, federarse es un proceso unificador por definición, y no se puede unificar lo que ya está unido. Para federalizar habría que separar primero. De ahí que se concluya que el federalismo en España no tiene sentido y que quien lo defiende desde posiciones progresistas hace el ridículo.

Hay quien va más lejos y niega la premisa: España es en todo caso un Estado, nunca una nación. La discusión derivó hacia el modelo territorial óptimo. Una corriente defiende que España siempre funcionó mejor con poder local fuerte y administración central para defensa, exterior, justicia, educación y grandes proyectos, con sanidad y servicios en los ayuntamientos. Otra recuerda que todos los países se han formado integrando unidades menores y que Europa avanza en esa dirección.

El café para todos también tiene su lectura: algunos sostienen que el reparto real es café solo para tres, Cataluña, País Vasco y Madrid.

El dinero, la financiación y la ruptura que no llega​

El eje económico del asunto aparece pronto. Se argumenta que la dependencia comercial entre Cataluña y el resto es altísima y que la secesión dañaría el mercado. La réplica es que España es mercado cautivo de productos catalanes caros y de mala calidad por motivos políticos, y que sin ese corsé se podría comprar alemán, holandés o italiano, mejor y más barato. La contrarréplica: la identidad no se vende, lo que buscan las élites es no rendir cuentas.

Sobre la ruptura, el diagnóstico es pesimista. Se sostiene que para una ruptura rápida hace falta conflicto violento en la calle, y que no lo hay. La mayoría de quienes se manifiestan no estarían movidos por la unidad de España, sino por tener que perdonar miles de millones. Con el estómago lleno, la derecha sería de boquilla. El cálculo completo de quién paga qué, desglosado territorio a territorio, da para un tratado.

La vía fiscal aparece como alternativa: si se quiere acabar con un régimen así, hay que cortarle la financiación, evitar impuestos y capturar todo lo posible de los fondos europeos hasta que el sistema deje de sostenerse.

Reformas, penas y otras salidas al laberinto​

Frente al proceso constituyente, otra corriente propone reformas concretas: sistema electoral, pensiones, administraciones públicas. Segunda vuelta presidencial para no depender de socios nacionalistas, diputados de distrito de verdad y no listas a dedo, gobierno de los jueces elegido por jueces y académicos sin intervención política.

La pena de muerte genera rechazo inmediato. Se advierte de que la definición de terrorismo se ha estirado hasta incluir romper el cristal de un coche, y que con esa puerta abierta la medida es un peligro. También hay quien recuerda que el régimen anterior no se autodisolvió realmente: hubo continuidad institucional, dos partidos en alternancia pactada y un PSOE que renació cuando antes no existía.

Las propuestas de participación directa cierran el círculo. Se plantea que los partidos dejen de intermediar y que los ciudadanos voten directamente leyes y decisiones de Estado, algo técnicamente posible y que no se hace porque concentrar el poder conviene a quien lo tiene y a los lobbies que solo necesitan comprar a unos pocos.

¿Y si el problema no fuera el diseño institucional, sino que ningún sistema aguanta con la población que lo habita?