Resultado electoral sin Cataluña ni País Vasco

El Congreso sin Cataluña ni País Vasco, según un cálculo del debate​

Haga la resta, propone un participante. Un hemiciclo de 284 escaños, mayoría absoluta fijada en 143, y el tablero cambia de dueño: PP 128, PSOE 98, VOX 31, Sumar 23 y cuatro diputados sueltos repartidos entre Bildu, BNG, Coalición Canaria y UPN. La derecha suma 159, dieciséis por encima del umbral.

El ejercicio es sencillo; el debate que abre, incómodo. Si esas dos comunidades aportan más bloqueo que riqueza, la conversación deja de ser un problema de sumas y se convierte en una pregunta sobre el encaje territorial del país. Lo llamativo no es el resultado, sino que hay quien sostiene que ese resultado lleva legislaturas repitiéndose.

Qué cambia en el Congreso y cuánto pesa cada comunidad​

La distorsión que se señala no depende de una elección concreta. En 2023 la derecha arrancó el recuento con 56 diputados menos atribuibles a esas dos comunidades, frente a los 10 que aportaron al bloque contrario, según otro participante; en 2019 la brecha fue algo mayor, de 59 frente a 7. Con esas cifras sobre la mesa, la tesis es que la gobernabilidad se decide en un puñado de escaños elegidos fuera de las provincias donde se dirimen los grandes bloques.

Quien defiende el escenario lo describe como una España más manejable y algo menos escorada, con alternancia entre derecha e izquierda parecida a la que ya ha existido. Quien lo rechaza responde con la letra pequeña: los 284 escaños no son un país distinto, son el mismo país con una parte amputada.

El voto de izquierdas en las regiones con más renta​

Los porcentajes que circulan son el otro pilar del argumento. En Cataluña, más del 65% de los votos son de izquierda, más de la mitad de extrema izquierda, según esa lectura. En el País Vasco la proporción supera el 60%, con más del 40% en el mismo tramo. La conclusión que se repite es que no hay parangón en Europa: regiones con la renta más alta de su país votando de forma mayoritariamente izquierdista elección tras elección.

A esa paradoja se añade otra que desconcierta a quien la señala: formaciones de derechas como el PNV y Junts terminan operando dentro del bloque de izquierda. Las explicaciones que se cruzan son variadas: la ley d'Hondt, la forma de elección del presidente del Gobierno, un relato de agravio frente a Madrid, un ecosistema informativo y educativo sostenido con dinero de todos y, sobre todo, el interés. «No es solidaridad ni internacionalismo, es ventaja», resume esa corriente: apoyar al Gobierno se paga en competencias y en dinero.

Ni motor ni excepción: el PIB que ya no sostiene el relato​

Durante décadas el argumento económico fue indiscutible. Hoy se discute. El PIB vasco y el catalán, sumados, pesarían en torno a lo que pesa su población, y hay quien sostiene que han dejado de ser los grandes motores del país: en el caso vasco se describe una economía sostenida por las pensiones y el empleo público, y en clave industrial se afirma que Sevilla ya ha superado a Vizcaya, con el horizonte asturiano como espejo.

El contrapunto llega desde otro ángulo del mismo debate: Portugal es más pobre que España y, según esta lectura, también más feliz. Y hay una factura que no se puede olvidar en ninguna resta: si una parte se va, se lleva su correspondiente parte de la deuda.

De ilegalizar partidos a cerrar el grifo de las televisiones autonómicas​

El catálogo de recetas que aparece es amplio y va de lo contundente a lo técnico. Ilegalizar las formaciones independentistas. Exigir por ley que un partido se presente en todas las provincias y saque diputado en al menos diez para contar. Reservar la representación territorial al Senado y dejar el Congreso para otra cosa. Doble vuelta electoral. Cortar la financiación pública de televisiones autonómicas y del sistema educativo. Eliminar el sistema autonómico. Y una gran coalición entre PP y PSOE al estilo alemán, con pacto de Estado previo.

En el fondo del asunto asoma el régimen foral, con el canon a vehículos pesados que fija el Decreto Foral 12/2023 de la Diputación de Bizkaia como recordatorio de que hay normativa que se decide al margen del Congreso.

El coste de la operación: millones de españoles que se quedarían fuera​

La objeción más repetida no es económica. No se puede dejar tirados a millones de vascos y catalanes que se sienten españoles, y bastante tienen ya, sostiene esa parte. Hay un segundo aviso, más político: si desaparece la cuestión territorial, desaparece también uno de los principales motores de voto de la derecha en el resto del país, de modo que el escenario de 284 escaños es, en sí mismo, una hipótesis que se muerde la cola.

Desde otro flanco se apunta que el problema no son las dos comunidades, sino la mitad del país que acepta el pacto con quienes quieren salirse. Y una idea que reaparece: los partidos independentistas nunca han formalizado la salida, el apoyo a la independencia se ha ido desinflando y lo que realmente buscan es negociar y cobrar. Sobre quién se empeña en retener esas regiones hay también respuesta: el ciudadano de a pie, poco; el establishment de Madrid, bastante.

Queda una trampa lógica que nadie desmonta del todo. Si esas dos comunidades son las que deciden quién gobierna una nación, entonces el problema no está en ellas. Está, por pura aritmética, en los demás.

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Datos clave del escenario

• Congreso resultante sin Cataluña ni País Vasco: 284 escaños, mayoría absoluta en 143.
• PP 128, PSOE 98, VOX 31, Sumar 23, Bildu 1, BNG 1, Coalición Canaria 1 y UPN 1.
• Diferencia de escaños atribuida a las dos comunidades: 56 frente a 10 en 2023 y 59 frente a 7 en 2019.
• Voto de izquierda: más del 65% en Cataluña y más del 60% en el País Vasco.