¿Son los pensionistas el colectivo más egoísta del país?

Pensiones: 10 millones de votos que ninguna reforma se atreve a tocar​

¿Son los pensionistas el colectivo más egoísta del país? La pregunta arrancó con un vídeo que acusa a los jubilados de votar en bloque para salvar su nómina mientras hipotecan la de sus nietos. De quien firma ese vídeo se recuerda, en la misma conversación, que trasladó su residencia fiscal a Andorra; otro participante responde que allí también se pagan impuestos. Lo que sigue sin resolverse es lo de fondo: si el problema es el jubilado, el político que no se atreve a tocarle la pensión o un sistema que nadie calculó para durar tanto.

¿Por qué ninguna reforma de las pensiones sale adelante?​

Porque el bloque pensionista vota, y no falla. La tesis más repetida en el análisis económico de sobremesa es que 10 millones de pensionistas acuden a las urnas con una fidelidad que ningún otro colectivo iguala, y que cualquier formación que proponga recortar o congelar las pensiones actuales firma su sentencia electoral. No hay que buscar más lejos: si nadie ha intentado la reforma en serio, viene a decirse, es porque el premio dura cuatro años y la factura política llega el día siguiente.

De ahí sale la hipótesis más incómoda del asunto: el ajuste acabará imponiéndolo Bruselas, no Madrid. Y cuando llegue, con el margen agotado, será bastante más duro de lo que habría sido hace dos décadas. Se cita una única excepción reciente, la reforma que el gobierno de Rajoy activó con el empujón de la _Troika_, después derogada por el PSOE, que desde entonces la agita en cada campaña. Confíe usted en que esta vez la factura llegará con membrete europeo y sin rueda de prensa.

Cómo funciona el sistema de reparto, en números​

Las pensiones de hoy se pagan con las cotizaciones de los trabajadores de hoy. Eso es el reparto, y el ejemplo que circula lo ilustra sin adornos: veinte personas cobrando 1.000 euros y ochenta aportando exigen extraer 20.000 euros de las nóminas de esos ochenta trabajadores, que ingresan 1.500 brutos cada uno.

Sobre ese esqueleto, el desacuerdo es total. Una corriente sostiene que a los doce años de jubilación ya se ha recuperado todo lo cotizado, y que quien llega a los 90 pasa más de una década cobrando a cuenta de los de abajo. La respuesta contraria señala el detalle que suele olvidarse: ese cálculo ignora la rentabilidad que habrían dado cuarenta años de aportaciones invertidas por cuenta propia. Nadie guarda el dinero en una caja para empezar a gastarlo cuatro décadas después.

El 60% que cobra del Estado: la cifra que nadie cuadra​

Aquí los números empiezan a discutirse. La cifra más lanzada —que el 60% de los adultos cobra del Estado— se apoya en una lectura de la EPA de 2023: si autónomos y asalariados suman el 43% de la población en edad de trabajar, el 57% restante o cobra del Estado o no cobra nada. De ese saco salen 22 millones de personas: jubilados, empleados públicos, perceptores de rentas mínimas, amas de casa, estudiantes y un resto sin cuantificar que nadie firma.

El reparo es evidente. Dentro de ese porcentaje caben inactivos que no reciben un euro público, y las estimaciones se mezclan con datos desconocidos. Quien defiende la tesis del bloqueo insiste en que ese conjunto hace inviable cualquier ajuste: se habla de un robo colectivo que la generación anterior consintió y del que se beneficia. Quien rebate responde que los pensionistas con pensión contributiva son siete millones, y que a los más recientes les habría salido mejor no cotizar un duro y ahorrar por su cuenta. Donde unos ven un expolio, otros ven un seguro. El seguro, claro, tiene letra pequeña.

El agravio que va más allá de la nómina​

El reproche no se queda en la pensión. Se acusa a esa generación de haber frenado durante décadas la construcción de vivienda y de señalar ahora a los jóvenes por no poder pagar un alquiler, de haber levantado el país para dejar después a los hijos en casa hasta los cuarenta. El contragolpe llega rápido: cotizaron toda su vida por ley, se partieron el lomo en fábricas y obras con sueldos que hoy nadie aceptaría, y no hay motivo para que renuncien a lo que les corresponde. Hay quien admite, sin pudor, que en su lugar haría exactamente lo mismo: apretar con el voto para no perder lo conseguido.

Un apunte sobre el que casi todos coinciden: hay jubilados de primera y de segunda. Un varón que cotizó por la base máxima durante 45 años poco tiene que ver con una viuda que no cotizó en su vida y cobra complemento a mínimos, complemento por maternidad y alguna prebenda más. Meterlos en el mismo saco ya es, de por sí, una injusticia. Alguien resume su biografía en dos líneas: mil pesetas cotizadas al mes en 1977 y jubilación a los 52 en el sector del metal. Con retintín.

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El ajuste que nadie firma en campaña electoral​

Nadie ha presentado una fórmula que contente a la vez al que cobra y al que paga. Congelar, recortar o retrasar sigue siendo ruina electoral en cualquier escenario. Vincular la pensión al patrimonio o a los ingresos es una de las ideas que se lanzan cuando se pide una salida. Y mientras tanto, los que aún no se han jubilado hacen cuentas y descubren que el sistema que les prometieron se lo están pagando ellos mismos.

Tranquilos: del ajuste se encargará Europa, y sin dar las gracias.