Sumar quiere cuotas de migrantes en la función pública

Sumar propone cuotas de migrantes en la administración y las empresas​

Sumar quiere reservar cuotas de acceso a migrantes en las instituciones públicas y en las empresas. La propuesta llega sin porcentajes, sin mecanismo de aplicación y sin aclarar si hablamos de extranjeros residentes o de nacionalizados. Y ahí arranca el problema: varios participantes recuerdan que buena parte del empleo público de ámbito nacional exige nacionalidad española o de la UE, de modo que la cuota tendría que decidir antes a quién deja presentarse. La primera reacción no ha sido ideológica, sino de fontanería legal. Antes de discutir cuántos, hay que discutir quién puede opositar.

El requisito de nacionalidad, en el centro del debate​

En el hilo se apunta que en las oposiciones de ámbito nacional se exige nacionalidad española, mientras que en las autonómicas y locales la regulación sería más abierta y admitiría otros supuestos. Con ese mapa, una cuota de migrantes en la administración se queda sin sujeto: o se aplica a españoles nacionalizados —y entonces toca separar entre nacidos y naturalizados, con el conflicto que eso abre— o hay que cambiar la ley. El requisito de nacionalidad dejaría la cuota en papel mojado antes de aplicarla. Quien busque el detalle encontrará que el punto se discute más por lo que implica que por lo que dice la norma.

Hay quien va más lejos y califica la medida de inconstitucional, añadiendo que si llegara a implantarse sin que el Tribunal Constitucional la tumbara, el problema ya no sería la cuota sino el marco entero. Es el argumento más ruidoso y el menos demostrado de cuantos circulan.

La cuota contra el mérito: el argumento que domina​

El eje económico es otro. Un funcionario se paga con impuestos de todos, y hacer partícipes de un empleo estable y protegido a quienes no tienen historial fiscal previo se lee, en buena parte de las respuestas, como un agravio. El mérito como criterio único reaparece en cada tramo de la conversación. Si la plaza se asigna por cuota, ¿qué se le dice al que sacó mejor nota y se quedó fuera? La pregunta se responde sola en los mensajes más duros y se matiza en los más templados.

El corolario es la lista. Mujeres, migrantes, personas con discapacidad, LGTBI, personas trans. ¿Dónde se para? La enumeración se repite con sorna, y de ahí sale la única cuota que se acepta casi sin discusión: la de discapacidad. Con los calvos y los bajitos como caricatura de cierre, el argumento apunta a un problema de diseño: cuota por cuota, cualquier colectivo puede reclamar la suya.

A esto se suma el cálculo del opositor de a pie. La broma recurrente es comparar la cuota con prometer 20.000 euros a todos los aprobados, como ejemplo de anuncio imposible de cumplir que solo busca el voto antes de las elecciones.

El precedente de EEUU: notas, bonificaciones y vetos por seguridad nacional​

La comparación con Estados Unidos funciona como espejo. Según algunos participantes, allí existen bonificaciones por contratación según raza y notas de acceso a la universidad distintas según el origen, y al mismo tiempo muchos puestos de la administración y de sectores estratégicos están vetados para quien no tiene la ciudadanía, por seguridad nacional. Según los críticos, nadie propone allí cuotas de migrantes para la función pública, y el contraste les da munición. El paralelismo se estira hasta las políticas de diversidad y su factura electoral, un trasvase que este lado del Atlántico mira con recelo.

La paradoja de la casta​

Está la contradicción interna. La formación que se presentó como azote de la casta propone ahora repartir cuotas, y la acusación de fabricar castas nuevas se escribe sola. A eso se suma un detalle incómodo: en las listas y en los cargos públicos de la propia formación no abundan los perfiles migrantes. Tampoco se habla de cuotas para el Congreso de los Diputados, el Consejo de Ministros o las candidaturas electorales. La cuota se pide para la administración, no para los escaños.

¿Suma votos o los resta?​

El cálculo político cierra el recorrido. Hay quien ve en la medida una forma de captar voto migrante, y quien duda de que ese voto exista como bloque o de que se mueva por una promesa así. Enfrente, la hipótesis de que el anuncio movilice a un electorado que hasta ahora se quedaba en casa, y la contraria: que quien se ofende ya no votaba a esta formación. Queda el apunte más simple, medio en broma: quizá esos migrantes trabajen, y esa sería la novedad en según qué ventanillas.

El asunto se atasca exactamente donde empezó. Sin porcentajes, sin encaje legal claro y con un coste electoral que nadie firma. La cuota existe en el titular; en la práctica, todavía no tiene sujeto.