El caso Errejón, la prueba de estrés de la industria del género
¿Puede un solo juicio derrumbar todo lo construido por el feminismo de cuarta ola desde el verano de La Manada? La pregunta sobrevuela el proceso contra Íñigo Errejón, la denuncia de Elisa Mouliaá y el entramado institucional levantado alrededor de la igualdad de género en España. No es solo un caso judicial: es un test de resistencia para un sector que mueve dinero público y legitimidad política.
Una maquinaria de asesorías, comités y subvenciones
El debate económico del caso no se centra tanto en la culpabilidad o inocencia del exdiputado como en el andamiaje que habría que desmontar si el relato se resquebraja. La estructura es conocida: consejos de la mujer, comités de expertas, asesoras de igualdad, grados universitarios, gabinetes de comunicación y decenas de organismos autonómicos y estatales. Todo ello financiado con partidas presupuestarias que se han ido consolidando durante las últimas dos décadas. La cifra que circula es contundente: un millón de denuncias por viogen desde 2004. Para una corriente de análisis, ese volumen justifica una industria que, una vez creada, difícilmente se desmonta por un solo caso, por muy mediático que sea.
Presunción de inocencia frente a relato
La defensa de Errejón ha puesto sobre la mesa preguntas incómodas: por qué la denunciante no dijo no, por qué se subió al taxi, por qué tardó tres años en denunciar. La acusación, según se desprende del proceso, intenta retrasar la declaración del político, mientras la defensa pide el sobreseimiento. El caso se ha convertido en un escaparate de la tensión entre la presunción de inocencia y la lógica de la denuncia como herramienta política. Los críticos sostienen que el movimiento ha generado un marco en el que la palabra de la denunciante pesa más que los hechos objetivos. Los partidarios de la acusación, por el contrario, ven en el proceso una victoria del viejo garantismo sobre la protección a las víctimas.
¿Y si el relato se cae?
La consecuencia más temida es que un fallo absolutorio se convierta en un arma para desmontar políticas de igualdad. Pero el escepticismo también juega en contra de esa posibilidad: el entramado no depende de un solo caso, sino de un consenso social y político muy amplio. La banca siempre gana, se dice en los análisis más cínicos. Aun así, el caso ya ha dejado un efecto colateral: la carrera política de Errejón ha terminado, como reconoce hasta el sector más crítico con la denuncia. La condena social, en este caso, ha ido por delante de la judicial.
La pregunta que queda flotando es si el feminismo institucional puede permitirse el lujo de perder a uno de sus símbolos sin que se tambalee todo lo demás. La respuesta, a la espera del fallo, sigue en manos de los tribunales. Y de un presupuesto que, pase lo que pase, seguirá pagando las facturas.