El Gobierno lanza una polémica línea de ropa que ya suma 15 millones de gasto público
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha puesto en marcha una iniciativa que ha encendido todas las alarmas: una línea de ropa oficial promovida desde Moncloa que, según las cifras que circulan, habría consumido hasta 15 millones de euros de dinero público. La noticia, difundida inicialmente a través de canales no oficiales, ha generado un torrente de críticas que cruzan el espectro político.
¿De dónde salen los 15 millones?
Según los datos que han trascendido, el proyecto incluye el diseño y producción de prendas —principalmente chándales y camisetas— con un coste que algunos sitúan en 7 millones y otros en 15. Las cifras, difíciles de verificar por la opacidad del proceso, apuntan a que una parte significativa se habría destinado a campañas de promoción en redes sociales, con influencers como supuestas prescriptoras. El desembolso ha sido justificado por fuentes gubernamentales como parte de una estrategia de marketing político, pero la ausencia de una licitación transparente ha levantado sospechas.
La sombra de la corrupción planea sobre el asunto. Diversos analistas recuerdan que el Gobierno ya ha sido criticado por adjudicaciones directas a empresas vinculadas al entorno familiar de Sánchez, como ocurrió con la presunta contratación de la mujer del presidente, Begoña Gómez, en proyectos similares. Aunque no hay confirmación oficial, el patrón se repite.
La reacción ciudadana: entre la indignación y la sátira
La respuesta en las redes y foros de economía ha sido inmediata y mayoritariamente negativa. Se critica que, mientras los ciudadanos sufren una inflación desbocada y recortes en sanidad, el Gobierno destine millones a una línea de ropa que muchos califican de «chándal bolivariano». La comparación con regímenes autoritarios que imponen uniformes a la población ha sido recurrente, aunque sin base real más allá de la estética.
También ha llamado la atención la participación de figuras controvertidas en la promoción, como la influencer Marina Rivers, lo que ha alimentado la teoría de que el dinero público se está usando para pagar a «influencers afines». El coste de oportunidad es el argumento central: cada euro gastado en esta ropa es un euro menos para hospitales o carreteras.
Un precedente peligroso
Esta no es la primera vez que un gobierno utiliza fondos públicos para campañas de imagen personal. Pero el volumen del gasto y la frivolidad del producto —ropa de marca gubernamental— marcan un punto de inflexión. Si se confirman las cifras, estaríamos ante un caso de malversación de fondos que podría tener consecuencias judiciales. La oposición ya ha anunciado que pedirá explicaciones en el Congreso.
El tiempo dirá si esta polémica queda en anécdota o se convierte en el próximo gran escándalo de la legislatura. Por ahora, el dato es tozudo: 15 millones de euros que nadie pidió y que muchos consideran un insulto a la inteligencia del contribuyente.