Tremendo pucherazo latino nos ha cocinado el Tito Sanchez.

Un tuit afirma 1.500 nacionalizaciones al día en el consulado de Rosario​

Un consulado no debería mover más expedientes de nacionalidad que una fábrica de tornillos. Y sin embargo, eso es lo que se ha puesto sobre la mesa a mediados de septiembre: según un tuit difundido en el debate, la oficina consular española en Rosario habría pasado de tramitar alrededor de un millar de nacionalizaciones al año a tramitar 1.500 al día, con equipos trabajando supuestamente a destajo las 24 horas. La información circuló junto a una portada sobre un audio atribuido a la que fuera secretaria general del PSOE en Argentina, en el que —según lo publicado— se habla de pasaportes de fallecidos para votar por correo en las generales del 23J de 2023. Dos acusaciones, una misma sospecha: que el censo exterior se ha convertido en una puerta lateral al poder.

El audio atribuido al PSOE de Argentina​

La pieza central del caso es un audio que, de acuerdo con las informaciones difundidas, mostraría a la responsable socialista en Argentina animando a sumarse a «un circuito de compañeros» para captar votos de cara a las generales de 2023. La acusación, todavía sin resolución judicial conocida, sostiene que se habrían llegado a utilizar pasaportes de personas fallecidas para emitir voto por correo desde el exterior. Conviene ser explícito: se trata de una imputación periodística, no de un hecho probado. Pero su contenido ha reabierto una pregunta incómoda que lleva años rondando: cuánto pesa realmente el voto de los españoles en el exterior y hasta qué punto se controla.

Voto CERA y voto por correo: dos circuitos, dos pucherazos posibles​

En el voto exterior conviven dos mecanismos distintos que a menudo se confunden. Por un lado está el registro consular de españoles residentes —el CERA—, que permite votar presencialmente en la embajada o por correo, siempre que el votante esté inscrito. Por otro, el voto por correo ordinario dentro de España, ese que emite quien está trasladado, ingresado o simplemente fuera de su municipio. Un participante del debate avisa: los dos pueden manipularse en paralelo, y el segundo es el que casi nadie vigila. Un dato que se ha señalado: desde hace unos años, la inscripción en el CERA se ha vuelto obligatoria para cualquier trámite consular, lo que engorda el registro.

Por qué revocar una nacionalidad ya concedida es un laberinto​

El consulado de Rosario no es un caso aislado, según se sostiene en el debate: sería la punta del iceberg de la llamada Ley de nietos. Según los cálculos que se manejan, ese proceso habría sumado alrededor de 2,4 millones de nuevos españoles, a los que se añadirían cerca de 1,2 millones de regularizaciones. El plazo habría cerrado el 22 de octubre de 2025. Y aquí llega el problema que casi nadie quiere mirar de frente: según los análisis que circulan en el debate, anular una nacionalidad concedida exigiría, en la práctica, un procedimiento judicial individualizado —policía, pruebas, testigos, juzgado, recursos, expulsión—. Multiplicado por millones de expedientes, el sistema judicial tardaría medio siglo. El cálculo completo, expediente a expediente, es lo que deja en evidencia la magnitud del atasco.

De fondo queda la constatación más incómoda: que quien quiera revertir esto por la vía legal necesita décadas, y quien quiera aprovecharlo solo necesita que nadie mire. ¿Se atreverá alguien a auditar, uno por uno, lo que ya está dentro?