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Alquiler de cuentas en apps de reparto: el fraude que nadie fiscaliza​

La narrativa oficial insiste en que los inmigrantes cubren empleos que los españoles rechazan, pero la realidad del mercado de reparto a domicilio revela una trama más compleja. Según datos recogidos en el sector, en plataformas como Glovo o Just Eat se ha normalizado la práctica de alquilar cuentas de usuarios registrados a trabajadores sin papeles o sin permiso de conducir. El mecanismo es sencillo: un español (o residente legal) cede su perfil a cambio de un porcentaje de los ingresos, que puede llegar al 30%. Así, la empresa contrata formalmente a quien tiene documentación, pero quien reparte es otro.

El 70% para el que trabaja: el precio del riesgo​

El reparto de ingresos en estos acuerdos informales es llamativo. El propietario de la cuenta se lleva alrededor del 70% de lo facturado, mientras que el repartidor real, que asume los riesgos (multas, accidentes, sin cobertura), se queda con el 30%. La lógica es que la cuenta es el activo valioso: sin ella, no hay acceso a los pedidos. Se han documentado casos de repartidores que utilizan la cuenta de sus parejas o familiares, y de trabajadores que prestan servicio con la moto sin carnet de conducir. Todo ello opera en la más absoluta opacidad fiscal.

Votantes futuros y debates politicos​

La discusión trasciende lo laboral. Se ha señalado que la Ley de Nietos y otras medidas podrían acelerar la regularización de estos trabajadores, lo que abriría la puerta a un caudal de nuevos votantes. Las cifras que se manejan, aunque sin fuente oficial, hablan de «un par de millones» de potenciales nuevos electores. Al margen de la hipérbole, el debate refleja la tensión entre la necesidad de mano de obra en la economía de plataformas y la resistencia a formalizar un colectivo que hoy opera en la sombra.

El fenómeno del alquiler de cuentas no es nuevo, pero su magnitud se ha disparado con la expansión del reparto urgente. Mientras las empresas miren hacia otro lado y la Inspección de Trabajo no actúe de oficio, seguirá siendo un agujero negro en el mercado laboral. Y lo que es más grave: un caldo de cultivo para la precariedad extrema que ni los titulares de las cuentas ni los repartidores reales denuncian porque todos tienen algo que perder.