Trump ordena por decreto que bajen los medicamentos entre un 30% y un 80%

Trump anuncia por decreto bajar los medicamentos entre un 30% y un 80%​

Donald Trump anunció por decreto una rebaja de entre el 30% y el 80% en el precio de los medicamentos recetados en Estados Unidos. Lo hizo con un mensaje en el que prometía firmar «una de las órdenes ejecutivas más importantes en la historia de nuestro país» en la Casa Blanca, y con una cifra que suena a titular de campaña: los precios se reducirán «casi de inmediato» y el país ahorrará «billones de dólares». La letra pequeña —quién paga la diferencia, qué pasa con el resto del mundo— es donde empieza el problema.

El mecanismo que anuncia es una política de nación más favorecida: Estados Unidos pagará por cada fármaco el mismo precio que la nación que lo compre más barato. La idea, sobre el papel, es sencilla. En la práctica, implica que el diferencial que hoy asumen los pacientes estadounidenses se reparta de otra manera. Y ahí es donde el consenso se rompe.

El Epipen de 18 euros y el de 3.000 dólares​

El ejemplo que recorre el asunto es el de la adrenalina autoinyectable. En España, un Epipen cuesta entre 5 y 18 euros. En Estados Unidos, el mismo dispositivo se ha llegado a vender por cifras que multiplican esa horquilla hasta extremos difíciles de justificar. No es un fármaco nuevo, ni un desarrollo reciente: es un artilugio con patente blindada y sin competencia real.

Ese es el núcleo del problema. La empresa que controla la patente del sistema autoinyectable no tiene rival, y sin rival fija el precio que le conviene. No hay genérico que lo sustituya, no hay importación paralela que lo presione. El mercado cautivo hace el resto.

¿Por qué los medicamentos son más caros en Estados Unidos?​

La respuesta corta: porque la legislación estadounidense impide la competencia interna y bloquea la importación desde países donde el mismo fármaco cuesta una fracción. Eso crea un mercado protegido donde el laboratorio no compite contra nadie. La respuesta larga incluye colusión entre farmacéuticas y aseguradoras para inflar precios, sobrerregulación y barreras de entrada que solo los grandes pueden pagar.

Hay un caso que ilustra el desmadre mejor que ningún gráfico. La patente de la insulina se vendió por un precio simbólico para que el tratamiento fuera asequible a cualquiera que lo necesitara. Décadas después, el mismo producto que costaba dos dólares se vende por doscientos, y el que costaba treinta se ha ido a los dos mil. No hablamos de moléculas nuevas con investigación detrás: hablamos de fármacos más viejos que la tos.

Control de precios: la etiqueta que nadie quiere​

Aquí el asunto se pone interesante. La medida es, en la práctica, un control de precios. Y eso choca con el relato de Trump como adalid del libre mercado. Quienes defienden la ortodoxia liberal sostienen que intervenir el precio de un sector regulado acaba en desabastecimiento: si el laboratorio no puede ganar lo que esperaba, deja de fabricar, y el que pierde es el paciente. El argumento tiene siglos y no siempre se equivoca.

Enfrente, el cálculo más pragmático: si la insulina pasa de costar 300 euros al mes a 10 o 15 dólares, como en España, el debate ideológico se vuelve secundario. Quien lo plantea así no defiende el decreto por convicción, sino por resultado. Y ese es el punto que descoloca a propios y extraños.

La comparación con España aparece varias veces. Aquí el precio se negocia con el ministerio, y el laboratorio puede subirlo si quiere, pero si no entra en la financiación pública, nadie paga el precio completo salvo quien va a la privada y no mira la factura. La competencia entre laboratorios hace el resto: solo puedes poner el precio que te da la gana si tu fármaco es único en su clase.

Quién paga la fiesta​

La pregunta que sobrevuela todo es la del reparto. Si las farmacéuticas no van a renunciar a su margen, el dinero que hoy ponen los pacientes estadounidenses tendrá que salir de otro sitio. La hipótesis más repetida: se distribuirá entre el resto de países, que verán subir sus precios para igualar el nuevo suelo. El propio anuncio lo insinúa cuando dice que los precios «aumentarán en todo el mundo para igualar».

Eso convierte la medida en un juego de suma cero con trampa: Estados Unidos paga menos, el resto paga más. Para Europa, y para España en particular, la factura farmacéutica podría encarecerse si los laboratorios deciden compensar por la vía de los mercados donde aún tienen margen. Nadie ha explicado todavía cómo se evita ese efecto.

El precedente que nadie cita​

No es la primera vez que un gobierno interviene el precio de un producto esencial. Las mascarillas y los test covid tuvieron precios regulados. La bombona de butano lleva décadas con el precio topado. En ninguno de esos casos las empresas se hundieron ni desapareció el producto del mercado. El argumento del desabastecimiento tiene, por tanto, contraejemplos recientes.

Lo que sí cambia el cálculo es la escala. Regular la bombona es una cosa. Meter mano al sector farmacéutico estadounidense, con sus lobbies, sus patentes cruzadas y su peso en el PIB, es otra muy distinta. Ahí es donde el decreto puede quedarse en anuncio si los tribunales o el Congreso lo frenan.

Lo que queda por ver​

El anuncio promete una firma en la Casa Blanca y una rebaja «casi de inmediato». La realidad tiene más pasos: la orden puede acabar en los tribunales, el Congreso puede tumbarla y las farmacéuticas tienen abogados y tiempo. Mientras tanto, el diferencial entre lo que cuesta un medicamento en España y lo que cuesta en Estados Unidos sigue ahí, sin que nadie haya explicado del todo por qué el mismo producto, fabricado en la misma planta, vale cinco o diez veces más a un lado del Atlántico.

¿Y si al final el decreto solo sirve para que el resto del mundo pague la factura que hoy pagan los estadounidenses?