Un opositor trans adelanta 100 puestos y consigue plaza de bombero en madrid tras registrarse como mujer

Un opositor se registra como mujer y salta del puesto 201 al 101​

El Ayuntamiento de Madrid investiga si hubo fraude de ley en la oposición a bombero en la que un aspirante, registrado con nombre masculino, alegó ser mujer para que el tribunal le recalculara las pruebas físicas con el baremo femenino. Su nota media pasó de 7,2 a 7,895 y del puesto 201 al 101, lo que le dio una de las 126 plazas. El aspirante que había entrado como último admitido presentó una queja formal: con el reajuste se quedó fuera.

El caso, adelantado por ABC, tiene un precedente casi calcado. En abril de 2023, un opositor a la Policía Local de Torrelodones pidió el balón medicinal de menor peso porque se sentía mujer. Se coló entre los aptos y acabó sin plaza al comprobarse que no había hecho el cambio registral en tiempo y forma. Ahora el Área de Seguridad y Emergencias del consistorio madrileño comprueba lo mismo: si la inscripción en el registro como mujer era firme antes de las pruebas o seguía en trámite.

Qué baremos se aplicaron y con qué notas​

Los números son los que son. En la prueba teórica y psicotécnica el aspirante sacó un 6,08; en las físicas, un 8,32 medido con baremo masculino. Media: 7,2, puesto 201. Al publicarse las calificaciones definitivas, esas mismas físicas aparecieron con 9,71 —baremo femenino— y la media subió a 7,895. De ahí el salto al puesto 101 y la plaza.

Las pruebas físicas se celebraron entre el 21 y el 30 de octubre de 2024: carreras de 200 y 1.500 metros, natación, cuerda y torre, y habilidades funcionales. Solo dos mujeres biológicas aprobaron esas evaluaciones. El reconocimiento físico definitivo quedó pendiente para los días 11 al 18 de diciembre.

Hay un detalle que el expediente recoge y que alimenta la sospecha: durante los dos años de academia y también en la semana de las pruebas, el aspirante usó baño y vestuario masculinos, junto a su hermano gemelo, que sí obtuvo plaza compitiendo en su género original. En el examen de natación llevó bañador masculino, como marca la norma del Consejo Superior de Deportes. Si hubiera estado considerado mujer en ese momento, le habría correspondido también la parte superior del traje de baño.

La ley que lo permite y el problema de probarlo​

La clave jurídica está en la propia norma. El único requisito para el cambio registral de sexo es la voluntad de la persona, expresada por escrito. No hace falta informe médico, ni tratamiento, ni reasignación quirúrgica. Sobre el papel, cualquiera puede hacerlo.

Eso deja al ayuntamiento en un callejón estrecho. Para hablar de fraude de ley tendría que demostrar que la declaración de voluntad se hizo con una finalidad distinta de la prevista por la ley —aprobar una oposición— y que el cambio no estaba inscrito antes de las pruebas. La autopercepción, en cambio, no se puede verificar. Ni con peritos. Y cuestionarla por escrito tiene consecuencias: la ley contempla sanciones para quien lo haga.

De ahí que el caso se haya convertido en un pequeño laboratorio de lo que puede venir. Si el sistema admite que la condición de mujer se declara y no se acredita, y a la vez mantiene baremos físicos distintos por sexo, el incentivo está servido: basta con registrarse para competir contra el listón más bajo. No es una hipótesis exótica. Es aritmética.

El elefante en la habitación: dos marcas para el mismo puesto​

La discusión de fondo no es tanto sobre identidad como sobre diseño de las pruebas. Un bombero apaga fuegos, carga peso y arrastra personas. Si el trabajo es el mismo, ¿por qué la marca exigida cambia según el sexo registral? Esa pregunta lleva años respondida con el argumento de corregir la brecha física entre hombres y mujeres. El problema es que, cuando el sexo registral se convierte en un dato autodeclarado, la corrección se puede instrumentalizar.

La queja del aspirante que perdió la plaza apunta justo ahí. No discute la identidad de nadie: discute que se le aplicara un baremo que no se corresponde con su rendimiento real en la pista. Y el consistorio, mientras tanto, mira el calendario registral. Si el cambio estaba inscrito antes, la plaza es suya y el debate es sobre la ley. Si no lo estaba, hay fraude y la plaza vuelve.

Qué puede pasar ahora​

El consistorio no ha anunciado plazos. La investigación se centra en un dato administrativo concreto: la fecha de inscripción. Nada más. Si el registro estaba firme, el expediente se cierra sin más y el precedente queda fijado. Si no lo estaba, se abre la vía de la nulidad y el puesto 126 recupera su plaza.

Con estos mimbres, lo razonable es esperar más casos. No porque haya una epidemia de vocaciones femeninas repentinas, sino porque el coste de intentarlo es cero y el beneficio, una plaza fija. Mientras la ley no exija acreditar nada y los baremos sigan separados por sexo, la puerta estará abierta. Y quien tenga que vigilarla será, precisamente, el mismo tribunal que hoy no puede preguntar.