Última Hora. La Audiencia Nacional ordena bloquear Telegram en España.

Pedraz ordena bloquear Telegram y lo suspende horas después​

¿Se puede dejar sin mensajería a más de ocho millones de personas por una denuncia sobre derechos de autor? En marzo de 2024, el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz firmó un auto que ordenaba el bloqueo cautelar de Telegram en España a instancias de Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus+, que acusaban a la plataforma de alojar contenido audiovisual protegido sin autorización. El juez daba tres horas a las operadoras para cortar el servicio.

El expediente venía de lejos. El 28 de julio de 2023 ya se había remitido una comisión rogatoria a las Islas Vírgenes solicitando a Telegram datos técnicos para identificar a los titulares de las cuentas usadas para la infracción. Sin respuesta, el auto concluyó que no quedaba otra: «La falta de colaboración de las autoridades de las Islas Vírgenes a las que se les pedía una actividad de comunicación a los responsables de la red social provoca que deban adoptarse las medidas cautelares solicitadas por las acusaciones particulares», recogía el escrito.

¿Por qué se ordenó el bloqueo de Telegram en España?​

El origen es una demanda por uso no autorizado de contenido audiovisual sometido a derechos de autor. Traducido: canales que llevaban tiempo distribuyendo partidos y programas, y contra los que las televisiones querían identificar a los titulares. El juez se lo pidió a Telegram. Telegram no contestó. Y el auto acabó señalando a la aplicación entera.

La desproporción es el argumento que más se repitió entre juristas y técnicos, que recibieron la noticia con estupefacción. La medida apuntaba a unos titulares concretos y caía sobre 900 millones de usuarios en el mundo, más de 8,5 millones de ellos en España. Hay quien lo comparó con cortar la luz a media España porque Endesa tiene una denuncia de Hacienda. Otros recordaron que bloquear una aplicación no borra los canales: solo los traslada.

Tres horas de plazo y la aplicación seguía abierta​

La orden concedía tres horas a las operadoras para cortar los recursos asociados a Telegram. Pasado el plazo, la aplicación seguía funcionando con normalidad, y el asombro se mezcló con la burla. En pocas horas, los grupos que compartían fútbol pirata difundían instrucciones para seguir conectados: listas de servidores, proxies y versiones descargables al margen de las tiendas de aplicaciones.

Ahí asomó el escollo técnico. Los servidores de Telegram están descentralizados y el tráfico circula cifrado, de modo que discriminar qué paquetes de datos pertenecen a la aplicación no es tan simple como bloquear un dominio o una dirección IP. A eso se suma que existe una versión alojada en la web oficial del servicio, fuera de Google Play, que esquiva el cierre de la tienda. Puertas al campo, resumía el sentir general.

¿Basta bloquear Telegram para frenar la piratería?​

No, según la mayoría de los análisis que circularon. El contenido no vive en la aplicación: vive en canales que pueden migrar a otros servicios en cuestión de horas. Bloquear la app eleva la barrera técnica y recorta la audiencia menos experta, pero deja intacto el problema de fondo, que es la identificación de quien distribuye.

Hay quien sostiene lo contrario con un matiz interesante: aunque los más expertos sigan accediendo con VPN y descargas directas, la dificultad de entrada expulsa a la masa de espectadores ocasionales, que volvería al circuito tradicional o a canales nuevos. Es el único argumento con una lógica medible dentro de una medida que, a primera vista, no lo parecía.

Y en paralelo corre un debate mayor: hasta qué punto una tecnológica responde de lo que se hace con su infraestructura. La pregunta no es nueva, pero con Telegram dejó de ser académica.

El bloqueo que nunca llegó a aplicarse​

Horas después, Pedraz suspendió la medida a la espera de un informe de la Comisaría General de Información. La aplicación no llegó a caerse en ningún momento. Entre quienes seguían el asunto circuló la lectura de que el ruido público pesó más que cualquier duda técnica: si nadie hubiera dicho nada, la orden se habría ejecutado.

Hay quien menciona también la detención de Pavel Durov, el multimillonario ruso que fundó Telegram en 2013. Una parte del análisis sostiene que responde a un movimiento de Estados Unidos y no de Francia. El caso sigue abierto.

El bloqueo se suspendió, la aplicación nunca se cayó y la comisión rogatoria a las Islas Vírgenes sigue esperando a que alguien conteste.