Última hora: Sánchez garantiza a Puigdemont por escrito negociar el referéndum de autodeterminación

Sánchez firma con Junts negociar un referéndum vía artículo 92​

El pacto de investidura deja por escrito lo que hasta ahora se negaba en público: se negociará un referéndum de autodeterminación en Cataluña. El texto acordado entre el PSOE y Junts incorpora una frase que los socialistas despachaban con un «no vamos a pasar por ahí»: «En cuanto al ámbito del reconocimiento nacional, Junts propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Catalunya amparado en el artículo 92 de la Constitución». Con esa redacción, Pedro Sánchez garantiza la investidura y Carles Puigdemont se lleva por escrito una concreción que su socio republicano no obtuvo en su momento.

Una victoria negociadora de Junts sobre ERC​

La diferencia está en el grado de compromiso. En el acuerdo con ERC el referéndum aparecía como una posibilidad, con la misma fórmula elástica que años antes se había usado con la amnistía. Aquí hay una propuesta concreta de celebración, con artículo constitucional incluido y mención expresa al reconocimiento nacional. Quien lea ahí un aval implícito al referéndum de 2017 tiene material para discutirlo: si el Estado se sienta a pactar una votación, la unilateralidad deja de ser el único camino.

La portavoz de Junts en el Parlament lo formuló sin rodeos: desde la validez del 1 de octubre y la vigencia del 27 de octubre, un referéndum acordado con el Estado puede sustituir al de 2017, siempre que esté pactado, validado internacionalmente y sea el Parlament quien decida los caminos. Traducido al castellano de despacho: se cambia la épica del choque por la firma delante de un notario constitucional.

¿Por qué el artículo 92 permite desactivar el 1-O?​

Porque el artículo 92 prevé un referéndum consultivo, una figura que cabe en la Carta Magna y que permite al Gobierno sostener que todo lo acordado se mueve dentro del marco constitucional. Los dos precedentes fallidos lo explican con precisión. En la consulta del 9 de noviembre de 2014 fue el Congreso el que no autorizó una consulta popular; en la del 1 de octubre de 2017, la propia Constitución impedía un referéndum de secesión.

El instrumento nuevo no sería vinculante por sí mismo —ese es el matiz que cada parte explota a su favor— y la pregunta sigue sin escribirse. Ese vacío es, precisamente, lo que sostiene el acuerdo en pie.

Del «no vamos a pasar por ahí» a la consulta en 24 horas​

Los socialistas cerraron la puerta con esa frase el 29 de septiembre. Una jornada después, un diputado socialista abría la puerta a «una consulta para valorar un marco de consulta», fórmula que sí cabe en la Constitución. El giro no sorprende a nadie que haya seguido la legislatura: es el mismo patrón que se repitió con la amnistía, y que sus críticos describen como una costumbre de cambiar de opinión según avanza la aritmética parlamentaria.

Las cifras que se atribuyen al acuerdo: cupo, 15.000 millones e impuestos​

El referéndum no es la única partida del acuerdo. Un participante del debate enumera las cifras que atribuye al conjunto de la negociación:

• 15.000 millones de euros
• Cupo catalán
• Impuestos y gestión ferroviaria

En el detalle, se sostiene que no hace falta desmantelar la Agencia Tributaria en Cataluña: cediendo el 100% del IVA y del IRPF, la autonomía presupuestaria llegaría sola, y las pensiones deficitarias seguirían gestionándose desde la Seguridad Social. Sobre la mesa queda también la pregunta incómoda para las comunidades donde el PSOE gobierna o cogobierna: qué han sacado sus diputados a cambio de sostener la investidura. El cálculo completo, partida a partida, circula por separado y da para un artículo entero.

El modelo escocés: consulta pactada, vinculante y con víctima​

ERC y Junts venían pidiendo un referéndum «a la escocesa». El de Escocia en 2014 fue consultivo y vinculante, pactado con el Gobierno británico y reconocido por ambas partes: justo lo contrario de una votación unilateral. Lo autorizó David Cameron y lo pagó con su carrera política, un recordatorio incómodo para cualquier gobernante que firme una votación sobre la secesión de su propio país.

Dos Españas, fin del régimen del 78 y el aviso del cuerpo electoral​

El pacto ha reabierto la guerra de relatos. Una corriente sostiene que la amnistía y el referéndum no traen convivencia sino conflicto, que se vuelve al no reconocimiento mutuo y que el sistema diseñado en 1978 está dando sus últimos coletazos. Otra responde con una consigna distinta: la solución pasa por votar con más fuerza la próxima vez. En medio, la crítica al propio PSOE, al que se acusa de haber roto con su tradición, y la comparación con la amnistía de 1978, cuyo alcance exacto se discute: hay quien recuerda que aquélla se aplicó a presos de ETA y a delitos de motivación política.

Y las predicciones siguen subiendo de tono. Entre las que circulan en el hilo, hay quien sitúa el siguiente recibo en la retirada de unidades del Ejército de Cataluña, de modo que sobre el terreno sólo quedarían una unidad en Gerona, el cuartel del Bruch en Barcelona y la escuela de Suboficiales de Lérida. Nadie lo ha firmado. Todavía.