Protestas del 9 de noviembre: directos, detenciones y poca gente
La consigna cruzó España de punta a punta: salir a la calle el jueves 9 de noviembre de 2023, en Ferraz y en el resto del país, horas después de la firma del acuerdo de investidura entre PSOE y Junts y con el atentado contra Vidal-Quadras todavía en caliente. El seguimiento se montó como un despliegue permanente de cámaras. Lo que devolvió el asfalto fue bastante menos épico:
mucha retransmisión y una afluencia que no llenaba las aceras. La jornada acabó midiéndose mejor por lo que no ocurrió que por lo que ocurrió.
¿A qué hora eran las manifestaciones del 9 de noviembre?
La hora nunca quedó cerrada: siete o las ocho de la tarde, según a quién se preguntara. Esa indefinición funcionó como termómetro de todo lo demás. A la confusión horaria se sumaba la de siempre: quién convocaba. La etiqueta genérica —protesta frente a la sede del PSOE— hacía las veces de organizador, sin nombres ni plataformas detrás.
Quien esperaba una marea se encontró con grupos dispersos y con la sensación de que el calendario mandaba más que la convocatoria. La fecha no era casual: el acuerdo de investidura acababa de firmarse y el atentado contra el dirigente había encendido los ánimos. Todo apuntaba a un pico de movilizaciones.
Cámaras, sí. Pies, menos.El atentado contra Vidal-Quadras, sin autoría confirmada
El atentado contra Vidal-Quadras actuó como detonante de las convocatorias. Sobre quién está detrás, lo que circulaba se movía en el terreno de la sospecha: se llegó a apuntar a la búsqueda de un pasaporte de nacionalidad iraní entre los indicios del atacante, un extremo que
no constaba confirmado y que se lanzaba como hipótesis, nunca como dato cerrado. La investigación seguía abierta a la fecha de esta discusión.
El uso político de la coincidencia fue inmediato. Una parte de los análisis sostiene que el ataque cambió el tono de la semana y sirvió para ampliar el eco de cada convocatoria. Otra advierte justo lo contrario: que convertirlo en bandera antes de saber nada debilita cualquier protesta posterior. El punto sigue sin resolverse.
El CGPJ repudia el pacto PSOE-Junts
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial se pronunció contra el acuerdo. En un texto fechado el 9 de noviembre de 2023 a las 21:36, el órgano calificó de «inadmisible injerencia en la independencia judicial» y de «flagrante atentado a la separación de poderes» el someter a revisión parlamentaria decisiones que corresponden en exclusiva a los tribunales. No hubo medias tintas.
El pronunciamiento dio munición a quienes llevaban semanas hablando de un choque institucional. También hubo quien le dio la vuelta y señaló que el comunicado llegaba tarde y sin señalar responsabilidades concretas. En paralelo circulaba una declaración del ministro Bolaños en la que, según la versión difundida, negaba una guerra sucia judicial pero hablaba de pruebas falsas contra rivales políticos. El rifirrafe quedó servido.
Ferraz: mucho directo y una acera medio vacía
Con las cámaras puestas, el resultado fue desigual. Las retransmisiones se cortaron durante unos tres minutos en plena noche, coincidiendo con detenciones que no se concretaban. Hubo quien pasó la madrugada entera frente a la sede socialista y volvió con una conclusión incómoda:
no había nadie protestando. La broma de que le habían tomado el pelo resume mejor que cualquier crónica la distancia entre el ruido digital y la calle.
También hubo hueco para lo inesperado. El directo de Iker Jiménez, que arrancaba a las 22:00, se convirtió en cita obligada, y algunos leyeron en esa coincidencia de horarios una pista de por dónde se estaba canalizando la indignación. El mobiliario urbano, por cierto, aguantó sin daños reseñables.
Diez mil pacíficos, cincuenta radicales: la tesis de la infiltración
Hubo un cálculo que circuló con fuerza: de cada jornada, unos
10.000 asistentes acudían a hacer ruido y apenas 50 a liarla; de esos 50, la mitad serían agentes de paisano, y de los 25 restantes, unos diez acabarían detenidos cada noche. La cifra no procede de ninguna fuente oficial y hay que tratarla como lo que es: una estimación. Pero ordenaba bien el relato de quienes sostienen que las concentraciones funcionan como
cepo para pescar a los más exaltados.
En paralelo, las estimaciones sobre el despliegue policial llegaban a situar en unos 3.000 los efectivos de las unidades de intervención. La lectura oficial no se pronunció. La extraoficial, la que corrió por los canales de seguimiento, daba por hecho que la proporción entre agentes y manifestantes era el verdadero dato de la jornada.
Pacifismo, boicot y violencia: la grieta de fondo
Aquí se abre la discusión que no se cierra. Una corriente defiende que el pacifismo es el camino más rápido para no acabar en una dictadura; otra responde que en un país donde quien ha ejercido la violencia ha conseguido sus objetivos, pedir moderación es repartir flores a quien no las quiere. «La violencia funciona», resume uno de los argumentos que más se repitieron.
Frente a eso surge la réplica: no se responde a lo que se describe como opresión imitando sus formas, y el radicalismo de salón solo alimenta la caricatura. En medio, propuestas de resistencia cotidiana que van del boicot comercial al abandono de la política institucional. Nada de eso se tradujo, ese día, en una calle llena.
Con esa mezcla, la jornada dejó titulares más por la vía judicial —el pronunciamiento del CGPJ— que por la acera. La protesta que se anunciaba como el gran despertar se quedó en un goteo de directos, detenciones sin cifra oficial y una pregunta que reaparece cada tarde: cuánta de la gente que sigue el minuto a minuto está dispuesta a bajar a la calle. Ese 9 de noviembre, la cuenta no cuadró. Y el análisis se atasca justo ahí.