Geopolítica del crimen organizado

El Estado como crimen organizado legalizado​

¿Y si el mayor grupo criminal no fuera una banda de narcotraficantes, sino la propia estructura que dicta las leyes? Ese es el punto de partida de una discusión que, a lo largo de más de un año, ha derivado en un pulso entre dos cosmovisiones irreconciliables: quienes ven en el Estado la fuente de todos los males y quienes sostienen que cualquier alternativa acabaría reproduciendo sus vicios. La tesis inicial es contundente: el Estado es crimen organizado institucionalizado, y quienes lo defienden como árbitro neutral son, a juicio de los críticos, idénticos a los progresistas que dicen combatir.

La discusión no se queda en la provocación. Un participante responde con un ejemplo incómodo: en Haití el Estado no existe, lo que desmontaría la ecuación entre Estado y crimen. La réplica llega rápida: incluso allí hay ejército, y el hecho de que unos Estados tengan poder sobre otros no significa que ninguno esté por encima de la población. La conclusión que se extrae es que el crimen organizado es ante todo el propio Estado, que legaliza el crimen y luego concede licencias al resto de actores.

El Estado mínimo y la imposibilidad de limitarlo​

Uno de los ejes del debate es la viabilidad del Estado mínimo. La postura dominante entre los críticos es que la naturaleza del Estado le impide no crecer, que tiende inevitablemente a la tiranía y que el minarquismo es una utopía. Se argumenta que el Estado es aceptado cuando se prioriza la comodidad sobre la libertad con responsabilidad, y que quienes buscan el poder tienen una característica que los diferencia de quienes no lo quieren.

Frente a esto, surge la pregunta de qué alternativa se propone. La respuesta es un sistema asambleario de concejos abiertos, inspirado en la Alta Edad Media hispana. Según esta corriente, entre los siglos VII y XII existió un doble poder —el concejo y la corona-nobleza-clero— que impedía la concentración de poder. Se sostiene que fue la época de mayores libertades de la historia, con milicias concejiles, bienes comunales y derecho consuetudinario.

La asamblea como nuevo Estado​

La crítica más repetida a esa propuesta es que toda sociedad suficientemente grande acaba teniendo un Estado. Se argumenta que la asamblea no es más que eso, una asamblea, y que quien logre persuadir a la mitad de sus miembros dominará el conjunto y funcionará de manera similar al Estado actual. La advertencia es que esas asambleas derivarían con facilidad en mini-tiranías o clanes tribales.

El debate se encona cuando se señala que el sistema asambleario no es diferente a cualquier otro, y que atribuirle propiedades únicas es un acto de fe. La respuesta es que la gente debe concienciarse a sí misma, que todos pensamos con mente dirigida y que la especialización es una trampa: en cuanto delegas conocimiento, delegas poder.

El cristianismo primitivo como sustrato revolucionario​

Una de las derivadas más singulares es la reivindicación del cristianismo primitivo. Se sostiene que el movimiento por una revolución integral se basa en el sustrato cultural cristiano, que emana del cristianismo original, del que la Iglesia es enemiga. Se argumenta que Jesús edificó una asamblea, no una jerarquía, y que el monacato rural hispano fundó cientos de monasterios dúplices y familiares perseguidos por el clero.

La controversia salta cuando se vincula a uno de los referentes intelectuales de esta corriente con un supuesto agente de la operación Gladio en España durante los años setenta y ochenta. Esa conexión, lanzada sin aportar pruebas en el intercambio, queda como una sombra sin resolver.

El dinero fiat y la pérdida de anclaje​

Otro de los frentes abiertos es el monetario. Se afirma que el globalismo reciente está relacionado con la pérdida de anclaje metálico de la moneda, y que ese fenómeno trasciende cualquier inquietud sobre la reducción de poblaciones. La discusión deriva hacia si el dinero es o no la clave de todo, con acusaciones cruzadas de escurrir el bulto.

El intercambio se cierra con un intercambio de reproches sobre tácticas de debate y un participante que se despide. La pregunta de fondo queda en el aire: si el Estado es inevitablemente un depredador, ¿qué impide que la asamblea se convierta en uno nuevo?