Un coche de Policía Nacional choca contra una casa en Alaquas (Valencia),

Un coche policial se empotra contra una vivienda en Alaquàs​

Un vehículo policial ha acabado empotrado contra una casa en Alaquàs (Valencia). El suceso, recogido por la prensa local bajo el epígrafe de los «brotes verdes» de la crónica de sucesos, no ha tardado en convertirse en el detonante de una discusión más amplia: la que enfrenta el trato que recibe un conductor corriente cuando protagoniza un accidente con el que recibe un agente cuando el siniestro ocurre de servicio. La pregunta que sobrevuela el caso no es qué pasó exactamente en Alaquàs, sino por qué el procedimiento que se aplica al ciudadano de a pie —atestado, pruebas de alcoholemia y drogas, juicio rápido si procede— parece diluirse cuando el que se sale de la vía lleva placa.

El doble rasero del atestado​

La tesis que recorre el análisis es sencilla y difícil de rebatir: si un conductor cualquiera se empotra contra una fachada, la secuencia es automática. Se personan los agentes de tráfico, se levanta atestado, se practican pruebas de alcoholemia y de detección de drogas, y si hay indicios, se abre la vía del juicio rápido. Con el uniformado, el circuito cambia. Se activa el protocolo interno de «incidente en servicio»: primero asistencia sanitaria, después parte interno, y si hay lesiones, baja médica. La investigación la asume la propia policía y no la unidad de tráfico, lo que en la práctica convierte el caso en un asunto doméstico.

Hay quien va más allá y sostiene que el problema no es solo de procedimiento, sino de formación. Se argumenta que buena parte de las policías locales arrastran un déficit estructural de medios y de instrucción: que el curso para portar arma es un trámite y que la habilitación para manipular kits de drogas depende de cursillos que no siempre se actualizan. No es un detalle menor: si la prueba se practica mal, el resultado no vale y el atestado nace cojo.

El conductor profesional que pierde el carnet por un radar ajeno​

El contraste se agranda cuando se mira al otro lado. Un conductor profesional —autobús, camión, taxi— puede perder el carnet por una multa de radar emitida a un coche que le habían robado, sin que llegara a identificar al ladrón. La sanción llega igual, los puntos se detraen y la retirada del permiso profesional se ejecuta. Sin margen, sin protocolo interno, sin baja por estrés. La consecuencia es el paro.

La comparación que se hace en el análisis es incómoda: apenas hay noticias de agentes multados en proporción a las que se publican de conductores profesionales sancionados. Y cuando un agente abre fuego y hay heridos, la prueba de drogas no siempre aparece en el relato público. El patrón que se dibuja es el de dos realidades paralelas que rara vez se tocan.

El caso de la calle Alcalá y la opacidad posterior​

El precedente que se cita para ilustrar el patrón es el del policía nacional que atropelló a varias personas en la calle Alcalá de Madrid, entre ellas una mujer embarazada que perdió al bebé. Según la información que circuló en su momento, el agente iba bajo los efectos del alcohol y las drogas. La última información pública disponible lo situaba en prisión preventiva a la espera de juicio, con varios delitos de homicidio imprudente, lesiones y allanamiento, después de haberse dado a la fuga. No hay constancia de que se haya quitado la vida. El caso, que tuvo un primer impacto mediático fuerte, se fue apagando en los medios.

Esa opacidad posterior es, precisamente, lo que alimenta la desconfianza. La sensación que se traslada es que el uniforme funciona como escudo procesal: el expediente se archiva como accidente fortuito, la sanción se queda en una suspensión de empleo y sueldo pagada por el contribuyente, y el agente vuelve a la calle. El coste de los destrozos materiales lo asume el erario público.

El ruido de sirenas como banda sonora​

La conversación deriva hacia un terreno más amplio: la percepción de que la seguridad se ha convertido en un negocio de ruido constante. Se compara el paisaje de los años ochenta —atracos frecuentes, quinquis, atentados— con el actual, donde las sirenas suenan día y noche como si cada hora hubiera un incendio. La paradoja que se señala es que antes había más delincuencia real y menos sensación fabricada de peligro.

En ese marco, el accidente de Alaquàs deja de ser una anécdota de crónica local y se convierte en un síntoma. Un coche policial contra una fachada es, en el fondo, la escenificación de un problema más grande: quién responde cuando el que se equivoca lleva el uniforme. Y la respuesta, a la vista de lo que se discute, sigue sin estar escrita en ningún reglamento.