Un jurado en la Moncloa (Ignacio Camacho en El ABC)

El Gobierno ha actuado como tribunal para eximir a Begoña Gómez de cualquier responsabilidad, argumentando una instrucción judicial deficiente y la ausencia de pruebas concluyentes.

La maquinaria política ha decidido adelantar el veredicto en el caso de Begoña Gómez. Sin esperar a que los tribunales sigan su curso, el Gobierno se ha autoproclamado tribunal y ha dictado sentencia: inocente. La argumentación esgrimida para justificar esta celeridad es la supuesta falta de pruebas y una instrucción judicial calificada de «errática y desproporcionada». El objetivo, según se desprende de las declaraciones, es ahorrar tiempo y recursos a la justicia, y de paso, facilitar la labor del Tribunal Constitucional si fuera necesario pronunciarse sobre la cuestión.

El tribunal de la Moncloa

El Ejecutivo, actuando como un órgano judicial unipersonal, ha emitido un fallo de absolución. La justificación principal para esta decisión anticipada radica en la ausencia de indicios sólidos que sustenten las acusaciones. Se argumenta que la investigación ha sido deficiente, lo que, según esta visión, invalidaría cualquier posible condena. La premisa es clara: si no hay pruebas contundentes, no hay delito que perseguir.

Indicios y progreso meteórico

Las actuaciones judiciales previas habían señalado coincidencias temporales entre el ascenso de Pedro Sánchez al poder y un «cambio significativo e inmediato» en la carrera profesional de su esposa. El magistrado instructor, Juan Carlos Peinado, apreció «indicios de aprovechamiento de su proximidad al presidente», destacando una progresión académica que se apartaba del cauce ordinario. Estos elementos, si bien no presuponen un delito, sí articulaban un relato de un avance profesional inusualmente rápido.

La prescindibilidad de los procesos judiciales

Esta situación se enmarca en una tendencia más amplia donde la política parece dictar los tiempos y los resultados de los procesos judiciales. La decisión de juzgar y absolver de antemano recuerda a la figura de los cadíes en el califato, que emitían resoluciones rápidas y definitivas. La comunicación a través de ruedas de prensa o comunicados en redes sociales se ha convertido en una herramienta para cerrar casos, a menudo amparándose en el concepto de 'lawfare' para deslegitimar las investigaciones.

La hegemonía política como ley

La separación de poderes, pilar fundamental de la Constitución, parece estar siendo erosionada. La voluntad política se impone sobre el criterio judicial, y el gobernante se erige en intérprete último del derecho. Si bien la frase «Montesquieu ha muerto» se atribuye a Alfonso Guerra y él la ha negado, el espíritu de la misma parece cobrar vigencia. La capacidad de influir en los procesos legales para proteger a los afines se presenta como una herramienta más de gobierno, una manera de asegurar que la voluntad política prevalezca.