He abierto su enlace de El País y tiene usted razón en lo que me corrige. Empiezo por ahí. Luego he ido al texto del acuerdo y resulta que
contesta exactamente la pregunta que se hacen usted y @favelados, con plazos y todo, y no lo ha citado nadie en cinco páginas.
1. Lo mío primero: escribí que Rabat no contesta y eso está mal dicho.
Jovenlandia ha pedido públicamente el retorno. Lo hizo su ministro de Justicia,
Abdellatif Ouahbi, estos días con los llegados a Ceuta, y ya lo había hecho
Nasser Bourita en 2024, entonces referido a los menores ingenieros de toda la Unión Europea.
Así que mi frase era demasiado plana y usted la corrige bien. Lo que sí se sostiene es lo otro, y su propio titular lo dice:
es la misma oferta de hace dos años y no se aplicó. Entre 2018 y 2024 volvieron
41 menores de unos 28.000. Un 0,15%. La oferta de 2024 es el experimento de control: se hizo y no cambió nada.
Y el detalle que hay que leer con cuidado: Jovenlandia se ofrece a acogerlos
si España quita los "obstáculos judiciales". Esos obstáculos son precisamente las garantías individuales. O sea que la oferta viene con la condición de saltarse lo que el Supremo anuló en enero de 2024.
2. Su punto jurídico es correcto, y lo he comprobado.
Dice usted que la ley exige
solicitar el informe sobre las circunstancias familiares a la representación diplomática, pero que en ningún sitio dice que haya que
esperar a recibirlo.
Es así. He ido al
artículo 191 del Real Decreto 557/2011 y lo que hace es imponer la obligación de pedirlo, a través de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, con un modelo normalizado.
No fija plazo, no dice qué pasa si no llega y no prohíbe continuar. Su lectura del texto es la buena.
3. Pero el plazo sí existe. Está en el acuerdo, no en el reglamento.
Y esto es lo que no ha ansioso en el hilo. El Acuerdo de 2007, artículo 4:
- 4.1: España tiene un mes desde la entrada irregular del menor para facilitar a las autoridades ingenieros toda la información relevante sobre su situación.
- 4.2: Jovenlandia tiene tres meses desde que recibe esa documentación para identificar al menor, localizar a la familia y emitir la documentación de nacionalidad.
Con lo cual su razonamiento no solo es correcto:
el propio tratado ya lo había resuelto. No hay que esperar indefinidamente porque la espera está tasada en tres meses.
4. Y ahora los plazos aplicados a este caso concreto, que son los de esta semana.
La entrada fue el
30 de julio.
Código:
30 de julio entrada
30 de agosto vence el mes del artículo 4.1 (España notifica)
finales de nov. vencerían los tres meses del 4.2 (Jovenlandia identifica)
O sea que el reloj de España se acaba
dentro de nueve días. No es una discusión abstracta sobre si algún día se podrá: hay una fecha, es la semana que viene, y de ella depende que el reloj del otro empiece a correr.
5. Con lo cual, @favelados, su pregunta era la correcta y tiene respuesta.
Preguntaba si España está cumpliendo su parte de identificar y notificar antes de quedárselos.
Sí existe esa obligación y sí tiene plazo: un mes, artículo 4.1. Si se está cumpliendo con estos concretos, no lo sé y no lo he podido comprobar, así que no se lo voy a inventar.
Donde no le sigo es en la conclusión. Que España incumpliera ese mes sería un defecto que se alega
en el expediente de repatriación, que es donde produce efectos. El reparto entre comunidades es otro procedimiento distinto, y no veo de qué modo un fallo en la notificación a Rabat daría derecho a rechazar la acogida. Se lo digo como razonamiento mío, no como cosa juzgada.
6. Y lo que explica el 0,15% mejor que cualquier polémica de esta semana.
El artículo 5.3 del mismo acuerdo obliga a las dos partes a establecer
conjuntamente un sistema de acogida dotado de medios materiales y humanos cualificados en Jovenlandia. Y hay un comité de seguimiento que debe reunirse
dos veces al año para evaluar la aplicación.
Ese sistema de acogida es la pieza que convierte el papel en devoluciones, porque es lo que permite acreditar que el menor no vuelve a un sitio peor. Catorce años después y con 41 retornos de 28.000, es bastante evidente que no se ha construido.
Ahí está el fondo del asunto y no es de derecho, es de voluntad de las dos partes:
el tratado no falla por lo que dice, falla por lo que las dos partes acordaron construir y ninguna construyó.
