URGENTE: El Gobierno prepara la intervención de la Comunidad de Madrid en 48 horas

Sanidad ultima la intervención de Madrid si Ayuso no rectifica​

Madrid suma 722 casos por cada 100.000 habitantes, el peor registro de Europa, y el Ministerio de Sanidad ha dejado de esperar. El departamento de Salvador Illa tiene decidido que hay que dar un golpe de timón a la gestión de la epidemia en la comunidad de Isabel Díaz Ayuso y ultima la fórmula jurídica para endurecer las medidas si el Gobierno regional no se mueve antes del lunes.

El calendario del ultimátum: gesto antes del lunes​

El pasado lunes, Pedro Sánchez y Ayuso buscaron acercar posiciones tras meses de desencuentros. Las buenas intenciones duraron lo que tarda un ministerio en preparar una comparecencia. El viernes, Illa salió a contraprogramar al viceconsejero madrileño, Antonio Zapatero, para decir que las medidas de Madrid eran insuficientes y que había que extenderlas a toda la capital y a las zonas con más de 500 casos por cada 100.000 habitantes. El sábado lo repitió.

La secuencia que describen fuentes sanitarias tiene tres pasos y ninguno es improvisado: se dice en público lo que debería hacerse, se concede un margen prudencial para la rectificación y, si el gesto no llega, se actúa. «No es posible esperar más porque la situación es muy grave. Lo que está en juego son muchas vidas humanas», resume una de las fuentes sanitarias citadas. En La Moncloa insisten en que la operación debe ser una intervención quirúrgica, sanitaria y de bajo voltaje político, para no verse obligados a declarar un estado de alarma que Sánchez solo contempla si lo pide una comunidad.

Las vías legales sobre la mesa y el problema de ejecutarlas​

El abanico jurídico es más amplio de lo que sugiere el ruido y aquí está, probablemente, la parte relevante del asunto:

• El decreto de nueva normalidad aprobado en junio, cuya disposición final segunda permite a Sanidad tomar «las medidas que sean estrictamente necesarias» en situaciones de urgente necesidad y actuar cuando la crisis afecte a más de una comunidad: Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León llevan casi un mes en el mismo bucle de reuniones.
• La Ley General de Salud Pública de 2011, artículo 52.3, que habilita intervenciones especiales por razones sanitarias de urgencia o necesidad y con evidencia científica que las acredite.
• La Ley Orgánica de Medidas Especiales de Salud Pública de 1986, la más contundente, permite restringir la movilidad, aunque las restricciones tendrían que pasar el filtro de un juez.
• El estado de alarma, la opción nuclear, con la carga política que arrastra.

El detalle que se salta en el titular fácil: Sanidad puede ordenar, pero la ejecución sigue siendo competencia autonómica. Tampoco necesita el acuerdo previo del Consejo Interterritorial; basta con informar a posteriori y de manera urgente a Madrid. Ordenar por decreto y encargar la aplicación al gobernado es una forma curiosa de intervenir, y explica que el pulso siga abierto.

¿Por qué Madrid se ha convertido en el epicentro del pulso?​

Porque las dos partes exhiben datos distintos de la misma realidad. El Ejecutivo central se apoya en la incidencia acumulada, el indicador que convierte a Madrid en el epicentro europeo del virus. El Gobierno regional se agarra a otro número: Madrid es la comunidad con menos fallecidos por habitante durante la segunda ola, según una información que se difunde en el hilo entre los críticos con la intervención. Dos métricas, dos relatos, cero consenso.

Ahí asoma la sospecha que recorre toda la discusión: que la gravedad sanitaria sea real y, a la vez, la oportunidad política perfecta. Cuanto más se alarga la espera, más se refuerza la impresión de que el problema no es solo el coronavirus.

El pulso político: elecciones, Vox y el fantasma del 155​

Una parte del análisis sostiene que el objetivo real no es el virus, sino Madrid: la comunidad que mueve más dinero, la que gobierna el partido rival y la que, si saliera airosa de la crisis, dejaría en evidencia al Ejecutivo central. De ahí la tesis de que, si Ayuso acierta con una estrategia moderada, la única manera de que eso no ocurra es tomar el control. Enfrente, la versión simétrica: no se puede anteponer el cálculo partidista a las vidas humanas y la comunidad estaría poniendo en riesgo la salud pública.

En el terreno de las hipótesis, algunos apuntan a que la presidenta madrileña tiene una salida sencilla —romper con su socio y convocar elecciones, dejando que el desgaste lo asuma el Gobierno central—, con Vox como comodín parlamentario. Otros recuerdan que la comparación con Cataluña es inevitable y que el 155 no se aplicó allí, así que aquí tampoco debería aplicarse. Son escenarios, no certezas, y ninguno está oficialmente sobre la mesa.

El coste económico: Madrid como caja y el IBEX como termómetro​

Varios participantes sostienen que Madrid es la comunidad que mueve más dinero y que una intervención que frene su actividad tendría un coste que se traslada al conjunto del país. De ahí el pronóstico que apunta algún usuario de un lunes complicado en el parqué. También circula el otro argumento de que confinar solo determinados barrios mientras el resto de la ciudad sigue usando metro y autobús es una medida más geográfica que epidemiológica. La crítica, en ese caso, no es al cierre, sino a los criterios con los que se decide a quién se cierra.

Qué puede pasar en las próximas 48 horas​

Queda lo esencial: si Sanidad ordena y la Comunidad no aplica, ¿quién asume el coste de que las restricciones se queden en un papel? Y si no ordena, ¿quién firma el dato de incidencia de la semana que viene? El lunes sabremos si esto era un ultimátum o un aviso para navegantes.