Policía Nacional prevé hasta 5 millones de inmigrantes más en cuatro años
El Gobierno cifró en 500.000 las regularizaciones previstas. Los informes policiales apuntan a 1,5 millones. Y con la reagrupación familiar, la cifra podría multiplicarse por tres. La Policía Nacional ha advertido de que, si cada inmigrante regularizado trae de media a cuatro familiares, España podría acoger entre 4 y 5 millones de personas adicionales en los próximos tres o cuatro años. Un cálculo que contrasta con el relato oficial.
900.000 solicitudes en tiempo récord
Según datos recogidos por El País, el Gobierno ya ha recibido 900.000 solicitudes de extranjeros que quieren regularizar su situación en España, a falta de 15 días para el cierre del plazo. Una cifra que, según fuentes policiales citadas por EL ESPAÑOL, incluye a «todos los que estaban de irregulares en Europa» que se han desplazado a España atraídos por la ventana de regularización.
Reagrupación familiar: el efecto multiplicador
Los informes de la Policía subrayan que el millón y medio de personas que previsiblemente obtendrán la regularización podrán, gracias al «paso del tiempo», reagrupar a sus familiares. «Podrán juntar y traerse a padres, parejas, padres de parejas», alertan los mandos policiales. Si cada uno se trae a cuatro familiares, el impacto demográfico sería de 4 a 5 millones de personas.
Preocupación por antecedentes y fraudes de identidad
Los agentes han detectado que, en muchos casos, los solicitantes presentaban «antecedentes penales y/o policiales» o habían empleado «otras identidades diferentes». La policía ha identificado a personas que no eran quienes decían ser, con resoluciones administrativas de extranjería aún en vigor. Un escenario que añade tensión al debate sobre la capacidad de absorción del sistema.
¿Está España preparada para absorber este crecimiento?
Mientras el Gobierno mantiene su previsión inicial, los informes policiales dibujan un horizonte muy distinto. La pregunta no es si llegarán, sino cómo se integrarán y qué recursos harán falta. Con 900.000 solicitudes ya sobre la mesa, la máquina administrativa y social se enfrenta a un estrés sin precedentes.