VIDEO Argentinos Nacionalizandose a la carrera , PUCHERAZO is coming

Guillermo Rocafort ha denunciado que el consulado español en Rosario (Argentina) está resolviendo expedientes de nacionalización por la Ley de Memoria Democrática a velocidad extrema, sin revisar la documentación. La acusación apunta a un posible fraude masivo en un proceso que ya acumula miles de solicitudes.

El abogado y economista Guillermo Rocafort ha publicado en X una denuncia sobre el ritmo al que el consulado español en Rosario, Argentina, está tramitando expedientes de nacionalización al amparo de la Ley de Memoria Democrática. Según su mensaje, los documentos no se revisan: se sellan y validan a la carrera, sin rigor. La acusación sugiere que se están produciendo nacionalizaciones fraudulentas a gran escala.

Qué es la Ley de Memoria Democrática y por qué importa

La Ley 20/2022, de Memoria Democrática, entró en vigor en octubre de 2022 y amplió las vías para que descendientes de exiliados españoles pudieran obtener la nacionalidad. A diferencia de la Ley de Nietos de 2007, esta norma permite solicitar la nacionalidad sin renunciar a la anterior en determinados supuestos. El plazo para acogerse a la conocida como nacionalidad por Memoria Democrática finalizó el 21 de octubre de 2024, tras una prórroga de un año concedida por el Gobierno.

La norma generó un volumen enorme de solicitudes, especialmente desde Argentina, Cuba y México. Los consulados españoles en esos países se vieron desbordados. En el caso de Rosario, la denuncia apunta a que ese desbordamiento habría derivado en una validación masiva sin controles efectivos.

La acusación: sellar sin revisar

Rocafort sostiene que los expedientes se tramitan a ultra velocidad y que los documentos no se revisan. Se sellan y validan sin rigor. Esa práctica, de ser cierta, abriría la puerta a que personas sin derecho a la nacionalidad la obtuvieran igualmente. El fraude no estaría en el solicitante que miente, sino en la Administración que no comprueba.

El abogado no aporta en su mensaje una cifra concreta de expedientes afectados ni identifica a los responsables directos. Su denuncia se centra en el método: la ausencia de verificación documental. Es una acusación grave que, de confirmarse, cuestionaría la validez de miles de nacionalizaciones ya concedidas.

Consecuencias posibles y cautela

Las nacionalizaciones por Memoria Democrática concedidas sin verificación podrían ser revisadas de oficio si se acredita el fraude. La Administración puede anular resoluciones firmes si concurre falsedad documental. Pero eso exige pruebas y procedimientos individualizados, no un juicio general.

Conviene ser prudente. Una denuncia pública no equivale a una sentencia. Los hechos están por verificar y cualquier afectado debería consultar con un abogado especializado antes de sacar conclusiones sobre su caso concreto.