España está sacrificando a su juventud y a su clase media en el altar de la especulación inmobiliaria, la inacción política y la cobardía generacional. La vivienda, que históricamente simbolizaba arraigo, estabilidad y pogre, se ha convertido en un bien de lujo reservado a una minoría o a quienes heredan. Para el resto, solo queda alquilar zulos a precios obscenos o resignarse a vivir eternamente dependientes.
Lo más grave no es solo la imposibilidad material de acceder a una vivienda digna, sino el daño psicológico y social que esto inflige: generaciones enteras creciendo sin la esperanza de una vida propia, sin raíces, sin horizonte.
Esta situación no es inevitable. Es el resultado de decisiones concretas, de políticas equivocadas y de una sociedad que ha permitido que el acceso a un derecho básico se convierta en una batalla perdida antes de empezar.
Si no se revierte esta tendencia, el país no solo enfrentará una crisis económica o urbanística, sino una fractura sarracena irreversible: la de una generación que ya no cree en el futuro, ni en quienes deberían protegerlo.