Hacienda apunta a gravar el 'alquiler gratis' en pisos de padres: ¿donación u obligación familiar?
La Agencia Tributaria estudia considerar el uso gratuito de una vivienda de los padres por parte de un hijo como una donación sujeta a impuestos, siempre que el hijo tenga ingresos suficientes para independizarse y no exista unidad familiar. La noticia, publicada en enero de 2025, ha reabierto el debate sobre los límites del deber de alimentos y la fiscalidad de las ayudas familiares.
Qué dice realmente la norma
La clave no está en vivir con los padres, sino en residir en un piso que ellos posean como segunda vivienda sin pagar renta. La Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones califica como donación toda transmisión patrimonial gratuita, y el uso de un inmueble puede considerarse tal si el beneficiario tiene capacidad económica para alquilar o comprar. El Código Civil impone a los padres el deber de alimentos (vivienda incluida) solo si el hijo carece de medios; si el hijo trabaja y gana suficiente, ese deber decae y el uso gratuito podría tributar.
Justicia fiscal o expolio
Un sector sostiene que gravar estas situaciones es razonable para evitar fraudes, como quienes cobran el Ingreso Mínimo Vital mientras viven en una segunda residencia familiar sin pagar IBI ni alquiler. Otros lo consideran un nuevo impuesto injusto en plena crisis de vivienda, donde miles de jóvenes no pueden emanciparse. Las posiciones se polarizan: unos ven una medida contra el fraude; otros, una extralimitación del Estado que castiga la solidaridad familiar.
Las grietas del argumento
Los críticos señalan contradicciones: si los padres ya pagaron impuestos al comprar el piso y siguen pagando IBI, ¿por qué el uso por un hijo debe tributar otra vez? Además, el deber de alimentos del Código Civil ampara la vivienda cuando el hijo no puede pagarla. La línea entre la donación y la obligación familiar es difusa. También se denuncia que Hacienda no persigue con el mismo celo el fraude inmobiliario de grandes tenedores o las ayudas a inmigrantes en negro.
La discusión deja en el aire si esta medida es una cortina de humo ante la falta de política de vivienda o una corrección fiscal legítima. Hasta que no haya jurisprudencia clara, el debate seguirá abierto.
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