Votar no sirve para nada: aprobado reglamento de deportaciones de la UE

El Parlamento Europeo aprueba el reglamento de deportaciones: ¿giro real o puro teatro?​

Con 418 votos a favor y 218 en contra, el Parlamento Europeo ha dado luz verde al nuevo reglamento de deportaciones, una medida que permite expulsar a inmigrantes irregulares a terceros países fuera de la UE. La votación, con una mayoría de casi dos tercios no izquierdista, rompe la narrativa de una Europa dominada por la izquierda. Pero la pregunta que flota en el ambiente es si esto servirá para algo o es un mero gesto propagandístico para calmar a unas sociedades cada vez más hartas de la inmigración masiva.

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Unas cifras que invitan al escepticismo

El dato frío es que 418 eurodiputados respaldaron el texto, frente a 218 en contra. La iniciativa incluye la creación de centros de deportación fuera de las fronteras europeas –los llamados «return hubs»–, una idea que ya están desarrollando Alemania, Países Bajos, Austria, Dinamarca y Grecia. Curiosamente, Dinamarca tiene un gobierno de centroizquierda y Países Bajos un primer ministro liberal progresista. La izquierda europea se ha quedado sola en su oposición frontal, lo que algunos interpretan como un cambio de paradigma. Sin embargo, los escépticos señalan que la letra pequeña del reglamento deja muchos resquicios: los países de origen pueden negarse a readmitir a los deportados, y la solución de los centros externos depende de acuerdos con gobiernos a menudo poco fiables.

España: el eslabón débil de la cadena​

El principal foco de duda se centra en España. El gobierno de coalición ha mostrado históricamente una actitud reticente a aplicar medidas restrictivas. Un ejemplo recurrente es la implementación de la normativa MICA: España fue de los primeros en transponeerla, pero lleva años sin aplicar la ley del IVA para autónomos que cobran menos de 80.000 euros, a pesar de ser obligación europea. La sospecha es que el ejecutivo español hará la vista gorda, limitándose a aplicar el reglamento de forma testimonial. Mientras, voces críticas apuntan a que los verdaderos incentivos están en retirar los miles de millones de euros de ayuda al desarrollo a los países que no cooperen en las deportaciones, algo que Bruselas no parece dispuesta a hacer.

El debate de fondo: inmigración, voto y descontento​

Detrás de la votación subyace una tensión creciente. Por un lado, una parte de la población celebra la medida como un primer paso para recuperar el control de las fronteras. Por otro, los más críticos la califican de cosmética y advierten de que el número de deportaciones será ínfimo comparado con las llegadas –algunas estimaciones citan 62 millones de inmigrantes legales ya asentados en la UE–. La ironía es que, mientras se vota este reglamento, muchos países siguen abriendo vías legales de entrada. El hartazgo ciudadano se traduce en un escepticismo cada vez mayor hacia el propio sistema democrático: «votar no sirve para nada», se repite como un mantra. Pero, como bien recuerdan algunos analistas, la presión social sí ha forzado este cambio de discurso. La cuestión es si el giro será real o se quedará en una cortina de humo.

El dato que descoloca: tras la euforia inicial de los partidarios del control migratorio, los mismos que impulsaron la medida reconocen que el número de deportaciones efectivas el primer año podría no superar los cuatro dígitos. Mientras, la burocracia europea sigue su curso imparable.