Vox pide a la JEC suspender el voto por correo de 2,7 millones de españoles en el extranjero
¿Qué pasaría si 2,7 millones de españoles perdieran de golpe su derecho a voto por correo? Es lo que propone Vox, que ha anunciado que pedirá a la Junta Electoral Central la suspensión del voto postal para todos los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). El argumento oficial: los residentes en el exterior no se identifican al enviar su voto, lo que reduciría las garantías del proceso. De prosperar la iniciativa, solo podrían votar presencialmente en consulados, a menudo a cientos de kilómetros de distancia.
El debate sobre la legitimidad del voto exterior
La propuesta ha reabierto la discusión sobre quién debe decidir el futuro de un país en el que no reside. Hay quien sostiene que quien no paga impuestos ni usa los servicios públicos no debería intervenir en la gestión de los recursos comunes. En el lado opuesto, se recuerda que muchos emigraron por necesidad, que mantienen vínculos económicos y familiares, y que restringir su voto sería una forma de discriminación. El argumento de la falta de identificación, sin embargo, es técnico: ya existe el voto rogado, y los consulados verifican la identidad en los sobres.
Impacto electoral de una posible suspensión
El voto CERA ha sido tradicionalmente un quebradero de cabeza para la administración, con acusaciones de fraude y de manipulación del censo. En las últimas elecciones, los partidos de izquierda obtuvieron un apoyo significativo entre los residentes en el exterior, lo que ha llevado a algunos a ver en la restricción un intento de perjudicar a ciertas opciones políticas. La realidad es que 2,7 millones de votantes potenciales, muchos de ellos en países con alta emigración reciente, podrían quedar sin voz. Y no solo eso: el voto presencial en consulados no tiene la misma capilaridad, lo que desincentivaría la participación.
La petición de Vox llega en un momento de creciente tensión sobre la transparencia electoral. Mientras, el debate sobre el voto exterior sigue abierto, con posturas encontradas que van desde la depuración total del censo hasta la defensa a ultranza del derecho al voto para todos los españoles, vivan donde vivan. Al final, la cuestión no es solo técnica: es política. Y como tal, se resolverá con más ruido que luz.