Tokenizar un chalet en Estepona: el registro sigue mandando
Unos euros. Eso es lo que, según el planteamiento de OMNI Real State, basta para tener una parte de una villa de lujo en la Costa del Sol, con sus rentas de alquiler o su plusvalía en una reventa. El mecanismo: comprar ORT, la criptomoneda del proyecto, y con ella acceder a inmuebles tokenizados mediante contratos inteligentes. El primer activo señalado es
un Vanian Gardens adquirido a AEDAS en Estepona. El anuncio situaba la salida a la venta en
13 días y después se habló de dos días para «aplicar». De escritura, de momento, nada.
Qué se sabe de la primera venta y de la whitelist
El arranque se ha organizado como una preventa cerrada por lista de admitidos. El propio equipo comunicó que la
whitelist estaba completa y que se había superado el 100% del capital requerido para la primera operación, con un proceso de KYC previo al lanzamiento. El resto queda supeditado al visto bueno de la autoridad europea de valores, la
ESMA, que a fecha de los últimos anuncios del proyecto seguía sin llegar. Desde la compañía se sostiene que fue la primera en dirigirse al regulador y que el dinero está entrando con fuerza. Fuera de ese relato, no hay documento público que acredite la titularidad de nada concreto.
¿Se puede ser propietario de un piso comprando un token?
No, al menos no en el sentido que entiende una notaría. Todo lo que no esté anotado en el
registro de la propiedad no existe en el negocio inmobiliario, y un token no sustituye a la inscripción registral. Puede representar derechos de uso, expectativas de rendimiento o participaciones en una sociedad, pero no un título de propiedad. Quien compra acciones de una promotora tiene, como mínimo, una parte de la empresa dueña del inmueble; quien compra un token de este tipo de plataformas se queda sin nada anotado a su nombre. La opacidad y el anonimato que se venden como ventaja son justo lo que impide comprobar que el activo exista.
El código del token no es el de un NFT
Aquí hay una discrepancia técnica que merece más atención que el marketing. El análisis del contrato desplegado apunta a que los interfaces implementados son los de un token fungible estándar —
ERC-20, con añadidos para pagar comisiones en otra moneda y para hacer
staking— y no los de un token no fungible (ERC-721 o ERC-1155). La defensa del proyecto es razonable en un punto: la moneda y los NFT son cosas distintas, y los NFT aún no se habían emitido. Lo incómodo es el otro detalle. Un contrato inteligente no se puede actualizar; si la arquitectura inicial no contempla los estándares de un NFT, la parte «tokenizada» del ladrillo depende de desplegar código nuevo. Y el token circula en
Binance Smart Chain, una red cuya sola mención levanta cejas.
Mil ORT a tres meses: el 3% que no paga el alquiler
En la parte económica, la propuesta más concreta que circula, a partir de la lectura del white paper, es el
staking:
1.000 ORT bloqueados tres meses devuelven un 3%, es decir, 1.030 ORT. Es una cifra modesta y, sobre todo, engañosa como reclamo de rentabilidad: ese 3% se cobra en la misma moneda que lo genera, así que su valor real depende de si ORT sube o se hunde. Alguien lo resumió sin rodeos: lo importante no es el 3%, lo importante es si el token se va a las nubes o se queda por el suelo. El alquiler del inmueble, ese, no aparece cuantificado en ninguna parte.
Multipropiedad, REITs y otros fantasmas del ladrillo tokenizado
Las comparaciones han sido implacables. Una parte lo lee como una reedición de la multipropiedad clásica, ahora envuelta en cripto. Otra lo ve como un REIT con florituras: al final, exponerse al ladrillo a través de un vehículo que gestiona otro. Y hay un precedente incómodo, el de las plataformas que prometieron lo mismo durante el ciclo de 2017, con reportajes elogiosos incluidos, y de las que hoy no queda rastro operativo. Como contraste se cita a los operadores serios de liquidez para activos tradicionalmente ilíquidos que llevan años trabajando en Estados Unidos y Japón y que, aun así, siguen en fase verde. Ese es el listón real del sector, no el de una preventa de dos días.
Quién está detrás y qué se le atribuye
La desconfianza no se dirige solo al modelo. Parte de los críticos ha puesto la lupa en el fundador,
Alexander Grann, y en su vinculación con otros negocios ajenos al inmobiliario; hay quien sostiene que la web
apesta a estafa y quien califica el conjunto de esquema piramidal. Son afirmaciones vertidas por detractores del proyecto y no constan como hechos probados en ninguna resolución conocida. También se ha cuestionado la veracidad del currículum que una persona del equipo publica en su perfil profesional, un detalle que sería menor si la confianza no fuese el único activo que estas plataformas no pueden inscribir en ningún registro.
Con el regulador europeo como comparsa pendiente y una primera venta que se anunciaba para cerrarse antes de fin de año, la pregunta sigue siendo la misma que al principio: si alguien paga unos euros por un trozo de villa en Estepona, ¿qué papel le queda en la mano cuando el chalet esté construido y el registro siga a nombre de otro?