Yo amañé unas oposiciones, como todo el mundo

Amañar oposiciones: el filtrador era de Comisiones Obreras​

Un objetor de conciencia destinado en los juzgados de Plaza de Castilla tuvo el examen en sus manos una semana antes de la prueba. Hizo lo que haría cualquier español de bien: fotocopiarlo. Sacó seis o siete copias. Lo cuenta el propio protagonista, hoy periodista, en un texto sobre filtraciones de oposiciones y el pozo sin fondo de la administración pública. Lo que más le llamó la atención no fue el mecanismo, sino quién lo puso en marcha: el filtrador era de Comisiones Obreras. Parecía un tipo bastante majo. El objetor no entendía qué tenía que ver el sindicalismo con amañar oposiciones.

La frase que se le quedó grabada se la soltó la perito que le mandó fotocopiar el examen: «Aquí todo el mundo es el hijo o la mujer de alguien». No es una hipótesis sociológica. Es una descripción del puesto de trabajo.

Qué pasa cuando el tribunal lo componen los sindicatos​

El asunto saltó a la conversación pública por RTVE. Un periodista de El Independiente lo resumió así: cualquiera que conozca un poco la casa sabe que los tribunales de oposiciones están compuestos por gente relacionada con algún sindicato, y eso implica que el proceso no va a ser limpio. La reacción no se hizo esperar: los sindicatos, todo langosta y filtraciones.

La radiografía del entramado tiene varias capas. RTVE pierde dinero, debe dinero y se le condonan cantidades escalofriantes: 7.500 millones de euros en 2006. Correos perdió el año pasado 125 millones, en plena época dorada de la paquetería. El diagnóstico que se impone es que ahí se está dando de comer a familias enteras, amantes y amigos turulecos. La conclusión del texto original es tajante: el principal problema de España es la administración pública. No es un escándalo, son miles. Bajas falsas, oposiciones falsas, teletrabajo falso.

El mecanismo: la presidenta del tribunal es la única que conoce las 150 preguntas​

Aquí aparece el testimonio más valioso, el de una vocal de tribunal. Eran cinco miembros. La presidenta repartió el temario: de 150 preguntas, cada vocal debía proponer 120, y ella seleccionaba las 30 que caerían. Resultado: cada vocal solo conocía sus 120 propuestas, y la presidenta era la única que conocía las 150 definitivas de las 600 presentadas. Los vocales apenas se conocían entre sí.

El agujero de seguridad es evidente para cualquiera que sepa leer un organigrama. Si una sola persona concentra la selección final, esa persona es el único punto de fuga posible. Y si esa persona tiene relación con una estructura sindical que gestiona cursos, afiliaciones y bolsas de interinos, el incentivo está servido. Hay quien sostiene que la presidenta elige las 150 de 600 y que muchas ya venían preelegidas de antemano. La vocal responde con honestidad: no lo descarta, pero era la única que las conocía. El sistema no está amañado por diseño. Está amañado por concentración.

Un punto por risoterapia, un punto por un doctorado en Stanford​

El baremo es el otro gran agujero. Un cursillo de 30 horas sobre cata de vinos, violencia de género o risoterapia impartido en un sindicato vale 1 punto. Un doctorado en Stanford, La Sorbona o la Complutense vale 1 punto. La elección de la mayoría de aspirantes a interino se explica sola. El sistema es un concurso con poca oposición y mucho concurso, donde la interinidad y los cursillos pesan más que el conocimiento real.

La propuesta que circula es la de un MIR de disciplinas e idiomas: una prueba única y anual cuya puntuación sirviera para cualquier proceso selectivo durante los siguientes años. Sería más selectivo y menos manipulable. No se hace porque no interesa. Un sistema así dejaría fuera a la pedorra de Chelo, que tiene la ESO y está de jefa sin hacer el huevo porque es del sindicato y la delegada provincial es su cuñada. El statu quo de postulantes, barraganas y enchufados se sostiene sobre el baremo.

La red clientelar y el indespedible como escudo​

Hay un matiz técnico que suele pasarse por alto. El funcionario de carrera es indespedible precisamente para imposibilitar la red clientelar: si no se le puede echar por motivos políticos, no sirve como moneda de cambio. El problema es que la administración paralela —contrataciones temporales, interinos, asesores, personal laboral— es el modo que ha encontrado el poder para saltarse ese propósito. La plaza en propiedad protege al de dentro. La puerta de atrás desprotege al sistema.

El resultado es un mercado de favores donde la plaza tiene nombre antes de que se publique la convocatoria. Se calcula que más de la mitad de las plazas ya están asignadas de antemano. Y no es solo cosa de sindicatos: en las Fuerzas Armadas y en la Armada hay sagas familiares que compiten entre ellas. En el Metro de Madrid, lo mismo. En los ayuntamientos pequeños, el enchufe es más fácil porque todos se conocen y las presiones sobre el tribunal son mayores. De ahí la propuesta de que las corporaciones locales pierdan la potestad de examinar y que sea el ministerio quien confeccione las preguntas con criterios anónimos.

El sindicato como puerta de entrada, no como defensa del trabajador​

La acusación más repetida no es la del amaño puntual, sino la de la conversión del sindicato en agencia de colocación. Hay quien sostiene que los sindicatos están amaestrados y funcionan como sistema de favores y ejecutor de manifestaciones contra la derecha, no contra el abuso laboral. La receta que se propone desde esa trinchera es la supresión de toda subvención y una auditoría hasta la ropa interior.

La experiencia personal refuerza el diagnóstico. Varios funcionarios han contado que para enterarse bien de las oposiciones y tener facilidad para entrar había que ir a los sindicatos: muchas convocatorias que no conoce nadie las tienen ellos bien fichadas, saben cuándo salen y qué piden. Al final solo entra gente que viene de ahí. Y hay quien lo ha vivido en primera persona: no entró en Correos hasta que no se afilió. Le pasaron el examen.

El problema no es que la gente sea humana e intente beneficiar a familiares y amigos. El problema es que el sistema creado precisamente para que eso no ocurriera se ha pervertido para fomentarlo. La función pública nació como blindaje contra el clientelismo. Hoy funciona como su principal canal de distribución. Y ahí sigue, sin que nadie haya encontrado la manera de desmontarlo sin desmontar también a quien vive de él.