El Pionero
Alcalde y presidente de Fútbol Paco premium
La regularización masiva de forasteros impulsada por el Gobierno supondrá un coste adicional para la Seguridad Social. Aunque todavía no se cuenta con datos fiables sobre qué proporción de los cientos de miles de regularizados pasarán a cotizar y cuántos no trabajarán o tendrán ingresos insuficientes y necesitarán ayudas públicas, el riesgo de que una proporción significativa, aunque no mayoritaria, no cuente con un empleo, puede elevar la factura de prestaciones como el ingreso mínimo vital.
Más del 70% de los casi 1,2 millones de forasteros que solicitaron la regularización extraordinaria ya han recibido la admisión a trámite de su petición, lo que significa que cuentan con un primer permiso para vivir y trabajar en España de forma temporal hasta que obtengan la resolución. Todavía hay expedientes, especialmente los que se tramitaron en la recta final del plazo, pendientes de resolución.
Los economistas consultados por THE OBJECTIVE prevén que el incremento de personas regularizadas sea «menos que proporcional» a las altas de la Seguridad Social y el número de ocupados, lo que supone «un riesgo real» para las finanzas públicas. Las afiliaciones están creciendo de forma menos que proporcional a la población en edad de trabajar, de entre 16 y 65 años, es decir, de la población activa, que incluye a ocupados y parados.
Esto está generando una dinámica de rendimientos decrecientes, lo que implica que el aumento demográfico genera beneficios económicos cada vez menores. Aunque se está añadiendo población activa al sistema, este incremento suele entrar fundamentalmente por la parte baja de ingresos o con una edad superior a los 30 años, generando desde el inicio carreras de cotización relativamente cortas y con derecho a prestaciones no contributivas como el ingreso mínimo vital, pensiones, complementos u otro tipo de subsidios, como el de los parados mayores.
Por ello, mientras se espera que las afiliaciones crezcan de forma limitada, el coste de estas prestaciones se puede elevar de forma más que proporcional a la población regularizada. Por otro lado, se trata de rangos salariales por debajo de la media, ya que una persona recién regularizada necesitará hacerse hueco en el mercado de trabajo, en situaciones en que tenga que formarse para un puesto específico o necesite cambiar de trabajo en una dinámica de contratos parciales o que se rompen antes del periodo de prueba, como ocurre con frecuencia en el mercado laboral español.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha subrayado en sus intervenciones públicas el «impacto positivo» de esta medida extraordinaria, cifrando en más de 50.000 personas las que están cotizando como consecuencia del proceso en la Comunidad de Madrid. El plazo de solicitudes acabó el pasado 30 de junio con 1.174.978 peticiones.
A falta de cifras más concretas sobre el impacto de la regularización en la ocupación, los últimos datos oficiales muestran que el tirón de empleo extranjero, con 240.000 ocupados más, ha sido clave en un trimestre marcado por el proceso extraordinario de regularización, si bien la encuesta de población activa (EPA) no detalla cuántos de esos trabajadores extranjeros son nuevos regularizados. Ese proceso extraordinario podría haber influido también en el nuevo máximo de población activa, que ha alcanzado 25.274.300 personas, tras sumar 272.700 activos en el segundo trimestre.
theobjective.com
Más del 70% de los casi 1,2 millones de forasteros que solicitaron la regularización extraordinaria ya han recibido la admisión a trámite de su petición, lo que significa que cuentan con un primer permiso para vivir y trabajar en España de forma temporal hasta que obtengan la resolución. Todavía hay expedientes, especialmente los que se tramitaron en la recta final del plazo, pendientes de resolución.
Los economistas consultados por THE OBJECTIVE prevén que el incremento de personas regularizadas sea «menos que proporcional» a las altas de la Seguridad Social y el número de ocupados, lo que supone «un riesgo real» para las finanzas públicas. Las afiliaciones están creciendo de forma menos que proporcional a la población en edad de trabajar, de entre 16 y 65 años, es decir, de la población activa, que incluye a ocupados y parados.
Esto está generando una dinámica de rendimientos decrecientes, lo que implica que el aumento demográfico genera beneficios económicos cada vez menores. Aunque se está añadiendo población activa al sistema, este incremento suele entrar fundamentalmente por la parte baja de ingresos o con una edad superior a los 30 años, generando desde el inicio carreras de cotización relativamente cortas y con derecho a prestaciones no contributivas como el ingreso mínimo vital, pensiones, complementos u otro tipo de subsidios, como el de los parados mayores.
Por ello, mientras se espera que las afiliaciones crezcan de forma limitada, el coste de estas prestaciones se puede elevar de forma más que proporcional a la población regularizada. Por otro lado, se trata de rangos salariales por debajo de la media, ya que una persona recién regularizada necesitará hacerse hueco en el mercado de trabajo, en situaciones en que tenga que formarse para un puesto específico o necesite cambiar de trabajo en una dinámica de contratos parciales o que se rompen antes del periodo de prueba, como ocurre con frecuencia en el mercado laboral español.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha subrayado en sus intervenciones públicas el «impacto positivo» de esta medida extraordinaria, cifrando en más de 50.000 personas las que están cotizando como consecuencia del proceso en la Comunidad de Madrid. El plazo de solicitudes acabó el pasado 30 de junio con 1.174.978 peticiones.
A falta de cifras más concretas sobre el impacto de la regularización en la ocupación, los últimos datos oficiales muestran que el tirón de empleo extranjero, con 240.000 ocupados más, ha sido clave en un trimestre marcado por el proceso extraordinario de regularización, si bien la encuesta de población activa (EPA) no detalla cuántos de esos trabajadores extranjeros son nuevos regularizados. Ese proceso extraordinario podría haber influido también en el nuevo máximo de población activa, que ha alcanzado 25.274.300 personas, tras sumar 272.700 activos en el segundo trimestre.
La regularización amenaza con colapsar el ingreso mínimo y otras ayudas
La regularización masiva de forasteros impulsada por el Gobierno supondrá un coste adicional para la Seguridad Social. Aunque todavía no se cuenta con
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