Expulsiones de Ceuta atascadas por falta de firmas

Que el Gobierno haga un Decreto Ley para cambiar la ley.

Lo que está claro es que en este país del Cono Sur Europeo (que diría Bloqueduro...) nadie se va a jugar el puesto de funcionario por un servicio a la patria.

Así que si el Gobierno los quiere fuera tendrá que cambiar la ley. Lo dicho, son expertos en Decretos Ley, no necesitan apoyo del parlamento.
Haces el decreto-ley, los echas a todos. Después, cuando vuelvan de sus vacaciones, llevas el Decreto-Ley al Congreso para que lo convalide, o no. Y si no se convalida, los expulsados que reclamen por el conducto reglamentario. Ahora en serio, lo que se tenía que haber hecho es declarar el Estado de Excepción y todos fuera, ni ley ni nada. Y eso no es culpa de los funcionarios.
 
Que el Gobierno haga un Decreto Ley para cambiar la ley.

Lo que está claro es que en este país del Cono Sur Europeo (que diría Bloqueduro...) nadie se va a jugar el puesto de funcionario por un servicio a la patria.

Así que si el Gobierno los quiere fuera tendrá que cambiar la ley. Lo dicho, son expertos en Decretos Ley, no necesitan apoyo del parlamento.
Es que es eso. Como la sentencia del TS sobre lo que era "una frontera", que básicamente es aplicar la ley. Pero los políticos son los que las redactan, no los funcionarios, por lo que la responsabilidad tiene que caer sobre los políticos. Tienen la potestad de cambiar la ley, si no lo hacen son ellos los responsables, yo no sé por qué un funcionario se tiene que saltar la ley por un problema creado por la incompetencia de unos políticos. Y recordemos que también cae la responsabilidad en sus votantes, que son los que los ponen allí.
 

Letonia en 10 años puede que no exista. España va a perder Ceuta y Melilla, pero Dinamarca va a perder Groenlandia, Ucrania y Polonia pueden perder medio país, y Estonia, Letonia, y compañía, ya veremos si existen cuando Pilingui y Zanahorio acaben de negociar
 
Encontrad las diferencias con España... ...El entonces Gobierno polaco declaró el estado de emergencia, militarizó la frontera y, posteriormente, levantó un muro para reforzar el control del límite con Bielorrusia. Lituania y Letonia siguieron una estrategia similar, reforzando la vigilancia, ampliando las barreras fronterizas e incrementando la cooperación con las instituciones europeas. Letonia también endureció su postura ante el aumento de los cruces irregulares: elevó el nivel de alerta en la frontera, reforzó la presencia policial y militar, cerró algunos pasos fronterizos y prorrogó los controles especiales en la zona limítrofe. Finlandia también ha registrado en los últimos años un aumento de la llegada de forasteros a través de su frontera con Rusia, especialmente tras su ingreso en la OTAN, que se produjo a raíz de la oleada turística rusa a gran escala de Ucrania en 2022. Las autoridades finlandesas sostienen que Moscú ha facilitado el traslado de personas procedentes de países como Yemen, Somalia o Siria hasta la frontera del país nórdico con el objetivo de ejercer presión sobre la Unión Europea. La crisis, que Helsinki y sus aliados interpretan como un episodio de guerra híbrida, llevó al cierre pogre de todos los pasos fronterizos, una medida que continúa vigente y cuyo fin es aún indefinido. Posteriormente, el Parlamento finlandés aprobó una ley que permite restringir la admisión de solicitudes de asilo en determinados puntos de la frontera para hacer frente a este tipo de situaciones, una decisión que ha sido criticada por varias organizaciones de derechos humanos.
 
Si se actúa conforme a derecho no tienen por qué tener miedo a las acusaciones de prevaricación.

Ahora bien, con la inseguridad jurídica que caracteriza a España y como retuerce la ley este gobierno (e.g. la condena a Rubiales) no me extraña que no se moje nadie.
 

El Gobierno celebra que el «90%» de los forasteros que entraron en Ceuta por la frontera del Tarajal regresara a Jovenlandia en los días siguientes a la avalancha del 30 de julio, pero teme que la solución final se enquiste más de lo previsto por culpa de los trámites legales. No sólo porque la expulsión de los forasteros es «muy compleja» y «tarda mucho tiempo», sino, también, porque los funcionarios «se están negando a firmar los expedientes por miedo a ser condenados por prevaricación» por las repatriaciones exprés, según revelan a EL MUNDO fuentes del Gobierno.

Eso ralentiza el proceso de manera inequívoca. Según ha sabido este diario, los primeros expedientes ordinarios de repatriación no acompañados se van a comenzar a enviar esta misma semana, un mes después del asalto a la frontera europea.

Serán en torno a 25 menores de edad, de los alrededor de 1.200 que siguen en Ceuta, según las fuentes consultadas. Es decir, poco más del 2% de ese total. Aunque el Gobierno espera arañar algunos más, hasta 35.

En el Ejecutivo reconocen que necesitan un enorme impulso para desbloquear el embudo burocrático que demora las devoluciones. Si la solución a la crisis de Ceuta llega por goteo, el peligro de que se agudice la tensión social se puede disparar. Y eso que en Moncloa siguen insistiendo en que Jovenlandia está dispuesto a que vuelvan a su territorio «absolutamente todos» los que protagonizaron el asalto.

En ese sentido, fuentes gubernamentales aseguran que se han expulsado a 200 forasteros mayores de edad por la vía extraordinaria. Es decir, por haber cometido delitos menores (los delitos graves se juzgan en España).

¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué recelan los funcionarios, tanto los gubernamentales como los locales, de agilizar los plazos al máximo para aplacar la tensión social de Ceuta? ¿Por qué se están atascando las expulsiones, si Jovenlandia acepta que vuelvan todos? Porque los funcionarios se niegan a acortar plazo alguno. Y así se lo han transmitido a las autoridades, tanto a las de Extranjería como los de la ciudad autónoma.

La clave de todo la tiene una sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz, que condenó en 2025 a nueve años de inhabilitación a la ex delegada del Gobierno en Ceuta Salvadora Mateos y a la ex vicepresidenta primera de la ciudad autónoma Mabel Deu por un delito de «prevaricación administrativa», tras la repatriación exprés de 55 menores a Jovenlandia en el año 2021.

«Ningún funcionario quiere agilizar los expedientes, por miedo a que lo condenen. Nadie quiere firmar un papel. Lo que ha provocado esa sentencia es esto, que nadie quiera responsabilizarse de nada, ni en la Administración General del Estado, por los adultos, ni los funcionarios de Ceuta, por los menores. La gente no se separa ni un milímetro [de la literalidad de la norma], va todo por el libro, y la ley es muy clara y muy garantista», explican a este diario fuentes gubernamentales

Al problema de la ralentización de los expedientes se le suma otro: la falta de garantías reales de que Jovenlandia los vaya a tramitar con celeridad. Y eso, en el caso de que no los ignore por completo, ya que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, reveló la semana pasada que el país vecino retiene nada menos que 600 expedientes de menores extranjeros no acompañados llegados a Ceuta antes del 30 de julio.

En el Gobierno reconocen el problema legal al que se enfrentan y su impotencia a la hora de acelerar los procesos: «Es difícil: todos los que entran y se quieren quedar, ahora piden asilo político. Eso complica el expediente. Hay que hacer entrevistas y otros trámites», recuerdan. «Somos muy garantistas. Los retrat de los expedientes son atribuibles a España y a la sentencia, no a Jovenlandia, que está recibiendo a todos», por ahora, aseguran las fuentes, que añaden: «Jovenlandia, en este episodio, está colaborando, y lo tiene que hacer más cuando tenga los expedientes con todas las garantías». «Es todo muy difícil», resoplan.
Te arreglo el titular:

EXPULSIONES PARALIZADAS PORQUE LA LEY ESTÁ HECHA PARA QUE TODOS SE QUEDEN
 
Si se actúa conforme a derecho no tienen por qué tener miedo a las acusaciones de prevaricación.

Ahora bien, con la inseguridad jurídica que caracteriza a España y como retuerce la ley este gobierno (e.g. la condena a Rubiales) no me extraña que no se moje nadie.

una vez dictada la orden de expulsión, después de un millón de informes, entrevistas con la trabajadora social, etc, que seguro que prescribe la ley, habrá un plazo para recurrir que, tranquilamente, pueden ser 15 días hábiles (por la ley de procedimiento administrativo como en todos los expedientes)

echa cuentas . . .
 
Vaya foro. No se van no por los funcionarios sino por el gobierno. El gobierno deja que se le eche la culpa a los funcionarios y vosotros echais gasolina al fuego y de paso protegeis a pedro por vuestros prejuicios fáciles de manipular y exacerbar.
Es muy fácil echar a esos invasores pero no se hace no porque no firme un funcionario. Pareceis nuevos.
 
Cuando el TC declaró inconstitucional el método de cálculo del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (vulgarmente conocido como plusvalía), el Gobierno tardó 13 días en "solucionarlo" para que se pudiese seguir cobrando.
Con la Ley de Extranjería no hay prisa.
 

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