El caso Maricarmen no es una anécdota: es la punta del iceberg de un modelo de vivienda diseñado para la extracción de rentas, no para garantizar el derecho a techo.
Los que se movilizan en las acampadas y en las protestas por la vivienda son un sector relativamente minoritario: jóvenes universitarios de entornos urbanos, cercanos al activismo, que sí padecen el problema, pero que no tienen fuerza suficiente para propiciar un cambio de ciclo dada la estructura social y propietaria de España.
En la España interior y norteña, la propiedad es la viga que sostiene la sociedad y está arraigada en una clase media que, con frecuencia, simpatiza con Vox. Allí la vivienda no es solo una renta: es el ahorro de generaciones, un contrato social, el sentido del esfuerzo de toda una vida. El desarrollismo franquista creó una base social afín y dinamitó cualquier movimiento popular con el "pisito". Y aquí seguimos: hereda o muere.
El 73% de los españoles son propietarios de su vivienda, pero el 61% del mercado del alquiler pertenece a multiarrendadores y personas jurídicas, que son los que realmente dominan el sector. Solo cuatro de cada diez viviendas en alquiler pertenecen al pequeño casero con una única vivienda alquilada.
Así que la excusa del pequeño propietario no es más que el valladar con el que la derecha blinda a los especuladores. Igual que cuando se rescató a la banca en la crisis de 2008 con el argumento de "proteger al pequeño ahorrador", lo que se protegía era a los grandes tenedores de activos tóxicos.
El "ataque a la clase media" es una inversión de la realidad
Hablar de "ataque a la clase media" es una contradicción evidente, habida cuenta de que es precisamente haber hecho de un bien básico una mercancía lo que impide el acceso de la población a esa clase media.
La comida y la bebida son bienes básicos, pero se pueden producir en serie. La construcción, por sus propias características, es limitada por el terreno: solo hay un Sol, un Lavapiés, un Villaverde Bajo o un Sacedón. Con lo cual el suelo urbano es estructuralmente especulativo. La solución desreguladora liberal es echarle fuego a promotores y al negocio turístico internacional, y convertir el suelo en una reserva de valor como el oro a costa de la población. Activo que encima se hereda, afianzando la desigualdad social.
La Constitución dice en su artículo 47 que los poderes públicos "regularán la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación" y que "la comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística". Es un mandato explícito. Pero es un principio rector, no un derecho subjetivo exigible. La propiedad privada (artículo 33) tiene protección reforzada. Cuando ambos entran en conflicto, el ordenamiento se inclina sistemáticamente hacia el propietario.
Por eso el caso Maricarmen es posible: una anciana de 87 años con discapacidad es desahuciada de la casa donde vivió 70 años por un fondo que compró el edificio a precio de saldo y se negó a cualquier negociación. La ley protege al fondo; la anciana solo tiene la calle.
La vivienda es hoy el principal teatro de la lucha de clases en España. No se trata de un problema de oferta y demanda, sino de quién controla el suelo, quién se apropia de las plusvalías y quién legisla para proteger a los grandes tenedores.
Mientras el 61% del alquiler esté en manos de multiarrendadores y fondos, mientras el artículo 47 siga siendo papel mojado y mientras la clase media propietaria siga identificando su patrimonio con el orden social, el cambio de ciclo será imposible. La solución no es liberalizar más suelo ni proteger al "pequeño casero", sino cambiar el sistema de raíz, para que el centro de la vida no consista en vivir atados al banco para pagar un montón de ladrillos que no valen lo que cuestan. Es construir un parque público de vivienda en alquiler permanente, expropiar o nacionalizar las carteras de los grandes tenedores y sacar el suelo del mercado especulativo.
Eso no es un ataque a la clase media. Es la única forma de que la clase media siga existiendo
