Inmobiliaria: El 15-M de vivienda fracasará por esto. La España inquilina vs la España propietaria

El pulso por la vivienda choca con un país donde el 73% ya tiene casa​

Una mujer de 87 años con discapacidad, conocida como Maricarmen, fue desahuciada de la casa en la que vivió 70 años. El edificio lo había comprado a precio de saldo un fondo que se negó a negociar. El caso se ha convertido en la cara visible del pulso entre la España inquilina y la España propietaria, pero los números pesan más que el titular: el 73% de los españoles es dueño de su vivienda y solo cuatro de cada diez pisos alquilados pertenecen al pequeño casero de una única vivienda. Con ese reparto, el movimiento que llena plazas no mueve el marco legal.

Quién controla el alquiler: el 61% no es el pequeño casero​

El dato que descoloca: el 61% del mercado del alquiler pertenece a multiarrendadores y personas jurídicas. El resto queda para el propietario de un solo piso. La etiqueta «multiarrendador» ha encendido la discusión —quien alquila dos viviendas ya entra en el saco, se replica—, aunque el 60,8% asignado a esos arrendadores múltiples se lee, en cualquier caso, como una concentración elevada. Puesta la etiqueta a un lado, la pregunta útil es otra: quién puede marcar el precio de la zona.

¿Cuánto pesan los grandes tenedores en el precio del alquiler?​

Con un 8% del parque no se controlan precios de nada, sostiene una parte del análisis. A escala local el cálculo cambia, según los datos que se esgrimen en el debate. En Barcelona, 3.155 propietarios concentran el 35% del alquiler y los grandes tenedores en su conjunto llegan al 45%, una foto que hay quien lee directamente como oligopolio. Frente a eso, la lectura contraria insiste en que cuatro de cada diez pisos alquilados en la ciudad son de caseros con una sola vivienda. Las dos cosas son verdad a la vez y de ahí el atasco.

La España propietaria: el «pisito» como contrato social​

Ahí está el muro de fondo. En buena parte del interior y del norte, la propiedad no es una renta: es el ahorro de generaciones, el sentido del esfuerzo de toda una vida, y una clase media que la defiende como defiende su identidad. El desarrollismo franquista ya usó el «pisito» para anclar esa base social, y el resultado sigue ahí: hereda o muere. Cualquier medida que roce ese patrimonio se lee como un ataque, aunque su letra pequeña apunte a otro sitio. No es casualidad que el primer decreto de alquiler cayera por el bloqueo de una fuerza que tiene votantes con pisos alquilados, autónomos y pymes.

Faltan viviendas: 50 millones de habitantes y 500.000 más al año​

El argumento que atraviesa media discusión es de libro: sin oferta y con demanda al alza, el precio sube y da igual quién sea el dueño. La demanda es brutal porque ya somos 50 millones de habitantes y la población crece en 500.000 al año. La oferta no acompaña tras décadas sin construir vivienda barata. La receta que se repite —liberar suelo, abaratar calidades, quitar impuestos a la primera vivienda— choca con otra evidencia: mientras no haya un parque público de alquiler, el suelo sigue siendo un activo especulativo por definición, porque solo hay un centro, un barrio y un solar.

El artículo 47 que no se aplica​

La Constitución manda en su artículo 47 que los poderes públicos regulen el suelo para impedir la especulación y que la comunidad participe en las plusvalías urbanísticas. Es un principio rector, no un derecho exigible. La propiedad privada del artículo 33 sí tiene protección reforzada, y cuando ambos chocan, el ordenamiento se inclina hacia el propietario. Por eso el desahucio de Maricarmen es posible y no una anomalía.

El análisis se atasca exactamente aquí: si la vivienda es un bien básico pero el suelo no se puede producir en serie, y si la mayoría del país tiene algo que perder en cada reforma, la salida no pasa por convencer a las plazas. Pasa por decidir quién paga.