Quisiera recordarles a los participantes de este hilo un precedente judicial argentino que merece ser conocido en España.
El 22 de febrero de 2012, un tren de pasajeros se estrelló contra los topes de la estación Once de Buenos Aires. Murieron 51 personas y otras 789 resultaron heridas.
Naturalmente, se investigó y condenó al maquinista. Pero la Justicia argentina no se detuvo allí.
La investigación ascendió por la estructura administrativa y alcanzó a los responsables de la política ferroviaria del Gobierno nacional.
Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, ambos exsecretarios de Transporte, fueron condenados penalmente. Y, todavía más importante, Julio De Vido, exministro de Planificación Federal, terminó condenado a cuatro años de prisión por administración fraudulenta, sentencia que quedó firme en 2025.
¿Por qué fue condenado un ministro que no conducía trenes, no manejaba señales ferroviarias y no estaba presente cuando ocurrió el accidente?
Porque la Justicia acreditó su participación en una administración fraudulenta relacionada con los recursos del sistema ferroviario, cuya fiscalización estaba bajo la órbita de su ministerio.
Conviene precisar que De Vido fue absuelto del delito de estrago culposo. Pero su posición jerárquica no le otorgó inmunidad frente a los delitos que sí pudieron demostrarse.
¿Qué enseñanza ofrece este precedente para el accidente de Urda, en Toledo?
Que la investigación penal no tiene por qué terminar en el controlador de Atocha que autorizó la circulación del AVE.
Es indispensable averiguar qué sabían sus superiores, qué protocolos regían ante una avería de señalización, qué advertencias previas existían y quién tenía la obligación de disponer las medidas de seguridad correspondientes.
Y, naturalmente, hasta dónde llegaban los deberes concretos de supervisión de los responsables políticos del sistema ferroviario.
No afirmo que Óscar Puente sea penalmente culpable. Eso exige pruebas, identificación de un deber jurídico incumplido y acreditación de la relación causal correspondiente.
Pero tampoco acepto que la condición de ministro constituya, por sí sola, una razón para excluirlo de una investigación.
Argentina ofrece un precedente perfectamente documentado: un maquinista, directivos empresariales, secretarios de Transporte y un ministro fueron sometidos a la Justicia, con condenas diferentes según sus respectivas conductas.
No se trata de condenar anticipadamente a nadie, sino de investigar sin establecer un techo jerárquico artificial.
Porque una cadena de responsabilidades no necesariamente termina en el último empleado que ejecutó una orden. También puede extenderse hacia quienes tenían obligaciones legales de dirección, vigilancia y control.
Y eso, señores, no es una consigna política. Es una cuestión de responsabilidad jurídica que merece ser examinada con todo rigor.
Accidente ferroviario de Once - Wikipedia, la enciclopedia libre
https://www.clarin.com/fotogalerias...es-choque-dejo-52-perecidos_5_QHyxiuK3Yd.html
www.elindependiente.com
www.elespanol.com