Sociedad: Las injustas solicitudes a familias de devolución del IMV (y con intereses) hace que, a estas, insolventes, se les embargue la casa o lo que tengan

El Ingreso Mínimo Vital, diseñado para proteger a los más necesitados, está generando una crisis para miles de familias que deben devolver cantidades cobradas, a menudo por errores de la propia administración, llegando incluso al embargo de sus viviendas.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) nació como un escudo social para amparar a las familias en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, la realidad para muchos perceptores se ha tornado en una pesadilla. La Seguridad Social, bajo la dirección de Elma Saiz, está reclamando la devolución de cantidades percibidas del IMV, en muchos casos por fallos administrativos propios. Estas deudas, que crecen con intereses de demora, están llevando a situaciones límite a miles de hogares españoles, con el riesgo de perder sus casas o sus escasos bienes.

Errores administrativos y deudas inesperadas

El problema se agrava porque muchas de estas reclamaciones se deben a errores en la tramitación o en la comunicación por parte de la propia Administración. Una mujer discapacitada en Córdoba, con un grado de discapacidad física y mental cercano al 50% y reconocida como vulnerable, se enfrenta a una deuda de 23.000 euros del IMV. Según su testimonio, el ingreso se le concedió sin haberlo solicitado y ahora no comprende las cartas que recibe ni cómo defenderse de una deuda que no entiende cómo se ha generado. Este caso, lejos de ser aislado, es uno de los miles que han llevado a la creación de una asociación de afectados que ya ha denunciado la situación ante instancias europeas.

La sombra del embargo

La falta de pago de estas deudas, a menudo imposibles de asumir para familias que dependen de esta ayuda, abre la puerta a los embargos. La Seguridad Social tiene potestad para reclamar estas cantidades, y si no se devuelven en los plazos y formas establecidos, los bienes de los perceptores pueden ser embargados. Esto significa que quienes más necesitan el apoyo del Estado se ven despojados de sus pertenencias, incluyendo, en los casos más extremos, sus viviendas. La situación se vuelve paradójica: una ayuda diseñada para evitar la exclusión social termina provocando una mayor vulnerabilidad.

Una solución a medias

Ante la creciente presión, el Gobierno ha admitido, en una contestación a una demanda que investiga Europa, que está preparando una norma para amnistiar las deudas del IMV a partir de 2024. Sin embargo, esta medida dejaría fuera a todos aquellos afectados por reclamaciones anteriores a ese año, es decir, las deudas generadas entre 2020 y 2024 seguirían abiertas. Esta solución parcial no aborda la raíz del problema ni ofrece un respiro a las miles de familias que ya están sufriendo las consecuencias de estos errores administrativos y las reclamaciones de deudas que no pueden afrontar. La Carta Social Europea, que garantiza la protección social, podría verse incumplida si no se encuentran fórmulas más integrales para resolver esta crisis.