1400 policías para proteger el congreso de los diputados

1.400 antidisturbios para un solo edificio​

El despliegue policial previsto para la investidura se queda en 1.400 efectivos, según las estimaciones que circulan en el debate. La cifra ha bastado para que las comparaciones se disparen: en Cataluña, el 1 de octubre se movilizaron 6.000 agentes, según se sostiene en el hilo. La aritmética es tosca, pero incómoda: cuatro agentes por diputado, según uno de los cálculos que circulan. Y una pregunta flotando en el aire: ¿para qué tanta prevención en un hemiciclo y tan poca en la calle?

El asunto tiene una derivada laboral que casi nadie pone encima de la mesa. Las unidades de intervención policial (UIP) no son un cuerpo infinito. Si se concentran en Madrid, se desguarnecen otras ciudades. Y si los agentes empiezan a pedir bajas —por convicción, por miedo o por simple cálculo—, el agujero se agranda, según se apunta en el debate. La protesta, en ese sentido, se libra en dos frentes: el del hormigón del Congreso y el de las plantillas menguantes.

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¿Cuántos policías hacen falta para proteger un Congreso?​

La cifra de 1.400 antidisturbios no es un dato oficial, sino una estimación que ha ido rebotando de terminal en terminal. En términos absolutos, parece mucho: más de un millar de agentes con casco, escudo y porra para custodiar un edificio. En términos relativos, es una broma, según quienes usan la comparación. Si se compara con el despliegue del 1-O en Cataluña —6.000 agentes, según se sostiene en el hilo—, la conclusión que extraen es que para defender España se necesitaron más del cuádruple de efectivos que para defender una sede parlamentaria.

Hay quien sostiene que la comparación es tramposa, porque el 1-O fue una operación de orden público a gran escala, con colegios electorales repartidos por toda una comunidad. Cierto. Pero el argumento se vuelve en contra, según algunos: si la investidura va a concentrar a los mismos grupos que ya han protagonizado protestas ante sedes socialistas, ¿por qué el despliegue es menor? La respuesta que se da en voz baja es que no se espera una insurrección, sino una foto. Y las fotos no necesitan 6.000 hombres.

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El coste oculto: las bajas policiales​

La conversación deriva pronto hacia el eslabón más débil: el agente de a pie. En muchas plantillas, el porcentaje de bajas laborales oscila entre el 10% y el 15%, según los datos que se manejan en el debate. Aplicado a un cuerpo ya de por sí tensionado, el resultado es un rompecabezas logístico. No se trata solo de cuántos policías hay, sino de cuántos están disponibles para actuar.

La hipótesis que gana peso, según algunos participantes, es que una parte de esas bajas no responde a dolencias físicas, sino a un cálculo racional: quien no quiere enfrentarse a sus vecinos, se coge la baja. Quien no quiere perder el sueldo, también. En un mercado laboral precarizado, el puesto de funcionario es un refugio demasiado valioso como para arriesgarlo por una orden controvertida, sostienen. El resultado, según esta visión, es un cuerpo que obedece, pero cada vez con más grietas.

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Madrid se blinda, España se desguarnece​

El despliegue no es gratuito en términos de seguridad ciudadana, según se advierte en el debate. Las UIP y las UPR —las furgonetas blanquiazules que se ven cada vez más por Madrid— no solo hacen control de masas. Cuando no hay disturbios, cubren funciones de seguridad ciudadana, según se apunta. Si se concentran en el Congreso, dejan de patrullar barrios. Y en barrios como Usera, Carabanchel, Villaverde o Vallecas, la ausencia se notaría, según un participante.

La pregunta que sobrevuela es si ese vacío lo llenará alguien. La respuesta, por lo que se comenta, es que no. La seguridad es un bien finito: si se concentra en un punto, se diluye en el resto, según esta opinión. Y el resto es donde vive la gente que no va a manifestarse.

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La protesta como termómetro económico​

Más allá del ruido, hay un trasfondo económico que explica por qué este debate cuaja, según algunos. La precariedad laboral, el precio de la vivienda, la sanidad pública desmantelada: son los temas que deberían movilizar a la gente, sostienen. Sin embargo, la convocatoria gira en torno a la investidura. La conclusión que sacan algunos es que el malestar social se canaliza mejor por la vía identitaria que por la vía económica.

No es una novedad. Las crisis económicas suelen encontrar salida en disputas territoriales o simbólicas. Lo que llama la atención es la intensidad. En un país con un mercado laboral quebrado, la prioridad parece ser quién ocupa el escaño, no quién paga la factura.

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La investidura se celebrará con más policías que diputados en la sala. Si el despliegue es suficiente o no, es algo que solo se sabrá cuando termine. Lo que ya se sabe es que la aritmética no cuadra: cuatro agentes por escaño, un tercio de los efectivos del 1-O y una plantilla que se descuenta sola. ¿Alguien cree que con eso se defiende algo?