3.521 señalados por el #metoo anónimo de fallarás: 14 meses de denuncias y un libro sin proceso de verificación

Fallarás publica 3.251 testimonios anónimos sin verificar​

¿Qué pasa cuando una lista de 3.251 nombres —o, mejor dicho, de 3.251 descripciones más o menos identificables— se convierte en material de libro sin que nadie compruebe un solo caso? Cristina Fallarás publica el 11 de noviembre No publiques mi nombre. Testimonios contra la violencia sexual, 360 páginas y 23,90 euros, con los testimonios anónimos recibidos en su cuenta de Instagram durante 14 meses. La coincidencia con la dimisión de Íñigo Errejón como portavoz de Sumar en el Congreso ha disparado la polémica. La autora lo atribuye al azar: el libro, dice, se cerró hace tres meses.

El problema no es el libro. El problema es el método. Un buzón de Instagram, sin verificación, sin contradicción, sin identificar a ninguna de las partes. Los testimonios llegan tal cual, sin orden temático, porque —argumenta Fallarás— leer cinco abusos seguidos genera tolerancia. El resultado es una memoria colectiva del daño que, en la práctica, funciona como una lista de sospechosos sin juez, sin abogado y sin derecho a réplica.

Qué contiene el libro y cómo se ha elaborado​

El volumen recoge denuncias anónimas de violencia sexual enviadas por mujeres a la cuenta de Fallarás, abierta tras el beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso. Incluye un estudio de la socióloga Nerea Barjola sobre el fenómeno #SeAcabó. Los derechos de autoría, que la autora califica de «pocos», se gestionan a través de la Asociación Acción Comadres, colectivo del que forman parte, entre otras, la propia Fallarás, Vicky Rosell, María Botto o Amparo Sánchez.

Fallarás insiste en que los meses de trabajo son «no remunerados» y pertenecen al activismo. Niega haber recibido subvención alguna: «Jamás hemos recibido una subvención ni de 100.000 ni de 0 euros de ninguna institución». El dossier incluye una reseña de Irene Montero, eurodiputada y exministra de Igualdad. La fecha de salida, el 11 de noviembre, se eligió por su cercanía al 25-N.

El problema de fondo: señalar sin verificar​

Aquí está el núcleo del asunto. Los testimonios no se comprueban. No se identifica a los señalados. No hay proceso de verificación. Y sin embargo, las descripciones —«un militante sindical, anarquista y camarero», «un ex presidente y ex alcalde de Madrid», «director creativo de Ogilvy», «ex director de marketing en Warner Bros», «un futbolista del Real Madrid»— son lo bastante específicas como para que cualquier lector con contexto pueda poner cara y nombre.

Hay quien sostiene que esto equivale a una condena sin juicio. El argumento contrario, el que defiende la autora, es que se trata de dar voz a víctimas que no encuentran cauce institucional. Las dos cosas pueden ser verdad a la vez. Lo que no puede ser es que la única prueba sea un testimonio anónimo publicado en un libro de 23,90 euros.

Del caso Errejón a la lista de 3.251​

La dimisión de Íñigo Errejón como portavoz de Sumar en el Congreso, precipitada por las denuncias anónimas difundidas en esa misma cuenta, ha funcionado como catalizador. Fallarás sostiene que la coincidencia es «pura coincidencia» y que un libro «es algo lo suficientemente complejo de hacer, editar y difundir» como para no amoldarlo a la actualidad. La cronología, sin embargo, invita a dudar: el anuncio de la preventa llegó justo después del caso Errejón.

El efecto dominó ha sido inmediato. Lo que empezó como un mecanismo para visibilizar la violencia sexual ha derivado en una lista abierta de señalados que crece cada día. Y ahí surge la pregunta incómoda: ¿cuántos de esos 3.251 son agresores y cuántos son hombres que tuvieron un encuentro sexual que la otra parte, con el tiempo, reinterpretó?

Las críticas: presunción de inocencia y efecto inquisitorial​

Una parte del análisis sostiene que esto es una inquisición 4.0: acusar sin pruebas, señalar sin juicio, condenar sin defensa. Se argumenta que el sistema judicial existe precisamente para verificar hechos, y que sustituirlo por un buzón de Instagram es un retroceso civilizatorio, no un avance feminista. La comparación con la Alemania nazi que hace algún mensaje es excesiva y no se sostiene, pero apunta a un miedo real: la mecánica del chivato anónimo siempre acaba mal.

Otra corriente, más matizada, señala el problema del arrepentimiento. Si una mujer mantiene una relación consentida y tres años después la reinterpreta como abuso, ¿dónde queda el consentimiento? ¿Y la presunción de inocencia del señalado? El derecho penal exige algo más que una sensación retrospectiva.

El negocio editorial y el activismo​

Hay un aspecto económico que conviene mirar sin aspavientos. Un libro de 360 páginas a 23,90 euros, con preventa, reseña de una exministra y promoción gratuita en medios y redes. Los derechos van a una asociación. Fallarás insiste en que el libro «nunca da dinero». Puede ser. Pero el modelo —buzón anónimo, libro, asociación, subvención negada— tiene una estructura que merece al menos un análisis frío.

El debate de fondo no es si la violencia sexual existe. Existe. El debate es si la respuesta correcta es un listado anónimo sin verificación o un sistema judicial que, con todas sus taras, exige pruebas. La respuesta, por mucho que incomode, no es obvia.