El caso Errejón se enreda: la denuncia ya no es de quien la firmaba
La salida de Iñigo Errejón de la política no ha cerrado nada. La ha reabierto con más ruido. A la renuncia, comunicada mediante una carta en la que reconoce estar tratándose psicológicamente por un problema vinculado a su sexualidad, se ha sumado la difusión de mensajes de tono sexual atribuidos a su teléfono. Nada de eso ha pasado por un tribunal. Y sobre el conjunto planea un giro que resume el desconcierto: el testimonio que originó el escándalo no sería de quien lo publicó, sino de una
amiga suya.
La carta de renuncia y los mensajes atribuidos a su teléfono
El político anuncia su abandono de la primera línea y, según la versión difundida de esa carta, admite un problema con su sexualidad y un tratamiento psicológico en curso. En paralelo circulan conversaciones atribuidas a su teléfono, publicadas por entregas —la segunda bajo el epígrafe «Parte 2»— en las que se dirigiría a una persona con un tono de desprecio y de imposición. Insultos y órdenes, siempre según esas capturas. Es ese material, y no una sentencia, lo que ha convertido un asunto privado en un problema político de primer orden.
Conviene fijar el terreno: son mensajes filtrados, atribuidos, sin validación judicial. Cuando el material no está autentificado, lo único verificable es el efecto. Y el efecto es que
una figura que hizo del discurso de género su marca electoral aparece retratada en un registro que no tiene nada que ver con el que proyectaba en los platós.
El testimonio anónimo que ahora se atribuye a una tercera persona
El relato que desencadenó las acusaciones llegó por la vía de los testimonios anónimos que canaliza la periodista Cristina Fallarás, un mecanismo concebido para que quien denuncia no tenga que dar la cara. La autoría de ese mecanismo es lo que se discute ahora. Circula la versión de que el texto no era de ella, sino de una amiga, y con eso aparece la fórmula que todo el mundo reconoce:
no lo hago por mí, sino por mi amiga.
¿Se debilita la denuncia por eso? No necesariamente. Un relato puede ser cierto y llegar por vía indirecta. Pero la sospecha ya trabaja sola: si la autoría se desplaza, la verificación se complica y el relato pierde el anclaje de una voz concreta que lo sostenga. La discusión, de hecho, ha derivado menos hacia el contenido del testimonio que hacia quién lo firma, cuándo lo publica y con qué intención.
¿Por qué se extiende la tesis de la cortina de humo?
Porque la coincidencia temporal siempre es sospechosa en política. Hay quien sostiene que el caso sirve para desviar la atención de otros frentes abiertos en el Gobierno y en su entorno, hasta el punto de resumirlo como «un apaño de Pedro para desviar el tema». Es una hipótesis, no un dato, y funciona en las dos direcciones: también puede leerse como el deseo de que un problema incómodo desaparezca por saturación.
Lo que sí es un hecho es la incomodidad del momento. El asunto salpica a un espacio político que compite por el mismo electorado y que ya venía de rencillas internas entre formaciones hermanas, con nombres propios y diputadas señaladas por su papel en las crisis del grupo. Nada une más a un partido que un cadáver en el armario del vecino.
El doble rasero que se reprocha al discurso feminista
El reproche más repetido no apunta al comportamiento privado, sino a la distancia entre lo que se predica y lo que se practica. El argumento esgrimido es que quien construye buena parte de su capital político sobre la denuncia de la desigualdad no puede luego aparecer retratado en un registro de desprecio hacia la persona con la que se acuesta.
La réplica es igual de contundente: lo que ocurre dentro de una relación es cosa de dos, y convertirlo en un instrumento de ajuste de cuentas abre una puerta que nadie controla. Ambas corrientes conviven sin resolver el fondo: dónde acaba la exigencia pública de coherencia y dónde empieza el derecho a una vida privada que nadie vota en las urnas.
La «erótica del poder» y el desgaste del relato
Existe una explicación más incómoda y más vieja que el caso: la
erótica del poder. La proximidad al mando, al foco y a la influencia funciona como reclamo por sí misma, y con eso de por medio se toleran cosas que fuera de ese círculo se cortan en seco. La teoría encaja con lo observado, aunque deja un hueco incómodo: no explica por qué unos cargan con las consecuencias y otros con la misma conducta siguen donde estaban.
La comparación más ácida que se hace es la del olvido. Si el caso no llega a los tribunales ni produce una consecuencia tangible, la hipótesis más probable es que dentro de un año la conversación pública esté en otra cosa y el protagonista haya recolocado su carrera en algún despacho de confianza. La política española tiene una memoria prodigiosa para los agravios ajenos y una amnesia selectiva para los propios.
Si el asunto se queda donde está —capturas atribuidas, autorías discutidas, ninguna resolución judicial—, la predicción más razonable es el desgaste lento: ruido mucho tiempo, consecuencias escasas. Con la salvedad de siempre: basta un dato nuevo, una autentificación o una segunda voz, para que el cálculo cambie por completo. Y de momento el dato no llega.