A la cárcel por tener tortugas mientras decenas de miles de criminales y traficantes de cocaína campan a sus anchas

Juzgado en Ourense por criar tortugas en peligro de extinción​

Un vecino de Cartelle, en Ourense, de 54 años, se sienta en el banquillo por un delito contra la fauna. La Fiscalía pide dos años de cárcel. Su delito: tener un criadero de tortugas, algunas de especies protegidas, sin la documentación legal exigida. La Guardia Civil le incautó 17 ejemplares. El hombre había bautizado a sus animales con nombres como Patriarca, Ra, Zeus, Patras, Abuela, Thor o Loco. Convivía con ellos desde hacía tiempo. La noticia, publicada por La Voz de Galicia el 8 de septiembre de 2024, ha reavivado una discusión recurrente: ¿por qué la maquinaria judicial se ceba con asuntos menores mientras los grandes delitos campan a sus anchas?

El caso de las tortugas de Cartelle: criar animales protegidos sin papeles​

El hombre, vecino de Cartelle, había montado un criadero clandestino. Tenía varias tortugas, algunas en peligro de extinción, sin la documentación que exige la normativa CITES. La Fiscalía sostiene que incurrió en un delito contra la fauna. La pena solicitada: dos años de prisión. La Guardia Civil, a través del Seprona, incautó 17 ejemplares. No consta que los animales estuvieran en malas condiciones; de hecho, el hombre los había criado él mismo. La discusión pública no se centra en si cumplía o no la ley, sino en la proporcionalidad de la respuesta penal. Mientras se persigue a un criador particular, los grandes traficantes de especies protegidas rara vez se enfrentan a condenas ejemplares.

La crítica a la priorización de delitos: tortugas sí, narcos no

La indignación que recorre el debate tiene un argumento central: los tribunales y las fuerzas de seguridad dedican recursos desproporcionados a asuntos menores mientras los delitos graves quedan impunes. Se menciona que las incautaciones de animales a criadores particulares suelen acabar con la muerte de muchos ejemplares en centros oficiales. Un caso citado: en Llucmajor, una pareja alemana fue acusada de comercialización ilegal de especies protegidas; se les incautaron más de mil tortugas. La Guardia Civil devolvió después veinte, las que no eran especies protegidas. Los dueños denunciaron que buena parte de las tortugas murieron por falta de cuidados especializados. Otro caso: en Vigo, de 48 aves incautadas por el Seprona, nueve murieron antes de que un juez ordenara su devolución. Los criadores pidieron depurar responsabilidades. La conclusión que se extrae: el sistema protege a los animales sobre el papel, pero su gestión los mata.

¿Es delito criar animales en peligro de extinción?​

Sí, si no se cuenta con la documentación que exige el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES). La normativa española castiga la tenencia, cría o comercio de especies protegidas sin la acreditación correspondiente. El caso de Cartelle encaja en ese supuesto: el hombre criaba tortugas, algunas de especies incluidas en el CITES, sin los permisos. Ahora bien, la discusión pública plantea una paradoja: si la cría en cautividad ayuda a preservar la especie, ¿por qué se persigue al criador en lugar de integrarlo en un programa oficial? Hay quien sostiene que la administración debería autorizar y subvencionar estos criaderos en vez de destruirlos. La ley, sin embargo, es clara en cuanto a la documentación, y su incumplimiento puede acarrear penas de prisión.

La burocracia del CITES: más papeles para un loro que para un inmigrante

La tramitación para legalizar la tenencia de animales protegidos es un laberinto. Quien tiene un loro nacido en cautividad, con microchip y anilla, se enfrenta a una montaña de documentación. Se argumenta que un solo ejemplar puede requerir más papeleo que el que se exige a personas en situación irregular. La comparación es exagerada, pero refleja una percepción extendida: la administración trata con lupa al ciudadano medio mientras es incapaz de controlar fenómenos migratorios o delictivos de mayor escala. El resultado es una sensación de agravio entre los aficionados a la cría de animales, que ven cómo su afición se convierte en un riesgo legal.

El colapso judicial y la sensación de impunidad para los grandes delitos​

La saturación de los juzgados es un hecho. Casos como el de las tortugas de Cartelle ocupan tiempo y recursos que podrían destinarse a investigaciones más complejas. Se cita un ejemplo: instrucciones de más de diez años a narcos, mafiosos y políticos que prescriben o se anulan por defectos procesales. La percepción de que la justicia es lenta para lo grave y rápida para lo leve alimenta la desconfianza. No es un fenómeno nuevo, pero la acumulación de casos anecdóticos —tortugas, aves, loros— lo hace más visible. La pregunta que sobrevuela es si el sistema está diseñado para perseguir al ciudadano cumplidor o para protegerlo.

El miedo a denunciar y la criminalización del ciudadano medio

Hay quien sostiene que el objetivo real de estas actuaciones no es proteger la fauna, sino generar miedo y controlar a la población. Se describe un episodio: agentes que se presentan en un domicilio particular para verificar si los perros tienen microchip, con actitud amenazante, mientras en otros barrios la delincuencia común campa a sus anchas. La anécdota, real o exagerada, ilustra una queja recurrente: la ley se aplica con rigor extremo al que tiene algo que perder y con laxitud al que no teme consecuencias. La desconfianza hacia las instituciones crece, y con ella la sensación de que el Estado protege más a las tortugas que a los ciudadanos.

El caso de Cartelle sigue su curso judicial. La Fiscalía mantiene la petición de dos años de cárcel. Mientras tanto, las tortugas incautadas esperan en algún centro oficial. Si la experiencia de otros casos sirve de algo, no todas sobrevivirán. El hombre que las crió, que las bautizó con nombres como Patriarca o Zeus, quizá sea condenado. Los grandes traficantes de especies protegidas, los narcotraficantes y los corruptos que mencionan los periódicos seguirán, en su mayoría, sin pisar la cárcel. La justicia tiene prioridades. Y no siempre son las que la calle entiende.